Buganza, ayer

El pasado 24 de abril, en el festejo del Día del Policía en Boca del Río, el gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo que la integración de una buena policía, dejar buenos policías será el legado de su administración.
Su deseo seguramente lo sustenta en el tiempo, la dedicación y esfuerzo personal, así como en la inversión económica que ha hecho para tratar de garantizarnos la seguridad, que si la comparamos con la de Michoacán, Tamaulipas o Guerrero, ahí la lleva.
Pero creo que también, si en lo que resta de su administración decide y ordena ir a fondo en los casos de fraude de empresas, daño patrimonial al erario público y corrupción de funcionarios y ex funcionarios, detectados, denunciados y hechos públicos, si los combate con firmeza y determinación, pasará a la historia como un gobernador que combatió con hechos la impunidad.
Las ocasiones se le están presentando con una gran oportunidad, que si las aprovecha lo catapultarán a los ojos del jefe político del país, Enrique Peña Nieto, quien tiene en la cárcel a ex gobernadores (Granier, Reyna, Reynoso), a alcaldes, y a dirigentes como Elba Esther Gordillo y va por el “minero” Napoleón Gómez Urrutia, aunque falta Deschamps; mejor, lo lanzarán hacia arriba a ojos de los veracruzanos con quienes es su compromiso directo.
Aparentemente, Gerardo Buganza Salmerón no dijo ayer nada nuevo que no se supiera sobre el proyecto de construcción del túnel sumergido del río Coatzacoalcos: que es un desastre.
Para los titulares de los medios queda el anuncio de que desde el pasado 9 de diciembre hay una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de que la construcción se transparentará “caiga quien caiga”.
Pero su testimonio en el Congreso local tiene el valor de ser la voz oficial que precisa o confirma datos, fechas, montos, irregularidades y fija la posición del Gobierno sobre el caso.
De lo que dijo se deduce que, por ejemplo, le resulta cita al ex secretario de Comunicaciones, Guillermo Herrera Mendoza, hoy flamante subdirector de Turismo, para que explique, por ejemplo, porqué un día antes de concluir la anterior administración estatal, cuando él estaba al frente de la dependencia, se hizo un reconocimiento de adeudo por mil 60 millones de pesos a favor de la concesionaria del túnel sumergido del río Coatzacoalcos comprometiendo además desembolsos a través de Programas Operativos Anuales de la entonces Secretaría a su cargo por 150 millones en el 2011 y 203.7 millones en el 2012, así como mil 585 millones de pesos del 2% a la Nómina, contraviniendo lo dispuesto en el Código Financiero del Estado.
Escuchando atentamente la grabación de lo que Buganza expuso, se resume lo siguiente:
La revisión técnica realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un sobrecosto de 12 millones 650 mil 292 pesos por precios unitarios elevados por conceptos extraordinarios, así como conceptos cobrados pero no ejecutados por 65 millones 40 mil 19 pesos, algo similar a los puentes que se cobraron y no se construyeron o no se concluyeron.
Hay conceptos sin dictamen y soporte que justifique su ejecución y control por 8 millones 291 mil 479 pesos, y otros carentes de soporte de volumetría y análisis de precios extraordinarios por 132 millones 981 mil 32 pesos. Los costos indirectos de la obra fueron de 43% y existe retraso en el programa de ejecución de los trabajos.
En cuanto a la auditoría financiera, se estableció que el proyecto original contemplaba una inversión total de 2 mil 66 millones de pesos, y a la fecha alcanza ya los 4 mil 913 millones, de los cuales 73.2% son recursos públicos y del concesionario, o sea privado, 26.8%, siendo de este último monto un capital de riesgo de 389 millones de pesos que representan 7.9%.
Actualmente la parte de los créditos está siendo amortizada con recursos públicos procedentes del Puente Coatzacoalcos I, o sea, con lo que pagan los usuarios.
El título de concesión del Puente Coatzacoalcos I, otorgado el 27 de agosto de 2004, establecía que cuando menos 70% de los ingresos se destinarían al túnel y el 30% restante para la operación y mantenimiento menor del puente. Sin embargo, en un convenio de apoyo financiero de marzo de 2007 se modificó el porcentaje para quedar 85%-15%, lo que actualmente ha representado 146.4 millones de pesos más a la aportación de recursos públicos.
Además, se detectaron probables irregularidades de tipo fiscal, principalmente relacionadas al IVA, por parte de la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, SA de CV en la que participan las empresas CAABSA Construcciones, Concesiones Viales, FCC Construcciones, Obras Portuarias de Coatzacoalcos y MATRIX Concesiones, IVA que tuvo que pagar el Gobierno del estado debido a observaciones del Orfis por un monto de 107 millones de pesos, dinero que pudo ser invertido en la construcción, dinero que salió de los bolsillos de los contribuyentes veracruzanos.
Tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el ORFIS realizaron auditorías de los ejercicios 2008 y 2009 la primera, y de 2012 la segunda, y coinciden en la existencia de diversas irregularidades financieras y técnicas; en particular, la ASF determinó la existencia de un importante desfase temporal en la ejecución de la obra y con base en ello consideró procedente imponer penas y hacer efectivas las garantías correspondientes.
Del repaso que Buganza Salmerón hizo de los antecedentes, concluyó que a casi diez años de que se otorgó la concesión el túnel no se ha concluido, existe incumplimiento de la concesionaria y el equilibro financiero se ha perdido.
Según dijo, el pasado 9 de diciembre presentó la denuncia de hechos ante la PGJE, por lo que se inició la averiguación previa 130 E/2013 que involucra principalmente al consorcio Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, pero también, aunque no lo dijo pero queda implícito, a funcionarios del sexenio pasado que permitieron y participaron de las irregularidades.
El titular de la actual SIOP expresó que presentó la denuncia para que se iniciara la investigación correspondiente y se determine quién o quiénes son probables responsables, a fin de que agotado el procedimiento de investigación la Procuraduría local ejercite la acción penal que corresponda y se repare el daño causado al erario público.
Pero además sentenció: una vez que sea publicado el Acuerdo Delegatorio de Facultades que le otorgue el gobernador Javier Duarte de Ochoa iniciará las acciones legales que resulten procedentes con el propósito de que la obra se concluya y entre en operación.
El cordobés puntualizó que la conclusión inmediata es uno de los compromisos de Duarte, aunque se entendería que eso será posible en la medida en que avance rápido la investigación, se resuelva el proceso en el menor tiempo, se resarza el daño económico y, si ello es posible, se castigue penalmente a los responsables. Seguramente por eso no se atrevió a poner fecha.