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Luego de que a principios de febrero de 2019 el grupo legislativo de Morena realizó un primer intento fallido para destituir a Jorge Winckler como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) al iniciarle un par de juicios políticos improcedentes, siete meses después, el 3 de septiembre de ese mismo año, la Diputación Permanente del Congreso local, controlada por morenistas y partidos aliados, logró aprobar que el abogado yunista fuera separado temporalmente del cargo por incumplir con la revalidación de su certificado de confianza que exigen los artículos 67 y 68 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política federal.
Dichos artículos de la mencionada ley establecen que “la certificación y registro tendrán una vigencia de tres años”, y que “los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.”
“La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia”, precisa dicho ordenamiento legal.
El caso de Winckler Ortiz se ha retomado porque hace una semana, el pasado martes 28 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia condenatoria de 20 años de cárcel que un juez le impuso a Hernán Martínez Zavaleta, alias “El Comandante H”, ex jefe de Los Zetas en el sur de Veracruz.
Y es que de acuerdo con la Carpeta judicial 304/2017-JUICIO 1/2020, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se señala que “en el evento 6 de uno de febrero de dos mil diecisiete, del número intervenido con terminación 6633, Norma Urbina Hernández, con número 92111231909 reporta a Hernán que se había comunicado con ella Manuel Fernández Olivares alias ‘Pámpano’ o ‘Pescadito’, en su momento Juez Primero de Primera Instancia del Distrito de Coatzacoalcos, Veracruz, para que el Juez señalara ubicación de una bodega de materiales para que Bernardo Cruz Mota y Fermín, despojaran de sus pertenencias a estas personas, entendiéndose que este Juez es colaborador y proporciona información de persona que son susceptibles de ser despojados de sus pertenencias”.
“En el evento 171 de quince de junio de dos mil diecisiete, del número de terminación 6633, Norma Urbina comenta que ya se había llevado a cabo el despojo de las pertenencias de esta familia y Hernán a cambio le entregaría al Juez la cantidad de cien mil pesos.”
“(…) En diverso evento 175 de quince de junio de dos mil diecisiete, derivado de la línea 6630 portado por Hernán Martínez Zavaleta, en el cual Norma Urbina Hernández, informa a Hernán que entregó cien mil pesos al juez y coloca al juez en la línea de Norma y Hernán le comentó que quedaban afianzados sus nexos.”
Fernández Olivares, “Pámpano” o “Pescadito”, es desde hace tres años Secretario Técnico de la Fiscalía General del Estado y, como tal, suele participar en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que frecuentemente suele encabezar el gobernador Cuitláhuac García y en la participan la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns y funcionarios o representantes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, entre otros.
¿Quién desinforma al mandatario veracruzano? Porque el “Comandante H” no es un delincuente menor. Fue sentenciado sólo a 20 años de prisión porque nada más le imputaron delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud. En cambio, sus secuaces Vidal Hernández Jerez (a) “Satán”, Ángel Alberto Ramírez Castillo (a) “Hormiga” y José Antonio Granda Sosa, con los que fue detenido en septiembre de 2017 en la Ciudad de México, recibieron 60 años cada uno por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Inclusive se les relaciona con un plagio en Xalapa cometido hace cinco años.
Al momento de su detención, fueron aprehendidos con diversa documentación como recibos, un cuaderno con anotaciones, nueve teléfonos, una báscula, una contadora de billetes, una laptop, tres vehículos y más de un kilo de clorhidrato de cocaína.
“El Comandante H”, hasta antes de su detención, gozó de once años de impunidad y presuntos vínculos con la clase política y empresarial. En Veracruz era señalado de haber construido un imperio violento a base de secuestros, narcotráfico, robo de combustible y extorsión.
También se le relacionó con la masacre de seis integrantes de una familia en el municipio de Coatzacoalcos: cuatro niños y sus padres en la colonia Nueva Calzadas. Según la prensa local, el 24 de junio de 2017 al menos cinco hombres armados –con fusiles tipo Uzi y cuerno de chivo– arribaron al domicilio, aproximadamente a las 18:00 horas, para ejecutar a la familia. Le versión que circuló es que el multihomicidio habría sido una venganza por el asesinato de su lugarteniente Bernardo Cruz Mota, ejecutado el día anterior en la colonia Benito Juárez Norte, del antiguo Puerto México. Presuntamente las autoridades contaban con evidencia que probaba que “El Comandante H” habría ordenado la ejecución a sus sicarios, lo que ameritaba una pena mayor.
Pero el criminal era señalado también de otros delitos como el cobro de piso, extorsión a empresas, comercios y restaurantes en la zona del malecón en la ciudad de Veracruz.
Un documento gubernamental citado por el portal Plumas Libres refirió que “El Comandante H” fue detenido el 7 de marzo de 2012 por elementos del Ejército cuando circulaba en dos camionetas acompañados por sus escoltas. En su intento por librarse de la policía exhibió una credencial apócrifa a nombre de “Jorge Martínez López”.
Posteriormente fue remitido a Nayarit y recluido en el penal “El Rincón” durante un año, pues tras enfrentar un juicio relativamente corto recuperó su libertad. De acuerdo con su ficha técnica, citada por el medio digital, operaba las redes de información para Los Zetas, coordinaba operaciones financieras y el cobro de extorsiones.
Desde entonces se reveló que también tenía vínculos y negocios con empresarios y políticos influyentes, principalmente del sur de Veracruz. “El Pámpano” o “Pescadito”, a la sazón Juez Primero de Primera Instancia del Distrito de Coatzacoalcos, era uno de ellos, según la información obtenida por la FGR de una cómplice de Hernán Martínez Zavaleta.
LA MASACRE DE BOCA DEL RÍO
Por cierto, al gobernador Cuitláhuac García le informaron de la Fiscalía General del Estado que existen tres líneas de investigación sobre la masacre de siete miembros de una familia en Boca del Río ocurrida la medianoche de este domingo.
Sin embargo, según versiones que circulan en redes sociales, todo parece apuntar a que el multihomicidio habría sido porque la familia, que era dueña de carnicerías, se negó a pagar la cuota impuesta por los criminales. “Derecho de piso” o “extorsión”, como suele llamársele también.
Lo más prudente será esperar a ver qué arrojan finalmente las pesquisas de la FGE.
