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Un empresario de dudosa reputación y oscuro pasado se mantiene, contra todo, muy cerca de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, considerada la más fuerte aspirante de Morena para suceder en 2024 a Cuitláhuac García en la gubernatura de Veracruz.
Se trata del hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2017 al acreditar la relación de su empresa Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA) con operaciones irregulares con Odebrecht, una constructora trasnacional brasileña cuyos ejecutivos admitieron el sexenio pasado ante una corte federal en Nueva York, Estados Unidos, haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10.5 millones de dólares entre los años 2010 y 2014 que encubrieron una serie de anomalías, entre ellas las primeras que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la refinería de Minatitlán y que en febrero del 2011 le fueron reportadas por el máximo ente fiscalizador al órgano interno de control en Petróleos Mexicanos (Pemex) sin que se promovieran sanciones o acciones penales contra el poderoso consorcio carioca, cuyo presidente, el magnate Marcelo Odebrecht, sí fue condenado el 8 de marzo de 2016 pero por el juez brasileño Sergio Moro, quien lo sentenció a 19 años y 4 meses de prisión por “corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir”, por el pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras.
Tapia ha sido investigado también por la Fiscalía General de la República (FGR) por huachicol, pues en 2017 agentes federales descubrieron una toma clandestina de ductos de Pemex en instalaciones de su empresa CITAPIA.
Pese a su escandaloso pasado, ahora el empresario hidalguense es uno de los contratistas estrella de la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, donde ha obtenido contratos que superan los 400 millones de dólares, equivalentes a más de 8 mil millones de pesos, a través de empresas fachada como Grupo Constructor Industrial (GCI), Procesos Especializados y Proyectos S.A. de C.V. (PROESA), y Procura y Proyectos Oil & Gas, ésta última constituida en Coatzacoalcos, donde tiene su residencia Nahle García. En todas ellas, creadas entre 2017 y 2020, participan familiares y amigos del empresario incómodo.
PROESA, además, posee casi el 80 por ciento de acciones de Manufactura Especial y Proyectos Industriales (MEPI), a través de la cual ha obtenido los contratos de la refinería a cargo de la ingeniera química oriunda del estado de Zacatecas.
Esta sociedad de empresas fachada se concretó ante el Registro Público de Comercio de Coatzacoalcos, Veracruz, el 7 de diciembre de 2020; su domicilio de operaciones se ubica en el kilómetro 7.5 de la carretera Nanchital-Cuichapa, del municipio de Nanchital.
El objeto directo de la sociedad mercantil establece que podrá “participar en todas las etapas del proyecto denominado refinería Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, en distintas áreas, entre otras, ingeniería de obra civil, procura, suministro, obra mecánica, eléctrica, instrumentación, tubería, recubrimientos, aislamiento, llevar a cabo procesos industriales de la refinación, elaborar petrolíferos y petroquímicos.
Si bien ya fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace tres meses y medio –el 1º de julio pasado–, aún continúan trabajando las empresas fachada de Tapia Vargas en Dos Bocas, pues vehículos con los logotipos de MEPI y personal de ésta realizan todavía actividades en la refinería Olmeca.
Ante esta embarazosa situación, como jefa del proyecto de la refinería de Dos Bocas, Rocío Nahle estaría obligada a responder algunas interrogantes: ¿Acaso no fue informada de los antecedentes de este personaje para que se le asignaran millonarios contratos? ¿Será que la amistad de Juan Carlos Tapia con su esposo José Luis Peña le otorga trato preferencial? ¿Acaso se trata de un intercambio de favores que Tapia Vargas corresponderá en su campaña si es que finalmente se le hace la candidatura de Morena al gobierno estatal de Veracruz en 2024?
Esperemos que no se trate de la versión femenina del “Rey del Cash”.
