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Ha pasado más de un año de que el diputado Marlon Ramírez evidenciara los millonarios contratos asignados por tres dependencias del gobierno estatal a la “empresaria” Araly Rodríguez Vez.
Más de cien millones de pesos le fueron asignados a esta mujer, ex trabajadora eventual de la Secretaría de Educación, por parte de las secretarías de Salud y Seguridad Pública, así del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF.
Luego de los señalamientos del mencionado legislador, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría ya debieron investigar un asunto que todavía no queda claro.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció en días pasados que se investigaría el caso, pero de los contratos ya pasaron más de dos años; y el asunto ni siquiera aparece en el dictamen del ente auditor correspondiente a la revisión de las cuentas públicas.
En la auditoría del ORFIS a la cuenta pública de 2020, por ejemplo, dicho ente emite recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, pero no observaciones que puedan representar un probable daño patrimonial.
Igual pasa en el resultado de la nueva valoración de la cuenta pública 2021: no hay observaciones.
El problema es que el tema no se ha aclarado y los argumentos gubernamentales resultan sumamente débiles.
El gobierno estatal no ha emitido una respuesta que aclare por qué le fueron asignados contratos por más de 100 millones de pesos a una mujer que evidentemente carece de capacidad empresarial y que para su registro en la Secretaría de Finanzas puso como domicilio fiscal una construcción rústica en una colonia de la periferia de Xalapa. Ese dato hace suponer que se trata de una empresa fachada.
Este fin de semana, la directora del DIF, Receba Quintanar, informó que a Araly Rodríguez se le otorgó un contrato por dos millones de pesos y que la mujer cumplió con los términos de acuerdo, sin que se detectaran anomalías; y tiró la pelota a la Secretaría de Finanzas y Planeación, al exponer que Rodríguez Vez contaba con registro vigente en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado.
Este martes, el titular de la Sefiplan, José Luis Lima, parecía acorralado cuando reconoció que para incluirle en el padrón de proveedores no fue revisado el domicilio fiscal de Araly Rodríguez.
El funcionario intentó explicar que la dependencia revisa que se cumplan los requisitos; recibe los documentos y comprueba la sana situación fiscal de quienes intentan registrarse, pero no practica una inspección en el domicilio.
Hasta hoy tampoco se ha aclarado por qué le asignaron contratos a dicha mujer incluso antes de estar inscrita en el padrón de Sefiplan.
En torno al caso de los millonarios contratos asignados a Araly Rodríguez hay más dudas que certezas; y más suspicacias que confianza en las autoridades.
En el asunto tendrán mucho que decir los ex titulares de las secretarías de Seguridad y Salud, Hugo Gutiérrez Maldonado y Roberto Ramos Alor, ambos actualmente fuera del gabinete, así como los responsables de las áreas administrativas y de control interno.
Ojalá el gobierno estatal ofrezca pronto los resultados de su investigación, una explicación creíble, convincente, y no deje pasar el tiempo porque un escándalo como el mencionado no se diluye tan fácilmente. @luisromero85
