La crisis en el Poder Judicial de Veracruz

El Poder Judicial de Veracruz es un barco que hace agua; y parece que naufraga en un mar de corrupción e incompetencia.

El tema de la construcción de las ciudades judiciales se ha vuelto una bola de nieve; y la deuda que representa no se pagaría sino hasta dentro de 25 años.

A finales de 2020, el Congreso local determinó reducir el presupuesto del Tribunal veracruzano; y la magistrada presidenta ni siquiera promovió un recurso de inconformidad para evitar la pérdida de recursos, con lo que habría incurrido en una omisión que hoy tiene al Poder Judicial prácticamente en quiebra; ni siquiera cuenta con recursos suficientes para garantizar el pago de la nómina durante el segundo semestre del año.

Sumidos en la desesperación y encendidas todas las alarmas, los integrantes del Consejo de la Judicatura aprobaron el pasado lunes un plan denominado pomposamente “de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial del Estado de Veracruz”, que incluye la reducción del 30 por ciento al salario de magistrados, consejeros y altos funcionarios; el bono trimestral quedó en la mitad y se determinó eliminar los bonos especiales.

Dicho plan entra en vigor de inmediato; en el comunicado emitido por la noche del lunes, se establece que “está basado en la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz y regula la aplicación de principios y medidas eficaces de ahorro, austeridad, optimización de recursos y disciplina presupuestal para el control del gasto gubernamental”.

Las medidas incluyen, además de la homologación de bonos, la cancelación de vales de gasolina, de los llamados fondos revolventes, y de todos los vales y bonos extraordinarios.

Previamente, el Poder Judicial había anunciado la desaparición de 29 juzgados de lo familiar; una medida que ha provocado críticas y rechazo de quienes se dedican al litigio.

El problema para el órgano veracruzano de impartición de justicia es que las deudas y la irresponsabilidad administrativa terminaron por asfixiarle; hoy está pagando por la omisión en la defensa del presupuesto.

El portal de noticias Al calor político, difundió una nota que ilustra a la perfección el nivel del endeudamiento del Poder Judicial del Estado: las ciudades judiciales se terminarán de pagar en el año 2047; adicionalmente, se documentan al menos 18 préstamos a que ha recurrido el tribunal desde 2018 a la fecha.

Esos préstamos son por montos variados, la mayoría apenas superan los 50 millones de pesos, pero hay tres préstamos de 94 millones de pesos cada uno; y uno, que supera los 155 millones.

En total, la deuda del Poder Judicial es superior a mil 155 millones de pesos, sin contar con los compromisos derivados de la construcción de las ciudades judiciales, tema en el que tendrá que responder el ex magistrado presidente, Edel Álvarez Peña.

Lo cierto es que el Tribunal ha ido de préstamo en préstamo para sacar su gasto corriente, incluida la nómina, desde hace tres años y ni la actual magistrada presidenta, ni los miembros del Consejo de la Judicatura han hecho nada para frenar un problema que sigue creciendo y que hoy los tiene a bordo de un barco que parece naufragar. @luisromero85