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Están por cumplirse 10 meses de la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero la policía estatal está peor.
Al abogado regiomontano lo sustituyó el Capitán de Navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien venía desempeñándose como subsecretario, y en la Dirección General de la Fuerza Civil fue designado Andrés Galeana Abarca, otro marino.
Con Gutiérrez Maldonado ocurrieron atrocidades como los casos de algunos detenidos que murieron a consecuencia de golpes y otros actos de tortura en los separos del antiguo cuartel de San José, en el centro histórico de Xalapa.
Hubo otro caso que enardeció a la opinión pública, cuando a principios de julio de 2021 dos niños de 13 y 15 años murieron en el fuego cruzado de una balacera entre civiles armados y policías estatales en la comunidad Guadalupe La Patrona, del municipio de Amatlán de los Reyes, en la región de Córdoba. La SSP explicó que en dicho fuego cruzado “tuvo como consecuencia dos menores de edad fallecidos”. Sus cuerpos quedaron tendidos en el patio de una vivienda y ambos estaban en bermudas y sandalias, ya que se dedicaban a lavar vehículos para obtener ingresos.
“Queremos verlos, no los hemos visto, no sabemos ni cómo quedaron. Ellos eran niños de trabajo, de estudio. No se vale que les hayan arrancado la vida como unos perros, cuando mis niños no eran malos. Ellos querían trabajar y estudiar”, reclamó la madre a los policías cuando resguardaban la escena del crimen.
En ese operativo de la SSP no hubo detenciones, debido a que los agresores se dieron a la fuga. Solo decomisaron un par de camionetas, un arma de fuego y droga. En cambio, se perdieron dos vidas inocentes. Fueron “daños colaterales”, tal como se justificaba en los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón, del PAN, y Enrique Peña Nieto, del PRI.
Ya desde el inicio de esta administración comenzaron a evidenciarse actos burdos de corrupción y la falta de capacitación de los cuerpos policiacos. En diciembre de 2018, el primer escándalo fue el robo descarado que policías realizaron en el domicilio de una familia de migrantes que habían venido de Estados Unidos a pasar las fiestas de fin de año en Santa Rosa, su pueblo natal perteneciente al municipio de Actopan. La denuncia escaló porque en la Fiscalía General del Estado no tenían todavía cómplices, pues en ese entonces aún despachaba Jorge Winckler Ortiz, fiscal heredado por el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Ahora, al gobernador Cuitláhuac García le ha estallado el escándalo del asesinato del joven estudiante universitario Alexis Moreno Mérida, quien fue acribillado la madrugada de este miércoles 9 en el puerto de Coatzacoalcos por elementos policiacos. Presuntamente a su amigo Raúl Solís Aldana, quien conducía el vehículo y no se quiso detener por temor a ser detenidos porque habían consumido bebidas alcohólicas, los uniformados le hicieron disparar un arma de fuego para inculparlo y así justificar el uso excesivo de la fuerza.
El mismo modus operandi que aplicaron con la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida por primera vez el 5 de junio pasado, a la que le taparon la cabeza hasta que llegó el cuartel de San José, donde –según afirmó– una vez recluida la hicieron disparar un arma de fuego en un tanque de arena porque no le pudieron demostrar ninguna acusación previa.
Tonatiuh Hernández Sarmiento, delegado en Coatzacoalcos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, declaró que en este año han recibido 18 quejas contra policías de la SSP por detenciones arbitrarias y tortura.
Anoche, después de sepultar a Alexis Moreno, de 23 años, sus familiares y amigos se fueron a manifestar a la sede de la Fiscalía General del Estado en Coatzacoalcos para
exigir justicia por su artera muerte y la liberación de su amigo Raúl Solís Aldana.
Ayer, el gobernador Cuitláhuac García dijo que ya se investiga este caso y afirmó que no habrá impunidad.
Y es que excesos policiacos como éste resultan inconcebibles en un gobierno que se dice de izquierda.
