 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
Luego de la reunión sostenida con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, los líderes sindicales de diversas organizaciones, dieron a conocer que los enviaron a negociar con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, sin garantías de que la propuesta de iniciativa sea retirada, modificada o detenida.
Entrevistado, al salir de la reunión, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), Acmer Antonio Galicia Campos, mencionó que la iniciativa de reforma Ley Estatal del Servicio Civil y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, afectará de manera directa la vida interna de los sindicatos porque las reformas se han negociado entre funcionarios del Gobierno sin participación de las bases.
Explico que en la reunión se les explicó que la iniciativa fue presentada formalmente por el diputado morenista Juan Tress Zilli, pero en realidad fue elaborada por el exdiputado local y actual titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Luis Arturo Santiago Martínez, quien estuvo presente en la mesa de diálogo, hecho que aumentó la inconformidad entre las organizaciones sindicales.
De acuerdo con Galicia Campos, no hubo ninguna solución porque los diputados desconocen la iniciativa, ya que únicamente se las enviaron y la presentaron. “Nos dijeron que ya no fue de Juan Tress, que fue del secretario del Trabajo. Digo, entonces nada más la presentó el diputado y aquí nos dijeron que fue el secretario quien la hizo a pesar de que no tiene ninguna injerencia”.
“Los sindicatos, ¿en dónde estamos para poder coordinarnos con el Congreso a crear una ley que nos beneficie a todos? Si es aprobada podrían desaparecer los sindicatos que no sean afines a la administración estatal”, expuso. Destacó que la principal exigencia es que el Congreso declarara la iniciativa sin efecto y se abrieran mesas de trabajo formales; sin embargo, en la reunión se les dio a conocer que no sería así.
“Nos están mandando con el secretario de Gobierno, lo que queríamos era que de aquí se nos informara que la iniciativa quedaba sin efecto”, manifestó. Puntualizó que la propuesta vulnera derechos laborales, especialmente en materia de seguridad social, estabilidad y registro sindical, al trasladar al Poder Ejecutivo funciones que hoy corresponden al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
“Lo que se pretende es que el registro pase a ser parte de la Secretaría del Trabajo. Él es gobierno; si queremos un órgano que pierda la jerarquía del gobierno, debe ser ante los tribunales”, mencionó. Además, acusó que en la reunión se les dio a conocer que el secretario del Trabajo ya hizo modificaciones a la iniciativa, aunque no se detallaron cuáles, ni se abrió discusión con las organizaciones presentes.
Galicia Campos comentó que incluso que se les advirtió que el proyecto avanzaría: “Lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política fue: ‘si quieren que pase, la vamos a pasar’. Digo, ¿es amenaza o qué nos está haciendo entender?”.
Afirmó que en caso de aprobarse la iniciativa tal y como está habría afectaciones directas para miles de empleados: “Los trabajadores perderían su derecho a la estabilidad laboral, el derecho a que les paguen las prestaciones… y si tenemos más de cinco mil trabajadores sin seguridad social, ¿adónde van a terminar los derechos de esos compañeros?”.
