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El pasado jueves 12 de mayo, Ricardo Mejía Berdeja, el subsecretario de Seguridad Pública federal que últimamente es balconeado en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador porque aspira a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en 2023, dijo sobre los asesinatos de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García, ejecutadas tres días antes en la cabecera municipal de Cosoleacaque, que “hay un gran equipo en la Fiscalía de Veracruz y tenemos plena confianza en que es cuestión de horas para que en el caso de las dos compañeras se pueda también detener (a los responsables)”.
Y en efecto, a los cinco días, este martes 17, fue detenido Antonio de Jesús “N”, un estudiante del Instituto Tecnológico de Xalapa y repartidor de comida de la plataforma Uber-Eats, al cual ya habían trasladado al reclusorio de Coatzacoalcos y liberaron hasta la mañana de este miércoles no obstante de que luego de que el día anterior sus compañeros moto-repartidores se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, donde mostraron a los medios de comunicación un video en el que aparecía su amigo en la capital veracruzana el mismo día y hora en que fueron acribilladas las periodistas en el sur de la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Verónica Hernández Giadáns, difundió un comunicado en el que se aseguró que “al validar su identidad por esta fiscalía y determinar que se trató de una homonimia, fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos”.
Ayer, el gobernador Cuitláhuac García salió en defensa de la Fiscalía General del Estado al rechazar que exista daño alguno qué reparar a Antonio de Jesús “N” y además reiteró que la equivocación fue de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), cuyos elementos fueron los que lo detuvieron, tal como lo había consignado también en su comunicado la FGE.
Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz debió confirmar la identidad del detenido antes de que se boletinara su detención, la cual divulgaron cientos de plataformas digitales y publicaciones impresas nacionales y estatales por tratarse de un caso de alto impacto mediático, aparte de la difusión que se le dio en redes sociales.
Aunque las autoridades aseguren que Antonio de Jesús “N” no sufrió ningún daño, eso tendría que valorarlo un especialista en salud mental, pues sólo habría que imaginar el estrés al que se le sometió desde el momento de su detención, al enterarse del grave delito que le imputaban y la presión nerviosa que debió padecer durante las seis o siete horas que viajó custodiado por policías desde Xalapa hasta Coatzacoalcos.
Además, al difundirse irresponsablemente su fotografía, sin cerciorarse antes que deveras era el verdadero sicario que buscaban, le causaron un serio daño moral al estigmatizarlo de por vida ya que este joven seguramente será víctima de bullying de sus compañeros de estudio y de trabajo, que aunque sea en plan de broma se referirán a él como “mata-periodistas” o “El Mara”, sobrenombre con el que fue identificado públicamente y que corresponde al verdadero criminal que continúa prófugo.
¿Cuántos casos más como éste lleva la Fiscalía de Hernández Giadáns? Entre los que se recuerdan está el del cineasta costarricense César Julián Herrera Víquez, yerno del ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Coatepec, Andrés Cuevas Melo, quien luego de permanecer siete meses preso fue liberado el 10 de marzo pasado al confirmarse que la FGE no acreditó ni el presunto delito de ultrajes a la autoridad ni su supuesta implicación con una banda delictiva.
Otro caso similar fue el de los seis jóvenes xalapeños detenidos también por el mismo delito de ultrajes a la autoridad –declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, los cuales estuvieron presos cuatro meses en Pacho Viejo y fueron liberados hasta que el senador Ricardo Monreal abogó por ellos y se demostró con las videocámaras de la plaza comercial ubicada frente a la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA) que jamás opusieron resistencia ni agredieron a los elementos de la Policía Estatal que habrían actuado a petición de un prepotente funcionario de la Secretaría de Gobierno que protagonizó un accidente de tránsito con uno de los detenidos.
Y uno más es el de José Manuel del Río Virgen, ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien desde diciembre pasado sigue internado en el reclusorio regional de Pacho Viejo pese al amparo concedido por la justicia federal y una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que no le han podido comprobar fehacientemente la autoría intelectual que le imputan en el homicidio de René Tovar, candidato de MC a la alcaldía de Cazones de Herrera, ejecutado dos días antes de las elecciones municipales de junio de 2021.
Pero no son los únicos. ¿Quién se hace responsable por estos daños morales, físicos y mentales que por supuesto son irreparables para los excarcelados y sus familiares? Aparte, los gastos económicos.
