El Orfis y la Secretaría de Finanzas y Planeación integrarán mesas de trabajo para dar seguimiento a la ejecución de cobros de los 22 mil 736 millones de pesos por concepto de daño patrimonial de 2007 a la fecha, para ser devuelto por daño patrimonial, afirmó Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
En conferencia de prensa celebrada este lunes, en el organismo, González Cobos informó que se establecerán mesas de trabajo con la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) para dar seguimiento puntual a la ejecución de los cobros.
Aunque reconoció que el ORFIS no tiene atribuciones legales para ejecutar los créditos fiscales, insistió en que existe voluntad para colaborar y lograr que esos recursos regresen al patrimonio público.
La funcionaria dijo que es posible recuperar 22 mil 736 millones de pesos por concepto de daño patrimonial desde 2007 a la fecha, correspondientes a “sentencias firmes” derivadas de ejercicios fiscales anteriores.
México y particularmente Veracruz requieren un cambio profundo en la cultura del respeto a la ley y del cumplimiento de las obligaciones legales.
“Son sentencias que favorecen las arcas estatales y municipales en su caso, por la recuperación de los créditos, en la parte penal todavía no hemos tenido sentencias en las que se establezca una cantidad como reparación de daño”, comentó.
González Cobos reveló que, entre 2007 a 2024, se han acumulado “sentencias firmes” por más de 22 mil millones de pesos derivadas de procedimientos relacionados con daño patrimonial al erario estatal y municipal.
De ese monto, 19 mil millones corresponden a sentencias recibidas únicamente durante su gestión al frente del ORFIS.
“Necesitamos una cultura de cumplimiento, no podemos seguir normalizando que cada año se informe sobre daño patrimonial sin consecuencias reales. La ciudadanía sigue siendo lastimada”, señaló.
“Si los funcionarios pretendieran evadir todavía el ejercicio, el procedimiento administrativo de ejecución habría que ver las conductas que realizarán para que pudiera considerarse una acción dolosa”, agregó.
La auditora lamentó que, pese a los esfuerzos del ORFIS y a las sentencias firmes emitidas por tribunales fiscales y administrativos, la recuperación efectiva de esos recursos aún no se ha materializado, ya que corresponde a la Secretaría de Finanzas iniciar el procedimiento administrativo de ejecución.
Asimismo, destacó que, aunque existen mecanismos legales para embargar bienes o cuentas a exfuncionarios responsables, muchos de ellos han presentado múltiples recursos jurídicos, -como amparos para no devolver el dinero considerado daño patrimonial, que han alargado los procesos hasta por una década.
Vigilar bienes de ex duartistas
La titular del Orfis González Cobos, afirmó que es indispensable vigilar los bienes de los ex servidores públicos con créditos fiscales firmes para impedir que evaden los pagos de sentencias judiciales.
Advirtió que el seguimiento to Judicial será clave para evitar maniobras que impidan la recuperación de estos recursos.
Recordó que la mayoría de los sentenciados, son exfuncionarios de la administración Javier Duarte.
De acuerdo con los registros del Orfis, entre los principales exfuncionarios con créditos fiscales figuran el extesorero de Sefiplan Arnulfo Octavio Garcia Fregoso con un monto de 18 mil 763 millones de pesos, la ex directora de programación y presupuesto de la misma dependencia Maritza Mendoza Rocha con 744 millones de pesos, el ex alcalde de San Andres Tuxtla Manuel Rosendo Pelayo con 30 millones de pesos, el ex oficial mayor de la SEV, Vicente Guillermo Benitez González, el ex secretario de Turismo y Cultura Harry Manuel Grapa Guzmán., Eligio Molina, integrante de la Comision del agua del Estado de Veracruz, así como ex directivos del Instituto Veracruzano del Deporte Carlos de Jesús Sosa Ahumada y José Antonio Ocaña Ronzon. Además de Carlos Verde Osorio, Armando Cano Andrade y Anell Mar ela Morales Lozano,vinculadoal fideicomiso
Señaló que la mayoría de los casos se originaron en ejercicios fiscales entre 2010 y 2016, muchos de ellos durante la administración del exgobernador Javier Duarte.
Acciones futuras, mesas de trabajo con Sefiplan
Finalmente, advirtió que en caso de detectarse maniobras dolosas por parte de exservidores públicos para ocultar bienes, podrían aplicarse mecanismos legales como la acción pauliana, que permite revertir transferencias de propiedades hechas para evadir el pago de deudas fiscales.
“No basta con capacitar o sancionar. Es necesario un cambio cultural de fondo en torno a la legalidad y al manejo de los recursos públicos”, concluyó.