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Hace más de un año, a mediados de marzo de 2021, en una conferencia de prensa celebrada en el Pentágono, el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, señaló que una tercera parte del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales, motivo por el que la gente que vive en esas regiones busca emigrar del país.
“Cuando digo síntoma, narcotráfico, migración, tráfico humano; todos son síntomas de las organizaciones criminales transnacionales que operan con regularidad en áreas sin gobierno, del 30 a 35% de México, y es lo que está creando algunas de las cosas que enfrentamos en la frontera”, enfatizó VanHerk, quien estuvo acompañado del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.
“Diré que es un síntoma de un problema más amplio… no voy a involucrarme en política ni en llamar crisis o no a la situación, lo cierto es que necesitamos una frontera segura y saber quiénes vienen”, refirió sobre la zona limítrofe entre México y Estados Unidos.
El jefe militar estadounidense consideró que el problema es un “imperativo de seguridad nacional” que se debe abordar con toda una estrategia gubernamental estratégica y humana desde la perspectiva de seguridad nacional, pues expuso que las regiones controladas por organizaciones del crimen organizado abren flancos de intervencionismo en las naciones que las padecen, lo que a su vez –según el general VanHerk– permiten a potencias enemigas de Estados Unidos aprovecharse de la situación.
“Crean vulnerabilidades potenciales y oportunidades para actores alrededor del mundo… lo mismo ocurre en áreas sin gobierno e inestables con fallas potenciales de gobierno que China, Rusia y otras naciones aprovechan para explotar y esto ocurre aquí en nuestro propio vecindario en nuestro hemisferio”, remató el jefe del Comando Norte.
Esa no era la primera vez que militares y funcionarios del gobierno de Estados Unidos sostenían que partes del territorio de México son controladas o gobernadas por organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Durante la presidencia del panista Felipe Calderón, por ejemplo, era común que con frecuencia jefes del Pentágono y Janet Napolitano, entonces Secretaria del Departamento de Seguridad Interior, calificaran de “Estado fallido” a México por la anarquía rampante en regiones de su territorio.
Desde el sexenio de Calderón hasta el martes 16 de marzo de este año, ningún militar de alto rango de las fuerzas armadas de los Estados Unidos había vuelto a mencionar y ahora de manera tan específica la magnitud del territorio mexicano en manos de criminales.
Al día siguiente, en la conferencia mañanera, al preguntarle sobre lo dicho por el general Glen VanHerk, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que con el gobierno de Joe Biden existe una buena relación, en la que el político demócrata respeta a su administración y, por su parte, México aplica los principios de política exterior de no intervención. “No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos; nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con Estados Unidos”, afirmó.
El mismo discurso que el mandatario mexicano ha repetido ahora tras la detención de Rafael Caro Quintero, el capo del Cártel de Caborca que habría sido ubicado por la agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) en el municipio de Choix, estado de Sinaloa.
Precisamente, hace un año también, en un informe interno la DEA había identificado a los cárteles mexicanos como “la mayor amenaza” del narcotráfico para Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Beltrán Leyva, el Cártel del Noreste, Los Zetas, Guerreros Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, La Línea, La Familia Michoacana y Los Rojos.
“Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas son la mayor amenaza del narcotráfico para Estados Unidos; controlan la mayor parte del mercado de drogas de EU y han establecido rutas de transporte variadas, tienen capacidades de comunicación avanzadas y tienen fuertes afiliaciones con grupos criminales y pandillas en los Estados Unidos”, advertía la DEA.
Coincidentemente, en sus informes preliminares de observación electoral difundidas el jueves 17 de junio de 2021, las organizaciones Alianza Cívica y Equipo Pueblo –dos de las 45 agrupaciones que en total registraron 19 mil ciudadanos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales fueron desplegados en las 32 entidades para vigilar el antepasado proceso electoral– denunciaron que la presencia del crimen organizado tuvo incidencia en algunos territorios del país.
Alianza Cívica, por ejemplo, detectó en un sondeo realizado entre votantes, que la percepción social de la injerencia del crimen organizado creció de 28 a 42 por ciento.
Y el informe preliminar de Equipo Pueblo, que desplegó su observación en la Ciudad de México, Baja California Sur, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas, Sonora y Yucatán, calculó que entre 30 y 35% del territorio nacional –el mismo porcentaje que dio el jefe del Comando Norte de EU– fue impactado por la presencia del crimen organizado, aunque acotó que no podía atribuirse a éste toda la violencia política de género.
¿La captura de Caro Quintero tendrá alguna implicación con la próxima sucesión presidencial de 2024, dados los antecedentes del capo que presuntamente habría financiado en el pasado a aspirantes y candidatos del PRI a la Presidencia de la República, versión que ha cobrado fuerza luego de la revelación que acaba de hacer al diario Milenio la actual directora Operativa de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social, Elizabeth Castro Cárdenas, quien afirmó que a través del entonces gobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ejecutado en Puerto Vallarta en diciembre de 2020, ella había entregado en 2013 una carta del narcotraficante para el presidente Enrique Peña Nieto, en la que el ex jefe del Cártel de Guadalajara le solicitaba al Ejecutivo federal su libertad argumentando que “ya pagué mis delitos”, lo cual consiguió coincidentemente seis meses después?
