La cloaca de la SEV

Las auditorías a la pasada administración revelan poco a poco más irregularidades en la Secretaría de Educación de Veracruz durante la pasada administración estatal; prácticamente no hay semana sin noticias sobre aviadores y presuntos desvíos.

El tema de los aviadores protegidos por el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz es sólo un ejemplo; sin embargo no es el único: se habla también de presuntos desvíos en la Dirección de Espacios Educativos, de plazas irregulares en la propia SEV y ahora hasta en las tiendas escolares.

De acuerdo con información filtrada la semana pasada, el ORFIS detectó en la revisión a la cuenta pública 2017 que al menos 11 millones de pesos se generaron en esas tiendas; el problema es que no se sabe en qué se gastó y dónde fue a parar ese dinero.

El tema fue abordado previamente por el actual titular de la SEV, Zenyazen Escobar, quien anunció la suspensión de las convocatorias de Servicio de Venta de Alimentos y Bebidas en Planteles Educativos en los niveles Básico y Medio Superior.

En 10 de junio pasado, el ex diputado apuntó también que se investigaba el destino de poco más de 109 millones 400 mil pesos; y que no era transparente el uso de los recursos generados en mil 937 tiendas escolares, de las dos mil 796 existentes en Veracruz.

La diferencia en las cifras manejadas por el ORFIS y la SEV radica en que el órgano auditor sólo se refiere a la cuenta pública 2017, en tanto que la dependencia del gabinete estatal hace alusión a todas las irregularidades detectadas, durante los dos años del gobierno de Yunes Linares, de diciembre de 2016 a noviembre de 2018.

El tema de las tiendas escolares llegó al Congreso de Veracruz, donde se aprobaron de forma reciente las reformas al Código Financiero del Estado, a efecto de que la SEV asuma el control de los ingresos y se garantice que el 70 por ciento de los mismos se aplique en el mantenimiento de las escuelas veracruzanas; 20 por ciento será usado para supervisión educativa y gestión docente; y el 10 por ciento restante, en lo que determine la autoridad educativa local.

De esa manera, se intentó desde el Congreso local frenar la discrecionalidad en el manejo de los recursos generados por las tiendas de las escuelas, que el titular de la SEV estima en cerca de 110 millones de pesos.

El pendiente, en estos momentos, tiene que ver con la actuación contra los responsables de ese manejo opaco; porque está bien corregir el rumbo y procurar la transparencia; sin embargo, el señalamiento público, en los casos de las tiendas escolares, los aviadores del Cobaev y las plazas irregulares en la Secretaría, debe convertirse ahora en denuncia ante la Fiscalía, para castigar a los responsables y reparar el daño al erario público.

En pocas palabras, la acusación mediática es útil para que la población se entere de las irregularidades y los excesos en que habría incurrido la pasada administración; sin embargo, sería aún más importante y deseable que las declaraciones se conviertan en denuncias, aunque éstas terminen en un archivero de la fiscalía, órgano que habría convertido la simulación en el sello de la casa.

Para la reflexión queda la enorme lista de presuntas irregularidades detectadas al gobierno de Yunes en áreas como seguridad y educación; Y eso que esa administración sólo duró dos años; si hubieran sido seis, en un descuido supera a Duarte. @luisromero85