 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
Debido a la valiente denuncia de Ismael Díaz Guevara, un modesto empleado asignado a la Unidad Administrativa de la Contraloría General del Estado (CGE), donde desde hace varios años percibe un raquítico sueldo mensual de 10 mil 774 pesos, ha comenzado a trascender otra serie de presuntas corruptelas en esta dependencia que paradójicamente es la encargada de prevenir y sancionar todo tipo de ilícitos, excesos e irregularidades en el gobierno estatal mediante el sistema de control administrativo, que comprende auditorías internas y externas tanto a las entidades del sector público como a las privadas que dispongan de recursos públicos.
Según lo que ha trascendido hasta el momento, estos supuestos abusos habrían iniciado en el presente régimen de la Cuarta Transformación durante la administración de Leslie Mónica Garibo Puga, la primera contralora recomendada por la poderosa senadora con licencia y actual titular de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien solamente duró en el cargo menos de diez meses, del 1 de diciembre de 2018 al 13 de septiembre de 2019. Tras su salida de Veracruz, Garibo Puga se incorporó de inmediato a la Sener como jefa de la Unidad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
A la protegida de Nahle García le achacaron el encubrimiento de una presunta lista de personas que tenía sueldos asignados en la CGE de entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales, pero de los cuales –supuestamente– sólo recibían el 20 por ciento. Los datos habrían sido filtrados a los más altos funcionarios del Palacio de Gobierno, lo que provocó que Garibo Puga renunciara al cargo y en su lugar llegara Mercedes Santoyo Domínguez, quien se desempeñaba como directora general de Fiscalización Interna de la CGE pese a que es ingeniera bioquímica administradora en proceso de alimentos egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, y con una Maestría en Control de Calidad y Administración de la Producción que cursó en Japón.
Sin embargo, el cambio parece no haber erradicado esas mismas corruptelas. Y es que ahora ha trascendido que una supuesta operadora de la contralora Santoyo, identificada como Margarita Orozco y conocida en las redes sociales como “Maggie” Orozco, sería quien se dedica a reclutar personas dispuestas a firmar por 30 mil y hasta 45 mil pesos a cambio de recibir el 10%, o menos, mensualmente.
En esta trama de corrupción, alentada aparentemente desde el alto mando de la Contraloría, se mencionan también los nombres de la Maestra en Auditoría Emma Patricia García Rodríguez, a cargo del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud, y el del titular de la Unidad Administrativa de la propia CGE, Alfonso Sánchez García.
Los nombres y los supuestos contratos han empezado a ser difundidos en las redes sociales.
Su modus operandi presuntamente involucraría además a gente interna de la Secretaría de Hacienda que los darían de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentarían declaraciones y hasta movimientos fiscales, sin que la o el causante titular tenga conocimiento, según señalan.
Los cheques de nómina los cobraría “Maggie” Orozco, y el dinero de la parte que les toca los entregaría presuntamente en sobres afuera de la sucursal bancaria.
Según refieren, ella se encargaría supuestamente de reclutar a la gente, elaborar los contratos laborales “y hasta te gestiona la ‘efirma’ ante el SAT”.
Empero, su ambición desmedida por obtener más ganancias mediante este tipo de “moches” , la habría llevado a hacer contratos y dar de alta en la Secretaría de Hacienda a personas que nunca autorizaron utilizar sus nombres y en consecuencias ni siquiera estaban enterados de esta situación, porque nunca pudieron haber firmado el documento de recibido por la sencilla razón que radican en Estados Unidos, tal como ocurrió el 25 de octubre del 2021, cuando la misma Unidad Administrativa realizó el trámite para la información reservada o confidencial, eliminando el renglón correspondiente a datos personales como la nacionalidad, su Registro Federal de Causantes (RFC) y domicilio particular, como ocurrió con Rafael Antonio Rodríguez Morales , contratado supuestamente como “Prestador de Servicios”.
De acuerdo con el contrato 5ME/CG/UA/DRH/093.1/2021, Rodríguez Morales ostentó sólo un título de Maestría en Administración de la Seguridad Pública emitido por el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública, además de presentar Constancia de Situación Fiscal Empresariales y Profesionales expedida por el SAT.
Se borró su nacionalidad, su RFC y obviamente su domicilio fiscal.
Los servicios profesionales fueron como “Supervisor de Fiscalización”, sin perfil para el cargo, pues se le encomendaron los “servicios de vigilancia, inspección y control, tanto en etapa documental como física de obras públicas y servicios relacionados con ellas, aplicando la normatividad sobre el ejercicio presupuestal de los fondos estatales”, entre otras responsabilidades asignadas.
El pago fue de 42 mil pesos y el contrato es del 07 de julio al 30 de agosto del 2021. Rafael Antonio Rodríguez Morales no firmó al calce, sólo al final del contrato, aparentando cierta dificultad para hacerlo, aunque todo parece indicar que le falsificaron la firma ya que él radica en Estados Unidos.
El escándalo ha causado tal impacto que en los niveles medios de la Contraloría estatal se da por hecho que su titular, Mercedes Santoyo, estaría por correr con la misma suerte que su antecesora Leslie Mónica Garibo Puga, pero no necesariamente saltar a un buen puesto en el gobierno federal.
Sin embargo, comentan con cierta decepción que en caso de que Santoyo Domínguez fuese forzada a renunciar, su relevo podría ser Dulce María Pozos Zamora, a la cual le reconocen su perfil profesional ya que actualmente se desempeña como directora general de Fiscalización Interna de la CGE, pero en cambio le cuestionan su cercanía con el exdiputado local y exalcalde de Pánuco, Ricardo García Guzmán, quien fue contralor general del Estado en las administraciones priistas de los exgobernadores Miguel Alemán Velasco y Javier Duarte de Ochoa. En la Contraloría del sexenio duartista, Pozos Zamora fue ejecutiva de Proyectos de Seguimiento a Programas Estatales.
DESCANSO OBLIGADO
Con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año, esta columna dejará de publicarse a partir de mañana.
A todos nuestros lectores les deseamos que pasen una feliz y apacible Nochebuena y que reciban mucha salud y bienestar en el 2023.
Dios mediante, Al Pie de la Letra volverá a publicarse nuevamente el lunes 2 de enero del año entrante.
Agradezco mucho los presentes que generosamente me han enviado, pero sobre todo sus buenos deseos y bendiciones.
