Combatir la corrupción

Para los implicados o presuntos implicados en el mal uso de recursos públicos, funcionarios y exfuncionarios de la actual y de la pasada administración denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Procuraduría General de la República (PGR), la noticia no puede ser más aflictiva: ayer el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Es de tal relevancia o el Presidente le da tal relevancia al asunto que los principales diarios de la Ciudad de México publicaron en primera plana –por interés periodístico o porque la Presidencia pagó las inserciones– un artículo del propio Peña Nieto en el que explica en qué consiste el Sistema Nacional Anticorrupción y la fuerza que da a la ASF (por si alguien quisiera restarle importancia al organismo).
Si Peña va adelante en contra de la corrupción y para ello establece un nuevo marco legal, entonces cabe pensar que no habrá borrón y cuenta nueva, perdón, para los acusados formalmente por la ASF ante la PGR en noviembre pasado por un desvío de casi 2 mil 500 millones de pesos provenientes de fondos federales que debieron haber sido aplicados a salud y educación en el estado lo que no se hizo, según concluyó la ASF.
En una declaración que me hizo vía telefónica el pasado 7 de mayo, un día después de que el Congreso de la Unión aprobó –priistas incluidos a favor– un punto de acuerdo presentado por el senador panista Fernando Yunes Márquez para exhortar a la PGR a que ejercite acción penal en contra de los responsables, el diputado federal Alejandro Montano Guzmán me dijo que no se debía pretender presionar a la Procuradora Arely Gómez ni establecer plazos legales, pero también que no podían votar en contra cuando ellos mismos, a iniciativa del presidente Peña Nieto, acababan de aprobar leyes de transparencia y anticorrupción.
La importancia que le da Peña al asunto se explica porque está urgido de tratar de lavar su imagen luego del escándalo por su “Casa Blanca” y por la “casita” de descanso de Luis Videgaray, y seguramente querrá tratar de acabarnos de convencer de que va en serio no sólo con la promulgación de la reforma constitucional ayer sino pasando de las palabras a los hechos, y necesita y le urge tener en quién poner un ejemplo, y los señalados funcionarios y exfuncionarios veracruzanos se le ponen de pechito.
El propio Presidente reconoció ayer que hay incredulidad hacia el combate a la corrupción. En Veracruz existe ya un caso en marcha que pone a prueba la palabra presidencial, la denuncia concreta de un organismo fuera de toda sospecha como lo es la ASF, cuyo fortalecimiento en sus atribuciones anunció él mismo. Cuando veamos que se actúa, entonces empezaremos a creerle.
Por su importancia, publico también íntegro el mensaje del Presidente, cuyo título es el mismo que he puesto a esta columna:
“Combatir la corrupción
Por Enrique Peña Nieto *
En nuestro país estamos viviendo uno de los procesos de transformación institucional más importantes de nuestra historia moderna. Por primera vez en décadas, entre las principales fuerzas políticas hemos revisado y reorganizado a fondo nuestro sistema político, económico y social, a partir de 11 grandes reformas. Hemos adaptado la propia estructura del Estado, para convertir a México en el país que todos queremos. Sin duda, lograrlo depende de que todos, sociedad y autoridades —de los tres poderes y de los distintos ámbitos de gobierno—, actuemos con profesionalismo, integridad y honradez.
En 2014, el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional nos ubicó en el lugar 103 de 175 naciones. Si bien es cierto que en todos los países del mundo se percibe corrupción, es inaceptable que México tenga una evaluación tan baja.
Por ello, el día de mañana (hoy) promulgaré la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Se trata de un cambio de gran relevancia, producto de un ejercicio inédito de discusión y construcción de acuerdos, en el que participaron todas las fuerzas políticas y –de manera determinante– la propia sociedad civil, enriqueciendo la iniciativa con sus ideas y propuestas.
México ahora contará con un Sistema Nacional Anticorrupción. Esta instancia coordinará a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellas responsables de fiscalizar los recursos públicos. El Sistema contempla un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco mexicanos distinguidos que, junto con las autoridades, velará por los intereses de la sociedad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se consolidará como el máximo órgano de fiscalización y, por ende, en piedra angular de este nuevo esquema. Sus nuevas atribuciones le permitirán realizar auditorías en tiempo real, cuando posibles ilícitos están siendo cometidos. Ahora, también podrá vigilar el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que utilizan recursos públicos.
Esta reforma prevé que la cuenta pública pueda ser fiscalizada a partir del primer día del año y no hasta abril, como ha venido ocurriendo. Además, con pleno compromiso a favor de la legalidad, aumenta a siete años la prescripción de faltas administrativas graves; esto significa que los mecanismos de justicia administrativa tendrán un carácter transexenal.
Otra de las nuevas disposiciones de esta reforma transformadora —la número doce— es que los próximos titulares de la Secretaría de la Función Pública deberán ser ratificados por el Senado de la República. Esto, con el objetivo de generar esquemas de corresponsabilidad entre poderes y garantizar la imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, para mí el cambio más relevante de este nuevo paradigma es que, por primera vez, nuestra Constitución reconoce que, tanto ciudadanos como servidores públicos, somos corresponsables de combatir la corrupción. De hecho, podrán ser castigados funcionarios, particulares y empresas que hayan participado en este tipo de actos. Mientras que los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno serán sancionados hasta con penas de prisión, las empresas pueden llegar a ser disueltas. Este tipo de decisiones serán tomadas por tribunales independientes, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que contempla el nuevo marco legal, o sus equivalentes en las entidades federativas.
Con esta reforma, México avanza en su propia transformación, impulsando la integridad en la vida pública del país. Ningún proyecto jurídico puede, ni debe considerarse, un producto terminado. Hacia adelante, será necesario generar nuevos consensos para dar forma a las instituciones y leyes secundarias que integrarán el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Una vez promulgada, la adecuada implementación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción nos convocará a todos; a ciudadanos y empresarios; a poderes y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
La construcción de una nación de instituciones más sólidas, autoridades más honestas y ciudadanos más participativos, es una responsabilidad compartida. México es de todos; asumamos juntos, con valor y determinación, este desafío.
* Presidente de México”.
¿Marcha la alianza PAN-PRD para 2016?
Mmmm. Publicó ayer Francisco “Pancho” Garfias, columnista especializado en asuntos parlamentarios, en su leída columna del diario Excelsior: “Gustavo Madero y Alejandro Zapata se reunieron con Los Chuchos Ortega y Zambrano, en el Suntory de la Colonia del Valle. Difícil saber de qué hablaron. Los cuatro se encerraron en un privado, cuentan testigos presenciales. ¿Alguna alianza en puerta?” ¿La alianza de la que habla el mismo director editorial de ese periódico, Pascal Beltrán del Río, que incluiría a Veracruz para 2016 con Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a la gubernatura de azules y amarillos?