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¿Alguien recuerda el caso del multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México (CDMX), por el que los familiares de las cinco víctimas –cuatro mujeres y un fotoperiodista de la revista Proceso– exigieron investigar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y al exsecretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita?
A ocho años de estos crímenes, los deudos denuncian que cada día que pasa pierden la esperanza de conocer la verdad y tener justicia, pues lamentan la falta de resultados de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, incondicional de la exjefa de Gobierno de la CDMX y fuerte aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
“Los familiares somos los investigadores y la Fiscalía no hace nada”, han recriminado a Godoy, que busca reelegirse por otros cuatro años más como titular de la Fiscalía capitalina.
Este caso fue tan impactante que Netflix estrenó en diciembre del año pasado el documental titulado “A plena luz: El caso Narvarte”, que ofrece nuevas evidencias y aporta elementos que ponen en duda la versión ofrecida inicialmente por el gobierno que encabezaba el ahora senador perredista Miguel Ángel Mancera, quien había sido procurador general de Justicia de la CDMX en la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012), otro aspirante presidencial de Morena.
“Este documental revela evidencias de corrupción y encubrimiento”, consigna la ficha técnica del material dirigido por Alberto Arnaut Estrada y producida por el periodista Diego Enrique Osorno.
El trabajo incluye una entrevista con el exgobernador Duarte de Ochoa, quien ha sido señalado por su presunta implicación en el homicidio luego de que el fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera decidieron exiliarse temporalmente de Veracruz. Según denunció Espinosa, sujetos desconocidos lo siguieron y acosaron afuera de su casa, tras la publicación de sus fotografías, entre ellas la publicada en la edición 1496 de Proceso, donde aparecía el mandatario bajo la leyenda: “Veracruz, estado sin ley”.
Cuestionado sobre el caso, el exgobernador respondió: “Aquí es de si sé o no sé. Y no sé”.
Sin embargo, entre los elementos expuestos en el documental se cuenta la alteración de la escena del crimen, la filtración de información, las declaraciones a priori y sin fundamento sobre el presunto móvil, la obtención de pruebas sin cadena de custodia, la desaparición de objetos personales de las víctimas, la presión, manipulación y maltrato de las autoridades hacia los familiares de las víctimas, la estigmatización, discriminación y revictimización de las mismas, entre otras.
El domingo pasado, en la víspera del octavo aniversario del multihomicidio, familiares de las víctimas denunciaron que una persona “estrechamente relacionada” con los asesinos trabaja actualmente en la Fiscalía de la CDMX a cargo de Ernestina Godoy, pero que inexplicablemente no ha sido investigado.
Se trata de Luis Javier García Saldaña, agente del Ministerio Público Auxiliar A de la Fiscalía capitalina, padre de Alejandro “N”, cuyo número telefónico fue ubicado en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón el 31 de julio de 2015, justo a la hora en que fue cometido el crimen.
“A pesar de su clara conexión con los hechos, Alejandro ‘N’ nunca fue investigado por la Fiscalía, simplemente se le dejó fuera del proceso judicial sin explicación alguna”, aseguran los familiares en un video que difundieron la noche del domingo 30 de julio. En él señalan que, cuando ocurrieron los hechos, García Saldaña era suegro de César Omar Martínez Zendejas, una de las tres personas presas que ya fue sentenciado.
De hecho, según los familiares de las víctimas, el expolicía Abraham Torres Tranquilino, quien también está sentenciado, “ha afirmado en varias ocasiones ser una persona muy cercana a Luis Javier García Saldaña y a su familia”. Inclusive muestran una fotografía en la que se ve a Torres conviviendo con Alejandro “N”.
En el video, las familias reiteran lo expuesto en el documental de Netflix estrenado hace siete meses: que aún falta identificar a dos personas relacionados con los hechos que aparecen en los videos tomados después del crimen y que, a la fecha, la Fiscalía no conoce su identidad.
En las imágenes, los familiares de las víctimas se preguntan: “¿qué espera la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para empezar una investigación seria sobre la posible participación de Luis Javier García Saldaña y su hijo en los hechos de la colonia Narvarte?”.
SHEINBAUM RETORNA A VERACRUZ
Si no hay cambio de última hora en su agenda, el próximo viernes 11 de este mes estará nuevamente Claudia Sheinbaum en la entidad veracruzana. En esta ocasión, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México presidirá asambleas informativas en Córdoba y Zongolica, mismas cabeceras distritales que acaba de visitar el exsecretario de Gobernación y aspirante presidencial, Adán Augusto López.
Según nos dicen, el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín ya prepara la logística para recibir como se debe a la supuesta “corcholata” favorita del presidente López Obrador para sucederlo en 2024.
MUJERES: DOBLE VIOLENCIA
Lastimar o utilizar a hijas e hijos para causarle daño a la pareja es violencia vicaria y un delito que se castiga hasta con cinco años de cárcel. Para sancionarlo, el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eso, al menos, dice la publicidad de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, una lectora de esta columna –cuyo nombre nos reservamos a petición expresa de la aludida– nos dice muy decepcionada que en Veracruz esto no se cumple al pie de la letra.
Nos comparte la amarga experiencia que pasó cuando quiso presentar una denuncia en contra de su excónyuge por el maltrato que, en estado de ebriedad, ejerce en contra de su hijo más pequeño, al que obliga a comer en exceso hasta hacerlo vomitar.
La atribulada mujer acudió al Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) del Estado de Veracruz que coordina la licenciada Irma Hernández Sangabriel, pero acusa que después de presentarse durante tres días al final le salieron con que “no se puede hacer la denuncia por falta de pruebas y por falta de certeza de hechos” ya que las declaraciones de su hijo menor no son concisas en cuanto a horarios y días.
Nos dice que el primer día que acudió al CEJUM permaneció de 10:00 A.M. a 11:00 P.M.; el segundo de 10:00 A.M. a 5:00 PM, y que el pasado jueves la tuvieron esperando tres horas para decirle lo que su expareja ya le había anticipado socarronamente: que su denuncia no procedería.
Sorprende esta falta de empatía de la autoridad con esta atribulada madre separada, ya que en propias palabras de la licenciada Hernández Sangabriel, el CEJUM “fue pensado con el firme propósito de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres y lograr un Veracruz más justo y con igualdad de derechos”.
