* ALVARADO: CRIMEN AL ACECHO

Contraviniendo el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García, quienes han venido reiterando que en el régimen de la Cuarta Transformación ya se acabaron los acuerdos y pactos con la delincuencia organizada, en el puerto de Alvarado su partido, Morena, ha postulado a la alcaldía a Lizzette Álvarez Vera, a quien la oposición le atribuye vínculos con un grupo criminal.

La abanderada morenista era esposa de Mariano Torres Herrera, (a) “La Garza, a quien un comando de diez hombres armados “levantaron” a pleno mediodía del viernes 8 de agosto de 2014. Fue sacado de su barco, el mismo que había prestado a Televisa para grabar la telenovela “La Tempestad”. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver.

Su fama pública estaba en entredicho, pues en las redes sociales lo señalaban de encabezar al grupo delictivo de Los Zetas en Alvarado y demás municipios de la Cuenca del Papaloapan.

Tras la desaparición de Mariano, su viuda despojó de la fábrica de hielo “Garza”, del barco camaronero “La Tempestad” y del astillero “Torres Álvarez” a sus suegros, dos adultos mayores que hasta la fecha sobreviven en condiciones paupérrimas.

Por otro lado, nos indican que un sobrino de Lizzette, Felipe José Delgado Álvarez, actualmente purga una sentencia de 49 años de prisión por secuestro, en el penal de Tuxtepec, Oaxaca. Es hijo de Irasema Álvarez Vera, hermana de la candidata de Morena, una mujer con fama de violenta y que presuntamente alardea de vender “huachicol”.

Otro hermano de la abanderada morenista, Felipe de Jesús Álvarez Vera, actualmente se desempeña como jefe de la Oficina del Registro Civil en Alvarado, quien es señalado de abusar del cargo público, realizando supuestos cobros excesivos “sin dar recibo oficial”, aunque ahora sus detractores dicen que estaría sacrificando su “negocio”, ya que llega a las colonias o congregaciones para ofrecer servicios gratuitos a todos los residentes, a cambio de que apoyen la campaña y posteriormente voten por su hermana.

A los alvaradeños les preocupa la candidatura de Lizzette, pues actualmente la vinculan con un personaje conocido como “El Gordo Frank”, presunto jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Alvarado, a cuya banda le atribuyen el robo de tráileres, secuestros, ejecuciones y ordeña de gasolina.

Los más aterrorizados, según nos cuentan, serían los demás candidatos postulados a la presidencia municipal de La Generosa, pues comentan que “El Gordo Frank” estaría amenazándolos para que dejen de hacer campaña o de plano se sumen a Lizzette Álvarez Vera, a quien le adjudican ser dueña de una envidiable fortuna pero de la que sus incrédulos paisanos dudan que la haya amasado solo con las utilidades que le generan su fábrica de hielo, su barco camaronero y su astillero.

Con esta candidata, los líderes de Morena no sólo están defraudando al presidente López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García, sino también violando los principios básicos del partido obradorista: “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

EL ‘MIJIS’ JAROCHO

A ver si el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, por la presunta constancia falsa que le otorgó el ayuntamiento porteño que preside su hermano Fernando para acreditar su supuesta residencia mínima de tres años como vecino del municipio de Veracruz para cumplir con dicho requisito legal para ser candidato del PAN a la alcaldía, no termina como el de Pedro César Carrizales, “El Mijis”, a quien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo le acaba de revocar por unanimidad la candidatura a diputado federal por representación proporcional luego de concluir que el morenista potosino no acreditó su vínculo con una comunidad indígena de la circunscripción por la que fue postulado, sino que además el máximo órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) porque Morena presentó documentación de los municipios de San Antonio y posteriormente de Axtla de Terrazas con la que se pretendió acreditar la pertenencia de Carrizales a una comunidad indígena, misma que fue desconocida por los funcionarios responsables de expedirla.

Como ya se sabe, Carrizales presentó inicialmente documentación de uno de estos municipios y se identificó como indígena tenek; posteriormente, ante una comunicación al INE en la que se negó haber entregado constancia de ello, se autoadscribió como náhuatl.

Los directores de Asuntos Indígenas de ambos municipios negaron haber firmado las constancias presentadas para el registro de “El Mijis” como candidato por la acción afirmativa indígena por la vía plurinominal en la segunda circunscripción correspondiente a San Luis Potosí, a pesar de lo cual el INE validó el registro el 9 de abril.

La impugnación contra esta candidatura fue presentada por Vicente Domingo Hernández, representante de la comunidad mazahua, en el expediente SUP-JDC-614/2021 y acumulados, que acusó al actual diputado local de Morena de violar el derecho colectivo a la población indígena, además de que en su registro como candidato no aportó la documentación que lo acreditara como indígena.

En sesión efectuada el pasado miércoles, el TEPJF responsabilizó al INE de haber omitido el análisis de las constancias “para determinar si se desprendía la existencia o no de una vinculación de la persona con la comunidad”.

“La Sala Superior observó que Carrizales no tiene acreditado el vínculo con una comunidad indígena asentada en la circunscripción en la que fue postulado y el INE omitió el análisis de las constancias para determinar si se desprendía la existencia o no de una vinculación de la persona con la comunidad”, informó el TEPJF en un comunicado.

Los integrantes de la Sala Superior destacaron en el análisis de esta resolución que una acción afirmativa busca revertir situaciones históricas de desventaja y garantizar el derecho humano a la igualdad.

“Desde el proceso electoral pasado, este órgano jurisdiccional determinó que autoridades y actores políticos deben vigilar que los escaños reservados sean ocupados realmente por personas indígenas que tengan vínculos con las comunidades a las que pretenden representar”, señala el comunicado.

En la sesión efectuada por videoconferencia, los magistrados de la Sala Superior resolvieron otorgar a Morena un plazo de 48 horas –que vence este viernes– para sustituir a “El Mijis”, advirtiendo además al INE que deberá verificar que la persona propuesta cumpla con los requisitos para representar a la población indígena en la segunda circunscripción.

Recientemente, el Congreso local de San Luis Potosí había negado a Carrizales la solicitud de licencia que presentó a la diputación, precisamente cuando varias de sus compañeras legisladoras pusieron en tela de juicio su postulación como candidato por la acción afirmativa indígena.

¿Si esto pasó con un candidato de Morena, qué irá a pasar con Yunes Márquez, del PAN?