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Prefacio.
No se confundan. El hecho de que el Congreso de Veracruz haya aprobado la propuesta de aplicar un subsidio extraordinario de 250 millones de pesos a la Universidad Veracruzana para el próximo año, no significa que la casa de estudios haya aceptado la considerable reducción (mil millones de pesos) al presupuesto que le corresponde. * El Consejo Universitario dejó muy claro que el rector le debe exigir al gobierno de Cuitláhuac García, el 4% del presupuesto general del estado, asumido en la concepción que se tenía antes de la reforma que este mismo gobierno promovió para definir al “presupuesto general del estado” -exclusivamente en el tema de asignación de presupuestos por porcentaje fijo- como “los recursos de libre disposición”. * El rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez está, pues, obligado a hacer uso de todos sus recursos (desde los políticos hasta los jurídicos) para conseguir que el gobierno estatal cumpla con lo que ordena la Constitución. * De no hacerlo así, incurriría en omisiones que pudieran tener consecuencias penales en su contra.
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Bien dicen que “el que al cielo escupe en la cara le cae”.
Quizá todavía afectado por los incontables festejos a los que ha asistido con motivo de las posadas decembrinas, al gobernador Cuitláhuac García, se le hizo oportuno afirmar que “una vez que corrió a los corruptos” que le antecedieron, la inseguridad disminuyó.
El mandatario aseguró que Veracruz se ubica en el lugar número 13 a nivel nacional en cuanto a homicidios dolosos a pesar de que al recibir la administración estatal la entidad estaba en el tercer lugar.
La cifra dada por el gobernador, por sí sola, ya preocupa, pues significa que en 19 de las 32 entidades del país se cometen menos delitos que en Veracruz.
“Desde que corrimos a los corruptos que nos antecedieron en el gobierno, hemos ido disminuyendo cada vez más estos delitos graves”, dijo orgulloso y aseguró que recurría a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
No dejó pasar la oportunidad para advertir que “otros estados” tienen índices más altos en cuanto a homicidios dolosos, y puso como ejemplo a Jalisco, entidad gobernada por Movimiento Ciudadano.
Ahí fue donde se resbaló, pues las cifras de violencia no le favorecen a Morena.
Tres de cada 10 homicidios dolosos que ocurren en México se registran en entidades gobernadas por algún político morenista.
En Baja California, Michoacán, Sonora, Guerrero y Zacatecas se reportaron 7 mil 247 (31%) de los 23 mil 351 homicidios dolosos que se registraron entre enero y septiembre de 2022. En los estados gobernados por el PAN (Guanajuato y Chihuahua) ocurrieron 3 mil 450 (14%), en las gestiones de Movimiento Ciudadano (Nuevo León y Jalisco) 2 mil 291 (9.8%) y en el PRI (Estado de México 1,696 (7%).
Incluso, si los homicidios dolosos se midieran en tasa por cada 100 mil habitantes, Morena también encabeza a los estados más violentos. Ocho de las 10 entidades que se ubican encima de la media nacional, de 92 eventos por cada 100 mil habitantes, tienen como cabeza a un político emanado de esa fuerza política: Colima, Baja California, Zacatecas, Morelos, Sonora, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
Pero hablemos de Veracruz.
Esta entidad se encuentra en el “top tres” entre los territorios con más feminicidios. De enero a octubre de 2022, el Estado de México registró 120 casos; Nuevo León 81 y Veracruz 60.
Vayamos al secuestro: Los estados con mayor incidencia acumulada en delito de secuestro son Veracruz (885), Estado de México (778), Ciudad de México (402), Puebla (203) y Morelos (190), lo cual en suma representan el 50.7% de total de secuestros a nivel nacional.
Si hacemos la medición por tasa de habitantes la estadística cambia, en primer lugar se mantendría Veracruz; le seguiría Coahuila, el tercer sitio lo ocuparía Morelos, y después seguirían Nuevo León y Oaxaca.
Vamos más allá:
Las cifras de los homicidios dolosos en el actual gobierno federal superan las que tuvieron los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Desde 2019 hasta noviembre del 2022, periodo del gobierno de López Obrador, se han contabilizado 137 mil 603 asesinatos, lo que representa un 13.14% más que el total de homicidios contabilizados en todo el gobierno de Felipe Calderón, cuando ocurrieron 121 mil 613 de estos delitos.
Hasta noviembre de este año, el gobierno actual se mantenía un 22% por debajo de los asesinatos registrados durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando en dicho periodo se contabilizaron 157 mil158 víctimas de homicidio.
Sin embargo, todavía restan dos años de la actual administración, por lo que, a decir de los expertos, de no revertir la tendencia actual, la cifra de homicidios superará los máximos históricos registrados con Enrique Peña Nieto.
Por eso no es bueno hablar con tal soltura de temas que no se dominan.
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Epílogo.
Los legisladores locales del Partido Acción Nacional (PAN) lo tienen muy claro: están frente a una estrategia de avasallamiento por parte de Morena, y lo que les queda a los grupos opositores es exhibir los abusos que se cometen, y combatirlos en los tribunales. * Es por ello que no cabe en estos momentos, para los diputados panistas, “jugar con el marcador” y apoyar en algunas votaciones a su partido, pero sumarse a la aplanadora en otros casos. * Bingen Rementería lo sabía, y a pesar de ello decidió sumarse a la bancada de Morena en la designación de los magistrados que integrarán el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev). * El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón; la senadora Índira Rosales, el diputado federal Carlos Valenzuela y los diputados locales Enrique Cambranis, Verónica Pulido, Jaime de la Garza y Miguel Hermida, denunciaron que Bingen Rementería dio su voto para que Morena pudiera “dar un zarpazo” al estado de derecho, violentando la separación de poderes y poniendo en peligro las garantías individuales referentes al acceso a una justicia imparcial. * A Morena no le alcanzaban los votos para imponer a los magistrados, pero un voto de la oposición -el de Bingen- le permitió alcanzar las cifras requeridas. * Las gestiones para su expulsión ya se iniciaron y eso tendrá un alto costo político, no para él, sino para su padre. * Hay buenas noticias: Los pronósticos de la zafra correspondiente al ciclo 2022-2023, se estiman en 6 millones de toneladas de azúcar. * El reporte del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca) destaca que en los últimos 10 años la superficie cosechada industrializada se ha incrementado 20 mil 000 hectáreas, y se observa una recuperación del rendimiento de campo de 3.4 toneladas por hectárea respecto a la zafra anterior.
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