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Al día siguiente que el gobernador Cuitláhuac García ventiló en conferencia de prensa el caso de Araly Rodríguez Vez –una modesta empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz que aparece como “proveedora” de diversas dependencias estatales que le han asignado contratos por más de 100 millones de pesos–, el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador del grupo legislativo de Morena, declaró que la lucha del mandatario veracruzano “en contra de la corrupción en la administración pública estatal es frontal y sin disimulos”, y que ahora “cualquier acto al margen de la ley se descubre y se sanciona, no se fomenta, ni se solapa, ni se encubre, como ocurría en el pasado”.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado afirmó que “esta lucha debe permear en todas las áreas del gobierno estatal, pero también en los poderes Judicial y Legislativo, así como en los órganos autónomos, porque en Veracruz se viven los nuevos tiempos de la transformación”.
“Quien no entienda que ya no puede hacer negocios al amparo del poder público, y pretenda seguir usando empresas ‘fantasma’ y prestanombres, así como esquemas que busquen burlar al Estado, se topará con un Gobernador decidido a sancionar cualquier acto de corrupción”, remarcó el líder camaral, quien demandó que así como se investiga también en el Órgano de Fiscalización Superior, en la Fiscalía General del Estado y en cualquier otro órgano autónomo, se deberán abrir investigaciones a fondo, que despejen cualquier sospecha de corrupción y, en caso de existir, se sancionen conforme a la ley.
Sin querer queriendo, Gómez Cazarín ha comprometido al gobernador para que actúe hasta las últimas consecuencias en el caso de Araly Rodríguez, quien ha venido recibiendo contratos desde 2019, coincidentemente al inicio de la actual administración estatal de Morena.
Ayer, molesto porque Movimiento Ciudadano lo comparó con Javier Duarte, Cuitláhuac respondió en conferencia de prensa que “yo soy honesto”, exigiendo que no lo comparen con el último exgobernador priista de Veracruz actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Sin embargo, es hora de que García Jiménez siga el ejemplo de otros mandatarios estatales de su partido.
En Sinaloa, por ejemplo, el gobernador morenista Rubén Rocha Moya destituyó anteayer a Luis Guillermo Benítez Torres como secretario de Turismo, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso local el inicio del juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional.
El exfuncionario, surgido de Morena, es acusado por desempeño irregular de la función pública durante su segundo periodo como presidente municipal de Mazatlán (2021-2024), cuando lo llamó Rocha Moya a su gabinete.
Benítez Torres enfrenta acusaciones ante la FGE y la Auditoría Superior de Sinaloa por un contrato de 400.8 millones de pesos otorgado a la empresa Azteca Lightning para la compra de 2 mil 139 luminarias, y por otros seis convenios que se adjudicaron de forma irregular para la adquisición de dos automóviles y cinco motocicletas que fueron regalados en un festival por el Día de las Madres.
En el oficio que le envió el gobernador sinaloense a su colaborador, le notificó: “Con esta fecha he sido informado por la FGE de Sinaloa que el Ministerio Público ha solicitado al H. Congreso del estado la declaratoria previa de procedencia a que se refieren los artículos 135 y 136 de la Constitución política del estado, a fin de abrir instancia judicial en la investigación de hechos que la ley señala como delitos contra el servidor público que conciernen a su persona en calidad de imputado.”
Y le expuso: “Es deber de quienes nos asumimos como participantes de la Cuarta Transformación de la vida pública de México observar una conducta ética, congruente con los principios y postulados que se enarbolan, con relación al combate a la corrupción en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 65 fracción segunda de la Constitución política de Sinaloa, por lo cual determino removerlo del cargo.
La separación, le puntualizó, “le permitirá como ciudadano ejercer los derechos que la Constitución mexicana y las leyes que de ella emanan, entre ellos el de la presunción de inocencia, en tanto no haya sentencia judicial que declare su responsabilidad en los hechos que en materia de investigación se le atribuyen”.
En Veracruz, en cambio, ni siquiera han llamado a cuentas a los exfuncionarios implicados en el fraude del Sistema Estatal de Videovigilancia instalado en la administración del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, donde se reportó una inversión total de mil 100 millones de pesos bajo contrato suscrito con la empresa COMTELSAT.
Como se recordará, las irregularidades encontradas incluyeron el funcionamiento de únicamente el 28 por ciento de 6 mil 324 cámaras, equivalente a mil 695, mismas que operaban con deficiencias. De los dispositivos instalados, el 72 por ciento no funcionaba, es decir, había un total de 4 mil 354 cámaras sin operar.
Y Hugo Gutiérrez Maldonado, quien como primer secretario de Seguridad Pública fue el encargado de la entrega-recepción, renunció en octubre pasado dejando al garete la denuncia penal que presentó en abril de 2019 ante la Fiscalía General de la República.
HUMO BLANCO EN LA
NORMAL VERACRUZANA
Por una diferencia de aproximadamente cien votos, este miércoles fue electo el maestro Gerardo Gómez Salas como director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rébsamen”, de Xalapa.
Sin embargo, trascendió que los otros dos candidatos, la maestra Flavia Beatriz Ramos García y el maestro Víctor Manuel Domínguez Meza, habrían declinado para respaldar la decisión de la Junta Académica.
Extraoficialmente se informó que las autoridades de la Dirección de Escuelas Normales habrían indicado que el proceso de selección continuará con la revisión de proyectos, documentos y entrevistas, y que finalmente correspondería al maestro Zenyazen Roberto Escobar, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), decidir quién asumirá la Dirección General de la BENV.
