La Contraloría General del Estado reportó que, en el primer año de gobierno de la gobernadora Rocío Nahle García, se emitieron 28 sanciones administrativas a personas servidoras públicas, se integraron 119 auditorías federales y se realizaron 50 auditorías internas, en un informe que también detalló la nueva función del órgano como garante de transparencia tras la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
Ante diputadas y diputados, el contralor Ramón Santos Navarro informó que, en materia de fiscalización de recursos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en conjunto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ejecutó 119 auditorías sobre la aplicación de recursos federales, de las cuales se concluyó más del 95 por ciento y el resto sigue en proceso. Afirmó que estos trabajos se complementaron con la capacitación “Buzón Digital” a 850 personas servidoras públicas y la participación de la Contraloría en la primera entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2024.
Santos Navarro expuso que, del ejercicio 2023, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determinó 398 observaciones y 538 recomendaciones, turnadas a los órganos internos de control para su atención y seguimiento. En el ejercicio 2024, la Contraloría ejecutó una auditoría directa al “Subsidio para Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres” y mantiene en proceso dos auditorías al “Programa Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social” y al “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”.
En cuanto al periodo 2025, indicó que los órganos internos de control realizaron 50 auditorías en el primer tramo de la administración y ejecutaron 28 revisiones ya concluidas. Añadió que, mediante despachos externos y prestadores de servicios profesionales, se llevaron a cabo 23 auditorías adicionales, mientras que 16 más continúan en proceso.
En el rubro de obra pública, el Contralor señaló que se revisaron los procedimientos de contratación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Secretaría de Salud, con el objetivo de verificar que las obras se realizaran conforme a proyectos, presupuestos, calendarios y normas aplicables. Detalló que la SEV reportó tres licitaciones públicas y una adjudicación directa; la SIOP, 30.
En el ejercicio fiscal 2025 se iniciaron cuatro revisiones de obra pública, con la conclusión de las obras de la UMA "Naturalia" y de las oficinas del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) en Veracruz, mientras que continúan en proceso las correspondientes a la SIOP y al Instituto de Espacios Educativos. “En total, 98 empresas veracruzanas y ocho foráneas resultaron beneficiadas con estos contratos”.
Sobre rendición de cuentas y participación ciudadana, Santos Navarro informó que se recibieron 584 quejas, denuncias y solicitudes ciudadanas, que fueron canalizadas a los órganos internos de control. Las personas comisarias públicas participaron en 207 sesiones ordinarias y extraordinarias de fideicomisos y organismos públicos descentralizados, además de 83 reuniones de trabajo, lo que, de acuerdo con el informe, permitió vigilar procesos administrativos en dependencias y entidades.
El Contralor describió la reestructura institucional derivada de la reforma constitucional federal en materia de simplificación administrativa, que extinguió organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus homólogos estatales. Detalló que, en Veracruz, esto implicó la desaparición del IVAI y la transferencia de sus funciones a la Contraloría General, mediante la creación de la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales.
A partir del 13 de agosto, la Contraloría asumió formalmente las funciones de órgano garante de transparencia y de protección de datos personales, así como la presidencia del Comité del Subsistema de Transparencia, integrado por representantes de los órganos de control del Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos y los 212 municipios.
Según el informe, con este ajuste Veracruz se colocó entre las primeras entidades en aplicar el mandato federal y se generó un ahorro de recursos públicos. En el apartado de responsabilidades administrativas y evolución patrimonial, Santos Navarro explicó que se realizaron 704 notificaciones de audiencia inicial. Se desahogaron 278 audiencias, se emitieron 259 resoluciones, de las cuales 77 correspondieron a recursos de revocación y 182 a procedimientos de responsabilidad administrativa, que derivaron en la ejecución de 28 sanciones.
Señaló también que se analizaron 409 evoluciones patrimoniales y se recibieron 174 mil 503 declaraciones patrimoniales: 153 mil 886 de modificación, 12 mil 921 de inicio y 7 mil 696 de conclusión, según el desglose presentado.
En materia de fortalecimiento y desarrollo administrativo, el informe señala que se impartieron 11 asesorías en desarrollo organizacional, con la participación de 96 personas servidoras públicas, y se emitieron nueve dictámenes favorables, siete validaciones y 11 autorizaciones sobre estructuras y procesos institucionales. En manuales administrativos se brindaron 85 asesorías y ocho capacitaciones, con 368 participantes, y se valoraron 61 documentos normativos para actualizar la operación interna de dependencias y entidades.
Como parte de la contraloría social, se constituyeron 418 comités de Contraloría Social integrados por 716 personas. En apego a los Lineamientos Generales para la Promoción, Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se formaron 383 comités con mil 915 ciudadanos, se aplicaron 48 mil 379 cédulas de vigilancia, se impartieron 39 capacitaciones, se aprobaron 25 programas anuales de trabajo y se realizaron 100 verificaciones para supervisar obras, apoyos, trámites y servicios incluidos en programas presupuestarios.
El Contralor añadió que, en seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2025 de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación, región Centro Golfo–Istmo, se participó en la convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social 2025, en cuya etapa estatal resultó ganador el comité del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. Además, se llevó a cabo el “Encuentro de Buenas Prácticas en Materia de Contraloría Ciudadana y Contraloría Social 2025”, con la participación de más de 200 personas servidoras públicas y miembros de comités.
En acciones de control interno, la Contraloría reportó 75 asesorías sobre el Sistema de Control Interno (SICI), con mil 34 participantes; la conformación de 32 Comités de Control y Desempeño Institucional, de los cuales 28 remitieron formatos de gestión de riesgos, en los que se identificaron 467 riesgos institucionales. Los órganos internos de control realizaron 324 evaluaciones, 135 de carácter financiero y 189 sobre indicadores de gestión de programas presupuestarios, que derivaron en mil 940 recomendaciones para las unidades administrativas.