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Con excepción de Gerardo Fernández Noroña, del PT, ninguno de los otros cinco aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación –nombramiento usado por la dirigencia de Morena para burlar la normatividad electoral, pues legalmente las precampañas presidenciales deben iniciar hasta noviembre próximo– ha reparado en las graves desviaciones en que están incurriendo algunos de sus gobernantes estatales y que ponen en entredicho los principios doctrinarios de la 4T.
A menos, claro está, que la incorporación de estos siniestros personajes en áreas estratégicas de gobernabilidad y procuración de justicia sea parte de una maquiavélica maniobra del grupo en el poder ante un previsible conflicto postelectoral que pudiera darse a mediados de 2024.
En Puebla, por ejemplo, el priista Ardelio Vargas Fosado –quien en mayo de 2006, durante la represión en San Salvador Atenco, Estado de México, era jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva– fue nombrado el miércoles antepasado subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación estatal, lo que indignó a organizaciones sociales y políticas ligadas a la izquierda, quienes ven en él una figura “caciquil y represora”.
Ante las críticas, el gobernador morenista Salomón Céspedes justificó que “el gobierno no lo hace un solo hombre ni una sola mujer, sino que lo hacemos todos”.
“Estos movimientos obedecen estrictamente a la mejora del gobierno, al cierre, a la gobernabilidad, a las áreas de oportunidad”, declaró Céspedes Peregrina, quien reemplazó al fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Céspedes ha realizado al menos 10 movimientos en su gabinete, algunos muy controversiales, por estar ligados al PRI y al finado exgobernador panista Rafael Moreno Valle.
Ardelio Vargas, quien fue acusado por un centenar de ejidatarios del municipio de Pantepec de estar involucrado en un operativo para despojarlos de sus tierras el pasado 30 de abril, sin tener en ese momento ninguna autoridad civil ni militar, es señalado como el cacique de la Sierra Norte de Puebla que mantiene actualmente a su hija Guadalupe Vargas Vargas en la alcaldía de Xicotepec.
Vargas Fosado fue jefe del Estado Mayor de la PFP durante el sexenio del panista Vicente Fox, cuando en 2006 se perpetró la represión contra miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en Atenco, Estado de México, gobernado entonces por el priista Enrique Peña Nieto. También fue secretario de Seguridad Pública en los primeros meses de la gestión del panista Moreno Valle como gobernador y luego dirigió el Instituto Nacional de Migración con Peña Nieto.
“Es un mensaje de mano dura para las organizaciones sociales en Puebla”, dijo José Luis Leyva, dirigente del Movimiento de Autogestión Social, Campesina, Indígena, Popular.
El único aspirante presidencial que reaccionó fue el petista Fernández Noroña, quien en su visita a Puebla calificó como desafortunada la inclusión de este personaje en el gabinete estatal, pues “es un funcionario de una larga trayectoria siniestra, que siempre ha sido cuestionado”.
A su vez, el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal, expresó que Vargas Fosado no encaja en la política de la Cuarta Transformación, pues recordó que “en Puebla reprimió a las normalistas de la escuela rural Carmen Serdán, de Teteles, por lo que creemos que es sumamente grave para el estado (su nombramiento) y demuestra una cara negativa rumbo al proceso electoral 2024 por la posición política que se le encomienda”, alertó.
Además de la represión en el poblado mexiquense de Atenco, refirió que Ardelio Vargas encabezó también los desalojos en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca cuando era jefe en la PFP, y que como titular del INM creció el tráfico de migrantes.
Por otra parte, en Quintana Roo, la gobernadora morenista Mara Lezama perfila para la Fiscalía General del Estado a Raciel López Salazar, polémico exdelegado de la FGR en el Edomex y hasta hace unos días en la entidad caribeña.
En Puebla fue secretario de Seguridad Pública de 2020 a 2021, pues fue destituido por el por el hoy finado gobernador Barbosa, quien lo señaló de estar rodeado de “un equipo de puro mafioso”.
López Salazar, originario de Tonalá, Chiapas, fue diputado del Partido Verde y procurador chiapaneco con Juan Sabines (2009-2012); luego fiscal durante la gestión de Manuel Velasco Coello (2012-2018), otro aspirante presidencial de la coalición obradorista; y, en 2019, Alejandro Gertz Manero lo nombró delegado de la FGR en el Edomex.
Tras la renuncia de Óscar Montes de Oca a la Fiscalía quintanarroense, Raciel López quedó como interino y está en la terna para concluir el período hasta 2027.
Apenas hace dos años, Raciel López fue destituido de la titularidad de la Secretaría de Seguridad en Puebla. El entonces gobernador Barbosa dijo que López tenía un grupo conocido como “Los Chiapanecos”, por ser cercanos a él desde puestos anteriores y cometieron distintas irregularidades.
Según refirió el diario Reforma, en abril de 2021 Barbosa lo destituyó luego de revelarse nexos con Alfonso Rustrián, un personaje detenido en Guatemala, el 30 de marzo de ese año, acusado de narcotráfico al tratar de transportar un cargamento de 550 kilos de metanfetamina hacia EU. Rustrián es hijo de quien fungiera como director general de Administración de la Secretaría de Seguridad con Raciel.
El diario capitalino añadió que junto con Rustrián también fue aprehendido Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, exalcalde de Aguililla, Michoacán, alias “El Frutos”, quien fue condenado a 10 años de prisión en EU por narcotráfico.
Además, recordó que Judith Torres Vera, quien era directora de Vinculación y Prevención del Delito en la gestión de Raciel López, igualmente fue señalada luego de que su hermano Eduardo Torres fuera asesinado en el río Suchiate, cuando trasladaban drogas desde Guatemala a través del “Cártel de Los Meléndez”.
Barbosa denunció que Raciel fue destituido luego de detectarse una red de extorsión y venta de privilegios en el penal San Miguel, donde se construyó un “pueblito” de lujos.
Los reos con mayor poder tenían privilegios en sus celdas. Las “suites” costaban hasta 15 mil pesos mensuales. Además, había venta de alcohol, drogas, entrada libre a sexoservidoras, fiestas y billar.
“Esto es motivo de una denuncia penal. Entraban prostitutas, sexoservidoras y les cobraban. Tenían servicios de baños, televisión, camas, todo”, acusó en su momento Barbosa.
Aún con esos antecedentes, el fiscal federal Alejandro Gertz lo rescató nuevamente en abril del 2022 y lo nombró delegado de la FGR en Quintana Roo, donde ahora acaba de asumir interinamente la Fiscalía General del Estado pero estaría por ser ratificado para concluir los cuatro años del periodo que no pudo concluir el exfiscal Óscar Montes de Oca.
