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Hace casi 18 años, a mediados del sexenio del ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán, ocurrió en la sierra de Zongolica un crimen atroz: la violación tumultuaria de una indígena septuagenaria, por un comando militar.
En las primeras investigaciones surgieron las versiones de que Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años, había sido víctima de violación y asesinato por parte de varios militares del Ejército que patrullaban esa serranía en la región central de Veracruz. Finalmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo entonces del fiscal fidelista Emeterio López Márquez, cerró la investigación en mayo de ese año, al concluir que la adulta mayor indígena había fallecido de causas naturales. Sin embargo, el dictamen judicial fue puesto en duda por distintos grupos de defensa de los Derechos Humanos.
En un artículo titulado “Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, publicado en aquel momento por Marcela Lagarde en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, la autora menciona los hechos de forma más detallada sobre esa trágica muerte. “Doña Ernestina, mujer indígena de 73 años de edad, fue encontrada muerta el 25 de febrero del 2007. De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la anciana fue violada tumultuariamente por elementos castrenses, al parecer, pertenecientes al 63° Batallón de Infantería de la 26ª zona militar de El Lencero, Veracruz. El ejército se deslindó rápidamente de las inculpaciones y el parte oficial forense declaró que la causa del deceso de la infortunada mujer había sido anemia y diversas complicaciones gastrointestinales. La propia CNDH avaló entonces el dictamen oficial, mismo que causó gran polémica al no ser compartido ni por los familiares de la víctima ni por buena parte de la opinión pública nacional que continuaron sosteniendo la primera versión”.
Las presiones del gobierno de Herrera Beltrán hacia los familiares de la víctima y los medios de comunicación, fue “apabullante”, como en su momento calificó la revista Proceso el operativo mediático sobre este escandaloso caso, destacando que “con la excepción de algunos medios impresos como La Jornada, Proceso y otros periódicos locales de Veracruz más la puntual cobertura de Carmen Aristegui en W Radio, todos los demás medios optaron por reproducir textual las versiones oficiales”.
Once años después, en febrero de 2018, al final de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto –a quien Herrera Beltrán pretendió disputarle la candidatura presidencial del PRI en 2012–, la CNDH decidió retomar el caso y examinarlo nuevamente.
En su edición impresa de ayer, el diario La Jornada publicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) convocó al Estado mexicano a una audiencia pública por el caso de Ernestina Ascencio Rosario.
De acuerdo con la versión del diario capitalino, a esta comparecencia, que se realizará el 30 de enero próximo –la primera por estos hechos–, también fueron llamados los representantes de la víctima, hijas e hijo de la mujer indígena, testigos y peritos.
En la notificación de la audiencia, la Coridh indicó que ésta se realizará en el marco del 172 Periodo Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica, para recibir alegatos y observaciones, reparaciones y costas, así como declaraciones de las partes.
El caso llegó a ese tribunal el 11 de junio de 2023 a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que Ernestina Ascencio fue víctima de violación sexual por militares, “la cual constituyó tortura y atentó contra sus derechos a la integridad personal, honor, dignidad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”.
La CIDH consideró especialmente grave el tipo y cifra de agresores y la avanzada edad de la víctima.
LOS ‘MIGUELES’ YUNES, AUSENTES EN
EL TERCER INFORME DE PATY LOBEIRA
¿De plano no los invitaron o es que sí les corrieron la invitación, pero tanto el senador Miguel Ángel Yunes Márquez como su padre y suplente Miguel Ángel Yunes Linares no se presentaron anteayer al penúltimo informe de labores de la alcaldesa porteña Patricia Lobeira por temor a recibir rechiflas y gritos de “traidores” de los asistentes que primero acudieron al recién remodelado Zócalo y luego, obligados por el aguacero, tuvieron que trasladarse al teatro Francisco Xavier Clavijero?
Y es que de la familia política de la alcaldesa panista solamente estuvieron presentes el diputado local Fernando Yunes y la madre de éste, Leticia Isabel Márquez Mora.
Pero lo que más llamó la atención es que ni el esposo de la munícipe porteña y tampoco su suegro Yunes Linares tuvieron la atención de felicitarla siquiera con un mensaje de reconocimiento a su labor edilicia a través de las redes sociales.
¿Y así quieren retener su feudo en las elecciones municipales el año entrante?
