Cuitláhuac García está cumpliendo el compromiso que hizo con sus colaboradores: los está acercando a Rocío Nahle, para que la gobernadora electa “los considere” en su próximo equipo de trabajo. * Lo hizo con el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) Sergio Rodríguez Cortés, y una operación similar realizó con la magistrada presidente del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez. Antes acercó a la responsable de la Fiscalía del estado, Verónica Hernández. * Sus esfuerzos, sin embargo, han sido infructuosos. Rocío Nahle tiene una detallada radiografía del equipo que acompañó durante seis años a Cuitláhuac García, y sabe muy bien quiénes llegaron a sus cargos gracias al impulso del exsecretario de Gobierno, Éric Cisneros, lo que de manera automática los descalifica. * En esos tres casos (PMA, PJE y FGE) se han elaborado detalladas carpetas con las inconsistencias en las que habrían incurrido. No sólo se han quedado fuera de la posibilidad de conseguir sostenerse en sus cargos, sino que deberán responder ante la ley. * Sergio, Aurelia y Verónica saben muy bien quiénes le proporcionaron a la gobernadora electa la información para armar esas carpetas y asumen que será muy complicado que salgan bien librados si les inician procesos penales. * La única carta con la que cuentan, es que su amigo, su jefe, el actual gobernador, abogue por ellos. * Ya no son los tiempos en los que llegaban con un maletín repleto de billetes y conseguías la ratificación. Hoy te arrebatan el dinero y te meren a la cárcel.
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De las dimensiones del fracaso en el sector Salud (hace apenas una semana el gobernador Cuitláhuac García reconoció que más de 2 millones de veracruzanos perdieron el acceso a los ser vicios de salud), es el de la Seguridad.
El gobernador veracruzano ha admitido que permitió que una corporación policiaca funcionara durante toda su administración, a pesar de tener conocimiento de sus constantes abusos y violaciones a los derechos humanos.
Aunque ordenó que se emitiera un comunicado en el que aseguraba que en los siguientes días se publicaría el decreto para la desaparición de la Fuerza Civil (órgano policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública) es la hora en que sigue sin ser emitido ese ordenamiento y ni el gobernador, ni los responsables de la seguridad de los veracruzanos, han dado una explicación.
Y mientras tanto, la delincuencia hace lo que quiere en todo el territorio estatal. “Levantones” y atentados en Poza Rica y municipios aledaños; ataques a comercios y extorsiones en Coatzacoalcos, sin que las fuerzas estatales hagan algo por enfrentar a esos grupos criminales.
La madrugada de este domingo, en Coatzacoalcos, las palapas-restaurantes “Langostinos” y “La Bocana” fueron atacados e incendiados de forma simultánea por comandos armados.
Sujetos armados lanzaron artefactos incendiarios -las que se conocen como “bombas Molotov”- para provocar los incendios.
El primer ataque sucedió la noche del sábado en la calle Úrsulo Galván esquina con Juventino Rosas de la colonia Puerto México, el restaurante Langostinos resultó con pérdida total. Al lugar acudieron los elementos de Protección Civil y Bomberos para sofocar el fuego.
Minutos después, ya en la madrugada del domingo en el negocio conocido como “La Bocana”, ubicado en prolongación de Zaragoza casi esquina con independencia de la colonia María de la Piedad, ocurrió el segundo ataque.
Horas más tarde, la página oficial de esas dos negociaciones (del mismo propietario) confirmó que se trató de un ataque perpetrado por la delincuencia y anunció que los dos restaurantes cerrarán sus puertas de manera definitiva.
Tan solo en lo que va del presente año, otros tres restaurantes han sufrido por ataques, que disfrazaron como “incendios provocados por cortos circuitos”.
En la actual administración estatal la policía sólo ha servido para una cosa: reprimir a ciudadanos que se atreven a exigir sus derechos.
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Epílogo.
Un escándalo de dimensiones nacionales está por estallar en Martínez de la Torre. Una banda de pillos, con el respaldo de funcionarios municipales, se han dedicado a defraudar a mucha gente vendiéndoles terreno que no son de su propiedad. * Es más, se trata de predios que forman parte del fundo federal, por lo que ya tomó conocimiento de estos hechos la Fiscalía General de la República (FGR). * Lo que se sabe es que servidores públicos del ayuntamiento, con acceso a las oficinas de Catastro, han emitido documentos que sugieren que un particular es propietario de los predios, pero ante una revisión detallada se ha descubierto que los vendedores no son propietarios y que están utilizando una Asociación Civil como disfraz para ocultar los fraudes. * Una de las personas agraviadas ya contrató los servicios de un abogado penalista de prestigio para llegar al fondo de estos casos. * En aquella zona, rumbo a Poza Rica, se siguen presentando denuncias contra jueces del fuero común que trabajan en complicidad con magistrados de Xalapa para despojar a personas de la tercera edad de sus propiedades. * De estos casos ya tienen conocimiento en el Consejo de la Judicatura y muy pronto se anunciarán sanciones ejemplares para los involucrados.
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