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Para impedir que la expresidenta de la mesa directiva de la LXVI Legislatura del estado, Cecilia Guevara, sustituya en la presidencia de la Comisión de Vigilancia al joven diputado local de San Andrés Tuxtla, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, los detractores de la legisladora morenista de Poza Rica argumentan que no sería conveniente su designación porque supuestamente incurriría en un conflicto de interés ya que su hijo, Fernando Elías Guevara, es subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), una dependencia estatal que ha recibido varias observaciones en las cuentas públicas de los últimos tres ejercicios fiscales por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el ente autónomo que debe reportar directamente a dicha comisión legislativa los resultados de sus auditorías y, si así se requiriera, proceder penalmente contra los funcionarios o exservidores públicos municipales o estatales que se presuman responsables del daño patrimonial al erario veracruzano.
Sin embargo, el de la diputada Guevara no es el único caso controvertido, pues existen otros legisladores y legisladoras de Morena y de partidos de oposición que también forman parte de la Comisión de Vigilancia, algunos de los cuales son exalcaldes o tienen estrechos vínculos familiares con exmunícipes o ediles actualmente en funciones cuyas administraciones tendrían cuentas pendientes con el ORFIS, por lo que sostienen que ello no sería problema ya que si acaso se diera algún tipo de conflicto de interés simplemente podrían disculparse de conocer y dar trámite a esos asuntos específicos.
Este tema viene a colación porque dentro de tres semanas habrá de elegirse al nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE), y hasta ahora la candidata que presuntamente estarían perfilando desde Palacio de Gobierno sería la magistrada Aillet García Cayetano.
Y es que además de su cercanía con el gobernador Cuitláhuac García, a la hermana de la exdiputada federal de Morena y actual secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García, le favorecería la presunta decisión que por razón de género habría tomado el Ejecutivo estatal para que por tercera ocasión consecutiva el Poder Judicial sea encabezado nuevamente por otra mujer, pues en diciembre de 2019 fue electa la extinta magistrada Sofía Martínez Huerta, quien en abril de 2021 fue inhabilitada por 5 años y destituida de la presidencia del PJE tras un juicio político interpuesto por un juez inconforme que había sido removido ilegalmente del puerto de Veracruz al municipio de Ozuluama, en la zona norte del estado, sin el aval del Consejo de la Judicatura.
Martínez Huerta fue sustituida por Isabel Inés Romero Cruz, quien desde abril pasado debió jubilarse al cumplir los 70 años de edad, por lo que tuvo que solicitar al Congreso local una licencia de ley para poder hasta concluir hasta el 5 de diciembre próximo el periodo completo que dejó pendiente la defenestrada expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.
Sin embargo, hace tres años, Aillet saltó casualmente de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública a la magistratura luego de que se le cayera la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción por el aparente conflicto de interés que le representaba ser la esposa del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, quien ha sido señalado reiteradamente de presuntos actos no muy honestos. ¿En caso de que el titular de la SIOP fuera denunciado y procesado penalmente, la magistrada García Cayetano se abstendría de presionar al juez de la causa para abogar por su cónyuge?
Por supuesto que el caso de Aillet resulta más complicado que el de la diputada Guevara, coincidentemente madre del subsecretario de la SIOP.
Por ello es que no se descarta que para sustituir a la magistrada Romero Cruz, de última hora pudiera aparecer un caballo negro: el consejero de la Judicatura, Esteban Martínez Vázquez, un magistrado oriundo de Papantla que ha ganado puntos por apoyar en el Poder Judicial las decisiones del gobernador García Jiménez, entre ellas la del plan de austeridad que se tuvo que aplicar el año pasado por el déficit presupuestal de 500 millones de pesos, lo que obligó a recortar los disparatados salarios y otras canonjías de las que disfrutaba la élite del Poder Judicial.
El único “pero” de Martínez Vázquez es que lo identifican con el grupo político del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local está vetando a la diputada Guevara Guembe para presidir la Comisión de Vigilancia, pese a la supuesta promesa que le habría hecho el mandatario estatal a la legisladora pozarricense.
Entrevistado el viernes pasado sobre las versiones periodísticas de que presuntamente de Palacio de Gobierno pretenden imponer a la diputada Cecilia Guevara en la presidencia de la Comisión de Vigilancia que recientemente se asignó al diputado Rafael Faranoni, el líder del Congreso local enfatizó: “Yo no me dejo, no me achico ante nadie, ni dejo que nadie meta manos aquí, no se hace nada que no sea decisión de los diputados y mediante consenso. Como coordinador hago sugerencias pero tengo que ser respetuoso de lo que diga la mayoría”.
“Todavía no hemos cerrado con los diputados de nuestro partido político, entonces, vamos a consensuar con ellos. Nosotros venimos de la izquierda y siempre hemos respetado la democracia, y si hay un compañero al cual yo estimo y aprecio es al diputado Fararoni. Yo tengo que oír a los diputados de Morena y esta semana se define”, aseguró.
