“Siembran en el pizarrón, cosechan en el escritorio”

Los años y las décadas pasan y los problemas del campo siguen prácticamente igual; bajos precios, intermediarios, ausencia de apoyos, falta de financiamiento o créditos a tasas preferenciales, además de plagas y enfermedades, así como una larga cadena de dificultades que enfrentan quienes se dedican a la noble actividad de la producción de alimentos.

En 2014, durante el gobierno de Peña Nieto, se discutió hasta el cansancio el tema de la reforma al campo. Se habló de la necesidad de simplificar leyes y reglamentos para ordenar el desarrollo, de eliminar los excesivos trámites burocráticos, de impulsar la productividad y de crear agroparques.

En la Cámara de Diputados se planteó un programa nacional de extensionismo rural para que cada ejido contara con un técnico agropecuario: 3 mil extensionistas para que cada uno preste servicio a 10 ejidos, con cargo al erario.

De igual manera, se analizó el tema de los mercados, balancear la oferta con la demanda e implementar una política de precios justos para el sector. Entre las propuestas que se discutieron se encuentra la creación de una reserva o banco nacional de alimentos, para adquirir productos cuando exista sobreoferta y ponerlos a la venta en tiempos de escasez.

Entre la larga lista de temas puestos sobre la mesa se incluyó el del financiamiento y esquemas de aseguramiento, a efecto de eliminar la participación de la banca comercial.

Cinco años después, las cosas siguen exactamente igual; los mismos problemas y mayor nivel de empobrecimiento en el campo.

Hace unos diez años, el ingeniero Ángel Lira, productor citrícola y empresario que trabaja desde hace décadas en Veracruz, explicaba a la perfección el tema de las políticas públicas enfocadas al agro: el problema es que en el gobierno, diputados y funcionarios de las instancias del sector, “siembran en el pizarrón y cosechan en el escritorio”. En pocas palabras, existe una evidente distancia entre los diagnósticos y los anuncios oficiales y la realidad que enfrentan cientos de miles de familias que se dedican al campo.

En 1973, Oscar Brauer, un ingeniero agrónomo de mucho prestigio, fue nombrado secretario de Agricultura por el entonces presidente Luis Echeverría; han pasado 46 años e invariablemente cada titular de esa oficina ha presentado su diagnóstico del campo, así como su programa de trabajo. ¿El resultado?: prácticamente ninguno; las cosas siguen igual, los problemas se acumulan, los productores siguen pobres, y el sector se mantiene no gracias, sino en ocasiones a pesar del gobierno.

El campo es, en síntesis, un sector prácticamente acostumbrado a la ineficiencia gubernamental; y este año recibirá otra mala noticia con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para 2020, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ejercerá un presupuesto de 46 mil 253 millones de pesos, muy inferior a los recursos que tuvo durante 2019, 65 mil 434 millones.

Entre los programas castigados, cuyo presupuesto bajará de forma importante, se encuentran el de Concurrencia y Actividades Productivas; el de Competitividad Agroalimentaria; el de Fomento Ganadero; y el de Sanidad e Inocuidad. Además, quedarán sin presupuesto; es decir, se eliminarán los programas de agromercados sociales y sustentables; de capitalización productiva agrícola; de concurrencia con las entidades; de fomento ganadero; de adquisición de leche a productores nacionales; y de paquetes productivos, pesqueros y acuícolas.

Esa reducción, que se ubica cerca de los 20 mil millones de pesos, podría tener un efecto indeseable para un sector que ha sido abandonado por décadas. @luisromero85