Detenciones Políticas Sin Cargos

Las acciones de Morena, la 4T, el Presidente o algunos gobernadores de ese partido se van a revertir en las urnas. Las detenciones arbitrarias se vuelven cada día más continuas conforme se acerca la jornada electoral.

Sin duda, la población advierte este tipo de anomalías con las que el partido en el poder quiere ganar de todas todas, para imponer el criterio de un solo hombre, quien es evidente que está informado de este tipo de violaciones a los derechos humanos.

Cuando un delito se persigue y se tienen las pruebas suficientes como para dictar la orden de aprehensión, las formas vienen a ser algo secundario; sin embargo, en la detención de dos perredistas, en Veracruz, ha sido más importante cómo los detienen que la causa por la cual los detuvieron.

Si esto sucede cuando la 4T todavía no se consolida en las urnas, qué debemos esperar si la población vuelve a votar por Morena, estaríamos como en Venezuela, donde no hay ley ni derechos civiles.

Las detenciones arbitrarias contra miembros de la oposición muestran el temor que existe por evitar el triunfo de una oposición que no ha dejado de luchar por un mejor nivel de vida para los mexicanos.

A Gregorio Gómez, candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, le dictaron un año de prisión preventiva por dos delitos menores, pero al acumularse la “Ley Franco” (Ultrajes a la autoridad), se agravaron sus delitos y fue motivo suficiente para que no alcance fianza y deba estar en la cárcel un año, lo cual le impediría competir en los comicios del 6 de junio de este año.

La tortura sigue siendo un método de represión como en los tiempos del autoritarismo que tanto critica el presidente López Obrador.

Sus garantías fueron violadas desde el momento en que fue detenido sin orden de aprehensión, y con lujo de violencia. Lo extrajeron de su negocio frente sus empleados y lo golpearon, lo mismo que a sus empleados. Extrajeron computadoras, objetos de valor; por si fuera poco, posteriormente catearon el predio de su negocio sin orden de cateo, allanando la propiedad privada, cercando los alrededores y prohibiendo la circulación en el área.

Como si se tratara de la propiedad de un peligroso delincuente, los policías dispararon al aire a la hora del cateo para atemorizar a los medios y amedrentar a los contrincantes, en una directa intimidación a contrincantes políticos y periodistas. Es evidente que se trata de una orden de muy arriba dada la impunidad con la que actúan estos supuestos policías.

Todo hace suponer que los disparos que hizo la SSP, con el fin de amedrentar a la población, comunicadores y empleados provocaron el cese del coordinador de la Policía Estatal en Poza Rica. Se denuncia públicamente que las acciones estuvieron coordinadas por Alan Ciprián Canseco, director de operaciones de Seguridad Pública del Estado.

En Veracruz los jueces están bajo las órdenes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y no puede negarse su influencia en los delitos que se les fabrican a algunos precandidatos para evitar que lleguen a los cargos por los que compiten.

Gregorio Gómez fue objeto de desaparición forzada, tortura, estuvo horas incomunicado, le dieron un trato cruel, inhumano.

A Gregorio Gómez se le responsabiliza de cometer los delitos de ultrajes a la autoridad, mejor conocido como la Ley Franco; portación de arma de fuego y robo de vehículo.

A la figura legaloide de “ultrajes a la autoridad” se le llama Ley Franco, porque fue utilizada por primera vez como pretexto para darle legalidad a la detención del precandidato a la diputación Federal del PRD, Rogelio Franco Castán, quien también fue detenido injustamente, supuestamente por violentar esta ley que se sacó de la manga el gobierno represor de Cuitláhuac García.

Las movilizaciones de perredistas y la sociedad civil de Veracruz se han expresado por todo el estado y llegó hasta las puertas del Senado de la República para exigir la inmediata liberación de estos dos perredistas a quienes se les quiere impedir competir limpiamente en las urnas, con delitos prefabricados, y así evitar una derrota electoral.

Pero Veracruz no es el único estado donde se manchan de sangre las elecciones de este año, en Tecate, Baja California, donde gobierna Jaime Bonilla Valdez, de Morena, Luis Roberto Don Félix, de 23 años, quien figuraba como candidato a regidor del municipio de Tecate, fue asesinado por un comando armado. Los hechos se registraron sobre el bulevar Universidad de la colonia Rancho San Francisco.

De acuerdo con los reportes al 911, fueron cuatro hombres que, a bordo de un sedán blanco, abrieron fuego contra la Ford Explorer en la que Luis Roberto se trasladaba.

La conducta de los policías en áreas gobernadas por Morena pone en peligro la integridad de todos los ciudadanos de esos lugares. El sábado 3 de abril, en Huauchinango, Puebla, que gobierna Gustavo Vargas, de Morena, policías sometieron a un adulto mayor, quien protestó por ser detenido sin motivo alguno en un retén vehicular, en la comunidad de Venta Chica, del municipio de Huauchinango, Puebla. Un policía puso su rodilla sobre la espalda de la persona de la tercera edad y también se ve a un joven tirado en el suelo, los oficiales se encontraban en estado de ebriedad. El adulto mayor reclamó que la policía estaba para resguardar la integridad de la ciudadanía.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, también de Morena, condenó el hecho y dijo que investigaría lo ocurrido. Pero nada se mueve al respecto.

Las elecciones se vuelven represivas por parte del gobierno y sangrientas por parte de la delincuencia, que puede ser organizada, autorizada o permitida por los altos mandos de la actual administración pública.