* SSP: SIGUEN LOS ABUSOS

El primer escándalo policiaco que marcó a la administración del gobernador Cuitláhuac García fue el caso de los nativos de Santa Rosa, con ciudadanía estadounidense, que en diciembre de 2018 vinieron a pasar las fiestas de fin de año a esta congregación del municipio de Actopan.

Como se recordará, un grupo de la Fuerza Civil, bajo el mando del comandante Salvador de la Cruz Gabriel, allanó la casa de la familia Rosado Zarate, siete de cuyos miembros son residentes del estado de California. Además de propinarles una golpiza, les robaron dos mil dólares, algunas joyas, teléfonos celulares, ropa, tres televisores, el estéreo que tenían encendido y hasta la cerveza que estaban tomando.

¿Hubo consecuencias penales? No, a pesar de que el fiscal en ese entonces era todavía el yunista Jorge Winckler. El abogado de los policías abusivos fue Tomás Mundo Arriasa, uno de los 21 aspirantes a Fiscal General del Estado para el periodo 2020-2029.

Esta impunidad es la que sigue alentando más abusos por parte de quienes están encargados de la seguridad pública de los veracruzanos.

Actualmente circula en redes sociales un video producido por el diario cuenqueño “El Piñero” que denuncia presuntos excesos de la Fuerza Civil y de la Guardia Nacional en el municipio de José Azueta, concretamente en Cujuliapan, su congregación más grande que no rebasa los 850 habitantes y que según datos del Coneval sólo el 31.47 por ciento de su población mayor de 12 años está ocupada laboralmente.

Los pobladores entrevistados no saben a quién temen más: si a los supuestos guardianes del orden o a los criminales, pues en marzo de 2020, a cuatro kilómetros de Cujuliapan, dicen que fue descubierto en el rancho Monte Rico un campamento de un grupo de la delincuencia organizada, donde había dos leones, cinco venados, una avestruz, un pavo real y un estanque con tortugas y cocodrilos, además de 20 habitaciones y un sitio acondicionado para hacer ejercicio.

Ello, al parecer, ha servido de pretexto para los abusos y crímenes que últimamente se han cometido y que algunos pobladores y familiares de las víctimas atribuyen a los cuerpos policiacos.
Hasta el momento denuncian tres desapariciones y un caso de tortura.

Uno de estos casos es el de Josmar Alor Borja, de 23 años de edad, quien fue desaparecido el 3 de mayo presuntamente por elementos de la Fuerza Civil. Su esposa Lucero “R” presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Otro desaparecido es Fredy Azamar Alfonso, exdirector municipal de Protección Civil en el periodo 2012-2014 y quien había hecho públicas sus aspiraciones de contender como candidato a la alcaldía de José Azueta en 2021. Este hermano del regidor actual Alberto Azamar desapareció en la vecina población de Curazao.

A Hilmer Domínguez Rodríguez aseguran que se lo llevaron elementos de la Fuerza Civil sin orden de aprehensión. Fue sacado en la madrugada del 6 de mayo de su domicilio en Tesechoacán, donde los elementos de la SSP rompieron la puerta de su casa y sustrajeron aparatos electrodomésticos.

Por su parte, la señora Hilda Condado García acusó haber sido torturada por uniformados de la Fuerza Civil, quienes amenazaron con matar a su hijo de 6 años de edad, el cual atestiguó cuando los policías se llevaban a su madre. Dijo que al interrogarla le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, y que luego de liberarla, al retornar a su domicilio, descubrió que le robaron diversos objetos y 10 mil pesos que tenía ahorrados para poner una tienda. Identificó a las patrullas con los números económicos 8880 y 3532.

RESISTENCIAS EN EL IVAI

A pesar de la “limpia” que acaba de darse en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información –pues una exconsejera terminó recluida en el Cereso de Pacho Viejo y los otros dos mejor decidieron presentar su renuncia antes de que concluyeran los periodos para los que habían sido designados por el Congreso local en el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa–, dicen que muy extrañamente en el IVAI se están dando fuertes resistencias al cambio que pretende desterrar la omisión, desidia y corrupción que habían venido arraigándose en este órgano constitucionalmente autónomo.

Y es que ha trascendido que personal que fue heredado por los excomisionados se resisten a abrir paso a nuevos servidores públicos, por lo que han emprendido campañas mediáticas y legaloides.

Según se sabe, detrás de esta guerra han sido ubicados personajes de muy mala reputación, como exfuncionarios del prófugo exfiscal Jorge Winckler Ortiz e incluso miembros de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde extrañamente la expresidenta del IVAI, Yolli “N”, dejó a muchos conocidos, motivo por el cual muchos se preguntan si acaso desde Pacho Viejo seguirán moviendo los hilos de sus títeres, negándose a dejar el poder mal entendido que ejercieron indebidamente durante años.