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Este jueves 14 de julio, en sesión pública, el pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, resolverá los autos del toca número 175/2020, cuyo proyecto a cargo del Magistrado ponente Octavio Ramos Ramos propone restituir a Jorge Winckler Ortiz como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) al considerar ilegal su destitución por la Diputación Permanente del Congreso local en septiembre de 2019, ya que dicha atribución únicamente correspondía constitucionalmente al Pleno de la LXV Legislatura que estaba en funciones y sólo mediante previo juicio político.
Sin embargo, aunque se confirmara el fallo a su favor, francamente se ve muy difícil que el abogado yunista pudiera volver a ocupar el despacho que desde hace casi tres años tiene a su cargo Verónica Hernández Giadáns, quien de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno saltó al edificio de la FGE ubicado en el Arco Sur de la ciudad de Xalapa.
Y es que, como se recordará, el 6 de noviembre de 2019, dos meses después de haber sido destituido como fiscal, se giró orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad. Desde hace dos años y medio se le inició el Proceso Penal 378/2019, junto con el ex titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, imputado por incumplimiento de un deber legal, y Joao Jair García Uscanga y Jaime Téllez Lacedelli, ambos acusados de ejercicio indebido del servicio público.
El caso de Winckler sería muy similar al del depuesto ex alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez, y de la ex síndica Yazmín Palmeros, quien hasta la fecha se encuentra recluida en el penal de Pacho Viejo, no obstante que hace dos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reinstalarlos en sus respectivos cargos municipales.
Como ya se sabe, a mediados de junio de 2020, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, determinó invalidar la resolución del pleno de la LXV Legislatura del estado que el 4 de marzo de ese año había aprobado revocar el mandato del alcalde y de la síndica en funciones por la denuncia penal que habían interpuesto en su contra por el presunto desvío de recursos y abuso de autoridad.
Sin embargo, pese al fallo a su favor del máximo tribunal del país, José Paulino Domínguez jamás se presentó para ser reinstalado en la presidencia municipal debido a que desde marzo de 2020 existe una orden de aprehensión en su contra por la presumible autoría intelectual del homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz Vásquez, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa ejecutado el 2 de agosto de 2019 en una ranchería de Actopan. Hasta la fecha, el ex alcalde continúa en calidad de prófugo de la justicia, mientras que en el penal de Pacho Viejo solamente está recluido Facundo “N”, supuesto autor material del homicidio y padre de Luis Enrique Florencio Barradas, ex chofer y ex escolta del ex munícipe, también implicado presuntamente en el crimen y que además anda de huida.
Así que se da por descartado que el destituido fiscal Jorge Winckler se llegue a presentar para ser reinstalado como titular de la FGE, ya que de inmediato le ejecutarían la orden de captura.
Pero, además, por el estilo que hasta ahora ha caracterizado a la actual administración, a Winkler no lo reinstalarán porque también van a intentar incumplir con el amparo, tal como lo hicieron hasta donde pudieron con José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y ahora con Pasiano Rueda Canseco, alcalde electo de Jesús Carranza, quien sigue recluido en el penal de Tuxpan.
