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Prefacio.
Este fin de semana el secretario de Seguridad Pública en Veracruz, el regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, subió a sus redes sociales lo que él considera un gran aporte al mejoramiento de los cuerpos policiales bajo su mando. * “Como parte de las acciones permanentes de profesionalización policial, esta semana se capacitó al cuarto grupo del curso de ‘Mediación y Proximidad Social’ para Policía Estatal, con la participación de 52 elementos, 25 de la Policía Estatal y 27 de la Fuerza Civil”. * En su mensaje, el funcionario explicó en qué consiste la capacitación: “Las y los oficiales abordan la forma en que las personas pueden resolver sus conflictos, por medio del diálogo y con ayuda de un Policía Mediador, que deberá ser imparcial. Cada una de las partes en conflicto tienen (sic) la oportunidad de exponer el problema y colaborar voluntariamente con el fin de lograr un acuerdo”. * Curioso que ponga énfasis en la vocación “conciliadora” de los policías uniformados. * Casualmente este mismo fin de semana se dio a conocer que a través de las recomendaciones 013/022 y 31/2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) concluyó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (sí, la que está bajo las órdenes de Hugo Gutiérrez) fueron responsables de las muertes de Carlos Andrés Navarro y Gustavo Ortiz Hernández, ocurridas en el cuartel San José de Xalapa. * Los hechos ocurrieron en 2020; Carlos y Gustavo fueron detenidos en dos momentos diferentes, con cinco meses de distancia entre uno y otro caso; los dos fueron llevados al cuartel San José y ahí perdieron la vida. * Los mandos de Seguridad Pública dijeron en aquel entonces que Carlos Andrés y Gustavo murieron “a causa de infartos fulminantes”, pero la CEDH encontró contradicciones en la versiones policiacas, además de evidencia de que los dos fallecidos fueron golpeados mientras estuvieron en el Cuartel. * En el caso de Gustavo Ortiz, la policía no acreditó el motivo de su detención, no fueron entregadas sus pertenencias a la familia, ni proporcionaron los videos de cámaras de vigilancia. * La CEDH recomendó a la SSP (sí, la de Hugo Gutiérrez Maldonado) ofrecer una disculpa pública a las familias de ambas víctimas, pagar compensaciones económicas y colaborar con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidad del personal de esa Secretaría en la muerte de ambos. * Qué bueno que ya les están enseñando a “conciliar”.
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Ya se despejaron las dudas: el golpeteo mediático por parte de legisladores locales (todos ellos integrantes de la Comisión de Vigilancia) tenía como fin presionar al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para que no los tratara “tan mal” en el informe de la Cuenta Pública 2021, que fue presentado la semana pasada el Poder Legislativo.
La Auditora General, la maestra Delia González Cobos, entregó al Congreso del Estado -específicamente a la Comisión de Vigilancia- el Informe General Ejecutivo, así como los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021.
La Auditora General informó que en este proceso fueron practicadas más de mil auditorías, revisiones y evaluaciones a 313 Entes Fiscalizables.
La maestra González Cobos informó que desde el 26 de septiembre de 2019 (fecha en la que asumió el cargo) ha mantenido “la responsabilidad y el compromiso de servir con integridad y apego a la legalidad” en la titularidad del Orfis.
Reiteró su compromiso de realizar un trabajo con honestidad y profesionalismo, mismo “que han asumido todas las personas servidoras públicas que conforman el Orfis, a quienes siempre he exhortado para que en su actuación prevalezcan los principios rectores que la fiscalización superior exige”.
Es importante ese posicionamiento de la titular del Orfis, pues los ataques mediáticos por parte de legisladores que conforman la Comisión de Vigilancia, iban en el sentido de señalar a funcionarios del órgano fiscalizador como servidores públicos corruptos, que extorsionaban a los titulares de los entes fiscalizables.
Delia González advirtió que en el desempeño de su equipo de trabajo “no debe haber lugar a dudas ni especulaciones, sino un apego estricto a la legalidad para que los resultados sean objetivos y transparentes, sin lugar para la corrupción”.
La fiscalización de la Cuenta Pública 2021 arrojó 3 mil 290 observaciones. Para organismos del gobierno estatal fueron 133; para entes municipales fueron 3 mil 111, y para entidades paramunicipales 46 observaciones.
Tras la revisión se determinó un posible daño patrimonial superior a los 3 mil 299 millones de pesos.
Los municipios de Tantoyuca, Veracruz, Córdoba, Álamo, Pánuco y Tuxpan, administrados por panistas entre 2018 y 2021, encabezan la lista de presunto daño patrimonial en el ejercicio 2021. Los 212 municipios fueron observados por 3 mil 23 millones 507 mil pesos.
Con anticipación la titular del Orfis advirtió que aquellos legisladores que tuvieran un interés particular en alguna de las auditorías, deberían excusarse para violentar la ley.
Es el caso, por ejemplo, del municipio de Papantla. El excalcalde perredista Mariano Romero González, deberá solventar un presunto daño patrimonial por 56 millones 716 mil pesos. La diputada Perla Eufemia Romero Rodríguez, integrante de la comisión de Vigilancia (quien renunció al PRD y se sumó a Morena) es su prima.
Caso similar el de Zongolica. El perredista Juan Carlos Mezhua deberá responder por un presunto daño patrimonial de 36 millones de pesos. Su hermana es la diputada Irma Lidia Mezhua Campos, que también llegó por el PRD pero se pasó a Morena.
En Agua Dulce, el exalcalde Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, debe responder por un presunto daño patrimonial de 14 millones de pesos. Hoy es diputado local por Morena.
La exalcaldesa de Tamiahua, Citlalli Medellín Careaga, presentó inconsistencias por casi 11 millones de pesos y hoy es diputada local por el Partido Verde.
En Misantla, el exalcalde Othón Hernández Candanedo, tiene un probable daño patrimonial de un millón 82 mil pesos y en la actualidad es diputado local, y lo mismo sucede con el exalcalde de Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, actualmente diputado por Morena y secretario de la Comisión de Vigilancia, quien debe responder por un presunto daño de más de un de pesos.
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Epílogo.
Con la participación de los abogados Tomas Mundo Arriasa, Arturo Nicolás Baltazar y Rosa Hilda Rojas Pérez, el partido Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz organizó el foro “La fuerza de los ciudadanos: el Derecho como herramienta de empoderamiento ciudadano”. Como moderador fungió Luis Carbonell de la Hoz, Delegado Nacional de ese organismo político en Veracruz. * “En Movimiento Ciudadano siempre estaremos del lado del derecho, de la justicia y de la ley. Vamos a seguir impulsando estos foros de capacitación y enseñanza para poder servirle a la ciudadanía”, dijo el coordinador estatal de MC, Sergio Gil Rullán. * Todos hablan de la creciente inflación que vive el país y que afecta especialmente a las familias más vulnerables. Pocos acompañan sus discursos con acciones directas para combatir ese problema. * La diputada priista Anilú Íngram Vallines no se quedó cruzada de brazos y este fin de semana llevó a la colonia Infonavit Buena Vista, de Veracruz, una “Jornada de Carne a Bajo Costo”. * La legisladora destacó que, con esas acciones, busca que los veracruzanos tengan la posibilidad de acceder a distintos servicios y productos que beneficien su calidad de vida. * Informó que esta jornada fue el inició de una serie de actividades que acercará a diversas colonias del puerto de Veracruz para ayudar a las familias que más lo necesitan. * EN esta jornada se pusieron a la venta casi 300 kilogramos de productos de cerdo y res, por debajo del precio comercial. Bien.
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