La petición de Sergio Hernández

El pasado 7 de agosto, los diputados que integraban la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, en la anterior Legislatura del Estado, bloquearon el acceso a la sede del Congreso local.

Los de Morena protestaron ante la información que circuló en el sentido de que la mayoría panista pretendía sacar el tema de la designación de doce magistrados del Poder Judicial del Estado.

Hace más de cuatro meses, en torno a dicho asunto, se manejaban versiones sobre un presunto intento de ejecutivo veracruzano por nombrar magistrados a modo.

Los legisladores de Morena, en ese entonces encabezados por el actual titular de la SEV, Zenyazen Escobar, argumentaron que los dictámenes no circularon en las 48 horas previas, por lo que temían lo que consideraban un albazo legislativo, sobre todo porque existía el antecedente del nombramiento, a mediados de julio, de Marcos Even Torres Zamudio como fiscal anticorrupción en una atropellada sesión que llegó, incluso, a ser motivo de denuncias.

Todo eso ocurrió el 7 de agosto. Un segundo bloqueo ocurrió cuando estaba a punto de concluir la pasada legislatura del Estado: el 30 de octubre, los diputados de Morena volvieron a encadenar los accesos al recinto legislativo veracruzano debido a que se sospechaba que los panistas, coordinados por el diputado Sergio Hernández, aprobarían de última hora los dictámenes que tenían que ver con la entrega de bienes a municipios cuyos alcaldes son considerados incondicionales del entonces gobernador saliente, Miguel Ángel Yunes, y con la creación del municipio de Tres Zapotes para favorecer a la legisladora perredista Yazmín Copete, también aliada de Yunes.

Pues bien, cuatro meses y medio después del primer bloqueo a la sede del Poder Legislativo acudió al Congreso el diputado Sergio Hernández para pedir juicio político contra quienes cometieron los hechos narrados, entre quienes se encuentran tres secretarios de despacho en el actual gobierno estatal: Zenyazen Escobar García, de la SEV; Guadalupe Osorno Maldonado, de Protección Civil; y María del Rocío Pérez, de Medio Ambiente.

Sergio Hernández sigue siendo de diputado, dado que logró colarse una vez más en la lista de los plurinominales de su partido; sin embargo, ya no preside la Junta de Coordinación Política y, por consiguiente, su peso y nivel de influencia ha disminuido de forma significativa.

Sabe, por supuesto, que el éxito de su denuncia es nulo, debido a que Morena tiene una aplastante mayoría en la Legislatura del Estado.

Es mucho más probable que Morena saque a Jorge Winckler de la Fiscalía General del Estado; o a Marcos Even Torres de la Fiscalía anticorrupción; o que decidan proceder contra los diputados que integraron la Comisión de Vigilancia de la anterior legislatura por aprobar y modificar la cuenta pública 2017 con la presunta intención de limpiar las observaciones, que prospere un juicio político contra Zenyazen, Osorno y Rocío Pérez.

En la historia del Poder Legislativo en México hay muchas tomas de tribuna o de las sedes de los congresos, y no existe un solo antecedente de castigo o juicio político contra sus orquestadores, de tal manera que a la solicitud de Sergio Hernández no le espera más que el bote de la basura.

Quienes sí deberían preocuparse son los ex diputados que metieron mano a los resultados de la cuenta pública 2017, porque este caso será reabierto a petición del Sistema Estatal Anticorrupción; es un asunto que se podría convertir en una enorme cloaca del anterior gobierno estatal y de varios ayuntamientos veracruzanos. @luisromero85