* PVEM: ALIADO INCÓMODO

Desde que obtuvo su registro como instituto político nacional en 1993 –siete años después de su fundación–, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha estado marcado más por los escándalos mediáticos y la corrupción de sus dirigentes que por sus acciones y aportaciones efectivas para la mejoría y preservación del medio ambiente del país.

Por eso, ahora que se anuncia una inminente alianza con Morena para los comicios federales y locales de 2021, algunos grupos del partido lopezobradorista han comenzado a manifestar públicamente su desacuerdo porque aseguran que el PVEM, con su descrédito, les restará más votos de los que les podría sumar.

Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente del líder del Senado, Ricardo Monreal, y ariete del zacatecano en la pugna por la dirigencia nacional de Morena, declaró este miércoles que el PVEM no es un partido y tampoco es verde, sino más bien una franquicia.

“Lo que pasa es que para muchos los partidos políticos son un negocio, son una franquicia que han explotado durante décadas para su beneficio personal, para sus intereses, que nada tienen que ver con el país”, remarcó Rojas, a quien la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, controlada por el ala radical del lopezobradorismo, acaba de suspenderle seis meses sus derechos de militante, inhabilitándolo para la contienda interna.

Obviamente que la alusión del suplente de Monreal fue para el fundador del PVEM, Jorge González Torres, y su hijo Jorge Emilio González Martínez –yerno y nieto, respectivamente, del exgobernador tamaulipeco Emilio Martínez Manatou, quien como secretario de Estado le disputó en la sucesión presidencial de 1970 la candidatura del PRI a Luis Echeverría Álvarez–, los cuales regentearon la franquicia partidista durante 20 años: el papá de 1991 a 2001 y su vástago de 2001 a 2011.

El cinismo del llamado “Niño Verde” era tal que en febrero de 2004, el desaparecido periódico capitalino El Independiente publicó que durante una reunión que sostuvo en Londres con estudiantes mexicanos de posgrado, González Martínez respondió socarronamente a uno de los jóvenes que le cuestionó sobre los programas del PVEM en defensa del medio ambiente mexicano: “A mí la ecología es lo que menos me importa, yo represento intereses”.

Otro escándalo lo protagonizó el entonces senador y vocero del CEN del PVEM, Arturo Escobar y Vega, actual diputado plurinominal, quien en 2009 fue detenido en el Aeropuerto de Chiapa de Corzo, en Chiapas, junto con el empresario y dirigente estatal Fernando Castellanos, por no haber notificado la portación de un millón cien mil pesos contenidos en una lujosa maleta “Louis Vuitton”.

Pero ese no fue el único escándalo que protagonizó Escobar. El 9 de septiembre de 2015 fue nombrado Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, pero su designación fue rechazada por varias organizaciones ciudadanas debido a los señalamientos de delitos electorales de su partido. Pero al repudio popular, decidió mantenerse en el cargo, hasta que el 25 de noviembre de ese año la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que solicitaba a un juez una orden de aprehensión en contra del exvocero del CEN del PVEM como presunto responsable de delitos electorales. Ante esa incómoda situación, ese mismo día se vio obligado a dimitir a la Subsecretaría de la SEGOB de la que había tomado posesión apenas dos meses antes.

A finales de enero de 2012 ocurrió otro incidente similar al de Escobar en Chiapas, sólo que en esta ocasión se dio en el aeropuerto de Toluca, donde la Policía Federal detuvo a Said Zepeda y Miguel Morales Robles, quienes dijeron ser “colaboradores del Gobierno del Estado de Veracruz”, a quienes les decomisaron una maleta y mochila en la que portaban 25 millones de pesos en efectivo.

Semanas después corrió la versión de que ese dinero presuntamente lo habría enviado el entonces gobernador Javier Duarte a un miembro de la dirigencia nacional del Partido Verde, aunque oficialmente se dijo que esos recursos eran para pagar a los artistas y grupos musicales contratados por el Gobierno del Estado para las fiestas de La Candelaria, en Tlacotalpan; del carnaval del puerto de Veracruz, y de la Cumbre Tajín, en Papantla. Finalmente, la PGR terminó reembolsando esos fondos públicos a la Sefiplan… ¡y hasta con sus respectivos intereses!.

Por eso es que ahora a nadie parece sorprender que algunos amigos y excolaboradores del exmandatario veracruzano actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México hayan sido designados por Carlos Alberto Puente Salas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, como delegados en Veracruz y aspiren ser postulados por el partido del tucán a alcaldías y diputaciones, cargos que confían obtener si se concreta su ventajosa alianza con Morena.