Crímenes contra políticos, historias de impunidad

Este sábado al mediodía, el diputado local Juan Carlos Molina Palacios fue asesinado cuando llegaba a su rancho en el municipio de Medellín de Bravo.

Los reportes de prensa consignan el hallazgo en el lugar de 22 casquillos percutidos por armas cortas, calibres .45 y 9 milímetros.

Juan Carlos Molina no sólo era diputado en el Congreso local De Veracruz, donde presidía la Comisión de Comunicaciones, sino dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado, el sector campesino del PRI; y dirigente cañero en la zona de abasto del ingenio La Gloria.

Tras el hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz dio a conocer que de inmediato iniciaría un operativo de búsqueda, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales, para dar con quienes cometieron el crimen. No hubo éxito.

Unas horas más tarde, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García, emitió un mensaje en el que enfatizó básicamente dos puntos: que se daría con los responsables y se impediría, por tanto, que prevaleciera la impunidad; y que no se descartaría ninguna línea de investigación.

El caso nos remite a otros hechos similares, asesinatos contra legisladores veracruzanos; probablemente los más sonados han sido los registrados en 1984 y 2003, Roque Spinozo y José María Guillén, respectivamente.

Durante la madrugada del 25 de noviembre de 1984, cuando corría el cuarto año del sexenio de Agustín Acosta Lagunes, fue asesinado Roque Spinoso Foglia, diputado federal y dirigente de los productores de caña de azúcar.

Fue un caso escandaloso, no sólo por la importancia política de la víctima, sino por el uso de armas de alto calibre, rifles de asalto que terminaron con la vida del legislador. Versiones de la época hablan de 95 impactos en el auto en que se transportaba el diputado asesinado.

Los hechos ocurrieron cerca del rancho El Relicario, propiedad de Spinozo Foglia.

Probablemente ese sea el caso más parecido al de Juan Carlos Molina, dado que ambas víctimas eran legisladores y dirigentes cañeros, además de que en los dos hechos se utilizaron armas de grueso calibre.

Casi 30 años después, en la madrugada del martes 7 de enero de 2003, durante el gobierno de Miguel Alemán, fue ejecutado José María Guillén Torres, diputado federal por el distrito de Cosoleacaque y ex alcalde del municipio de Chinameca.

4 impactos de bala de alto calibre; uno en el rostro, otro a la altura del corazón y dos en las piernas, terminaron con la vida de Chema Guillén. En el hecho, el hermano del diputado, Rafael Guillén Torres, también fue victimado.

Como legislador, el veracruzano pertenecía a las comisiones de Asuntos Indígenas y Medio Ambiente y Recursos Naturales; y era muy conocido por su activismo en la zona sur de la entidad.

De forma más o menos reciente, otros políticos, líderes regionales en Veracruz, han sido ultimados:

El 20 de noviembre de 2017, Santana Cruz Bahena, presidente municipal electo de Hidalgotitlán, del Partido Nueva Alianza; fue asesinado cuando se encontraba en su domicilio.

El 25 de noviembre de 2017, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, alcalde priista de Ixhuatlán de Madero, fue emboscado y asesinado a balazos.

Víctor Molina Dorantes, del PRD, ex alcalde de Colipa, fue victimado de un disparo de arma de fuego en el cráneo, el 10 de enero de 2018

Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, fue asesinada a balazos el 24 de abril de 2019, ya durante el actual gobierno de Veracruz, en la carretera Zongolica - Orizaba

Rogelio Ayala Palomino, ex alcalde de Yecuatla, del desaparecido PRV, fue víctima de homicidio por la madrugada del domingo 21 de julio. Había sido secuestrado.

El común denominador la mayoría de esos casos ha sido la impunidad. Los autores de esos crímenes no fueron capturados. Ojalá, en el caso de Molina Palacios no ocurra lo mismo. @luisromero85