* BERMÚDEZ-DUARTE: COMPLICIDADES
Raymundo Jiménez
AL PIE DE LA LETRA
2021-12-08
El que hasta anteayer todavía debió andar tranquilo, disfrutando de su inexplicable riqueza y libertad –la cual recuperó en diciembre de 2018, a los 5 días de haber iniciado la actual administración estatal de Morena–, es el ex secretario duartista de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Sin embargo, después de que este lunes a su ex jefe, el ex gobernador Javier Duarte, le ejecutaron otra orden de aprehensión por el presunto delito de desaparición forzada, cuya penalidad va de los 40 a 70 años de prisión, seguramente el ex titular de la SSP perdió el sueño y el apetito.
Y es que no obstante que en agosto pasado fue pieza importante para mantener recluido al ex secretario yunista de Gobierno, Rogelio Franco Castán –a quien Bermúdez acusó penalmente de los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia cometidos supuestamente en su agravio–, se ve muy difícil que el ex jefe policiaco no resulte implicado en la grave imputación que la Fiscalía General del Estado le ha fincado a Duarte de Ochoa, pues aparte del caso de los 19 cadáveres hallados en la barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, el ex titular de la SSP ha sido señalado por otros casos de desaparición forzada que hasta la fecha siguen impunes.
Uno de los más sonados fue el de Gibrán David Martíz Díaz, un joven concursante de “La Voz México” que fue secuestrado, torturado y ejecutado en enero de 2014.
Efraín Martiz Aguirre, padre del cantante, reveló que el agente del Ministerio Público, Guillermo Bencomo, se negó a entregarle una copia de la averiguación previa (AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z), pero que logró fotografiar varias de las páginas en las que se encuentra una relación de llamadas desde el teléfono celular de Gibrán (2291065252).
Según los documentos, el teléfono estuvo siendo “encendido” y “apagado” desde el día de la sustracción de su hijo y de su amigo Luis Eduardo Caballero, un joven originario del puerto de Alvarado que había discutido en una discoteca de Xalapa con Alan Román Mendoza, (a) “Alan Romahn” o “Pin Pon”, hijastro de Bermúdez.
De acuerdo con Efraín Martiz, el localizador GPS del teléfono celular de su hijo registró las coordenadas de tres distintas direcciones entre el 7 y el 12 de enero, antes de que aparecieron los cadáveres en el municipio de Puente Nacional, a un costado de la carretera Conejos-Huatusco: uno fue el lugar donde fueron secuestrados, en la avenida Ferrocarril Interoceánico, cerca de las sedes del Congreso local y del Tribunal Superior de Justicia del Estado; otro en la zona residencial de Las Ánimas, donde, dijo, “sé que ahí vive el titular de la SSP, Arturo Bermúdez”, y uno más en la Academia de Policía de El Lencero.
Hasta anteayer, el llamado “Capitán Tormenta”, quien en complicidad con su hijastro se volvió millonario en el duartismo con jugosos contratos y concesiones de la SSP, se venía dando la gran vida, luciéndose inclusive en programas de televisión con su habilidad para hacer piruetas con una moto acuática sobre las crestas de las olas del mar.
TUNDEN A RAMOS ALOR POR MISÓGINO
Al que le fue como en feria durante y después de su comparecencia ante el Congreso local fue al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por el tono misógino con que respondió a los cuestionamientos que en forma muy respetuosa y bien sustentados le hizo la diputada priista Anilú Ingram.
Y es que la coordinadora del grupo legislativo del partido tricolor sacó de sus casillas al pediatra sureño al preguntarle primero que cuándo se va a acabar el desabasto de medicamentos en el estado y, luego, al solicitarle copia de los expedientes sobre los 108 médicos cubanos así como de la transferencia de los 40 millones de pesos que hizo la dependencia a su cargo a organismos internacionales, cuestionándole si estos recursos fueron para los profesionales de la salud procedentes de La Habana o qué organismos ayudaron durante la pandemia.
Habrá que ver qué sale este miércoles durante la comparecencia de la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo.