 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
Anteayer, en una meteórica sesión extraordinaria de mero trámite, el Congreso local, por mayoría calificada –con 34 votos a favor de sus 50 diputados integrantes, aunque algunos estuvieron ausentes–, aprobó la designación de una magistrada, dos magistrados y dos consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no obstante que, previamente, en una carta abierta dirigida al gobernador Cuitláhuac García y a los diputados de la LXVI Legislatura, difundida en redes sociales, miembros de las Barras, Colegios, Asociaciones, Federaciones y Alianzas de Abogados de la entidad expresaron al mandatario y a los legisladores veracruzanos “nuestra más profunda preocupación por la inminente descomposición del Sistema de Justicia en nuestro estado”, por lo que les exigieron que los candidatos a las magistraturas que estaban por proponer “sean profesionistas con un alto sentido de responsabilidad, probidad, formación académica en derecho y experiencia en el funcionamiento de Juzgados y Salas del Tribunal Superior de Justicia”.
Y es que referían “que de los 22 Magistrados que han sido nombrados durante el periodo que abarca del año 2019 a la fecha, la mayoría de ellos no cuentan con el perfil que exige el alto compromiso de impartir justicia a los veracruzanos, de un total de 33 Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado como lo marca el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Veracruz; así como no cumplen el requisito de guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la propia de nuestro Estado, las Leyes que de ellas emanan y los Principios Fundamentales de Derecho.”
“Lo anterior –puntualizaban– ha provocado la decadencia en la impartición de justicia en nuestro estado, el cual ocupa el lugar 23 de 32 estados según el índice del estado de derecho, realizado por WORLD JUSTICE PROYECT (Proyecto de Justicia Mundial) 2022-2023.
“De igual forma, el estado de Veracruz se encuentra en la posición 32 de 32 estados en Justicia Civil y en el lugar 30 de 32 en Justicia Penal, generando un severo detrimento en la calidad de la JUSTICIA.
“Con lo anteriormente expuesto se vulnera flagrantemente el derecho humano de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Por lo que de manera contundente les pedimos que, al momento de hacer las propuestas y designaciones de los nuevos Magistrados, estos nombramientos recaigan en profesionales del derecho que cumplan con los requisitos necesarios de perfil, honestidad, independencia, ética y carrera judicial probada.
“Finalmente es por este conducto que pedimos un YA BASTA a la improvisación y al compadrazgo político de quienes deben velar por la Justicia de nuestro estado.”
Sin embargo, contrario a lo que demandaban las agrupaciones de abogados veracruzanos –e inclusive en contra también de lo que en el nivel federal Morena tanto ha criticado al PAN y PRI por su política de “cuotas y cuates”–, la bancada del grupo en el poder, con el aval de las dos diputadas de Movimiento Ciudadano (sí, esas del partido naranja que ahora en campaña presume su discurso de la “nueva política”) y el voto a favor de los ex priistas y ex panistas, aprobaron los nombramientos de Claudia Marlene Galán Espinoza, Arturo Sosa Vázquez y Humberto Oliverio Hernández Rudecindo, como nuevos magistrados del Poder Judicial del Estado.
Hernández Reducindo, como ya se sabe, pasó primero de director de Servicios Jurídicos en el Congreso local a representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, cargo que asumió el 26 de marzo de 2020 y vencía hasta el 25 de marzo de 2025. Militó en el PAN y luego se acercó a MORENA. Inicialmente se vinculó al entonces poderoso secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pero luego lo traicionó y se alió con el coordinador de los diputados del partido guinda, Juan Javier Gómez Cazarín, cuyo principal operador legislativo es otro ex panista: Domingo Bahena Corbalá, el cual repite como secretario general en la LXVI Legislatura.
Al otro nuevo magistrado, Arturo Sosa Vázquez, quien de 2018 a 2020 fue director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y luego, de 2020 hasta principios de este año estuvo a cargo de la Dirección General de Patrimonio del Estado, lo vinculan con el poderoso subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, primo del gobernador Cuitláhuac García y líder de la asociación civil Unidos Todos, quien impuso en agosto de 2020 como directora general de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado a su ex auxiliar en la Sefiplan, Joana Marlen Bautista Flores, la cual fue destituida en septiembre del año pasado y ahora es investigada por la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado que inició cuatro indagatorias por diversos delitos, entre ellos por una presunta red de empresas fantasma a la que le imputan un daño patrimonial de casi 50 millones de pesos.
Claudia Marlene Galán Espinoza, flamante magistrada, es un caso especial. Según las referencias que nos dan, ella no cuenta con carrera judicial y apenas está aprendiendo a realizar proyectos. Tenía varios años en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero sólo en puestos administrativos. Sin embargo, nos dicen que es muy cercana al gobernador Cuitláhuac García, pues se asegura que el mandatario fue novio de su hermana Miriam Galán, cuando ésta era alumna de García Jiménez en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana (UV) y a la que habría ayudado para que entrara a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Supuestamente, la ex “novia” de Cuitláhuac le habría pedido al Ejecutivo estatal que hiciera magistrada a su hermana, lo que finalmente le cumplió.
