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Un juez federal ordenó a la secretaria de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), no retirar las medidas de seguridad que proporcionaba a la comunicadora Fernanda de Luna Ferral a quien le retiró las escoltas que le protegían; beneficio que obtuvo a petición del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A la comunicadora un Juez le concedió suspensión definitiva dentro del amparo 216/2026, con lo que ordenó frenar el retiro de medidas de seguridad que la SSP le quitó en febrero pasado.
La resolución fue emitida el 5 de marzo del presente año por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito, donde se determinó conceder la suspensión solicitada por la comunicadora contra actos de autoridades estatales.
Con esta decisión judicial, las autoridades señaladas no podrán modificar ni retirar las medidas de protección mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. En febrero pasado la SSP notificó a la periodista mediante el oficio DGJ-188/26, firmado por la Dirección General Jurídica de la dependencia estatal, que se daría por concluido el acompañamiento permanente de elementos policiales que tenía asignados.
El documento refiere que el acompañamiento permanente de dos policías estatales había sido otorgado de manera extraordinaria; que sería concluido pero que se mantendría disponible para brindar apoyo cuando fuera solicitado.
Ante esa determinación, Fernanda de Luna Ferral promovió un juicio de amparo al considerar que la medida representaba un riesgo para su seguridad y el trámite legal lo hizo de manera personal ya que la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) que preside Luis Orencio Ramírez Baqueiro, le negó el apoyo argumentado que atender ese tema no era de su competencia.
El juez federal resolvió conceder suspensión definitiva, lo que implica que las condiciones de protección no pueden modificarse mientras el juicio siga en curso. Fernanda Ferral es hija de la periodista María Elena Ferral, asesinada en Papantla el 30 de marzo de 2020, un caso que se convirtió en uno de los expedientes más emblemáticos de violencia contra periodistas en Veracruz.
Desde entonces, la comunicadora ha mantenido una postura activa en la exigencia de justicia por el crimen de su madre y ha denunciado riesgos derivados de su actividad periodística.
La resolución federal ahora mantiene vigentes las medidas de seguridad mientras se determina si la actuación de las autoridades estatales fue legal o no.
