TUXPAN: Inicia Contraloría foros de blindaje electoral para servidores públicos

Veracruz es un estado en favor de la cultura de la legalidad, de la prevención del delito y de la denuncia, y lo demostramos no con palabras, sino con hechos, aseguró el contralor General del Estado, Iván López Fernández, al inaugurar en este puerto el foro regional Honestidad de los Servidores Públicos ante el Proceso Electoral, dirigido a los funcionarios del Poder Ejecutivo del estado.

El funcionario estatal refrendó el compromiso del gobernador Javier Duarte de Ochoa para hacer valer el sufragio de los veracruzanos en los comicios federales de este año, razón por la que se ha hecho una convocatoria a quienes sirven dentro de la administración pública estatal a ser garantes de que las instituciones se ajusten de forma irrestricta a los principios éticos y los lineamientos legales en materia electoral.

Acompañado del alcalde Alberto Silva Ramos y funcionarios de la Contraloría General del Estado (CGE), López Fernández comentó que la actualidad del país y del propio estado obliga a desarrollar la acción de gobierno bajo principios de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia, a fin de consolidar una cultura democrática y, a la vez, asegurar la libertad de sufragio de los ciudadanos.

El país y la democracia, añadió, requieren de elecciones limpias y confiables en las que los ciudadanos participen con libertad absoluta y los actores políticos compitan en igualdad de condiciones, orden y transparencia.

“Los gobernantes y servidores públicos tenemos la obligación de informar, responder, explicar, justificar y dar cuentas de nuestros actos y decisiones en el desempeño de la función pública a los ciudadanos siempre apegados a la ley”, agregó.

En este contexto, Iván López Fernández explicó que la CGE, en colaboración con los municipios y organizaciones civiles, lleva a cabo acciones de promoción, difusión y capacitación que incluyen guías, cuadernos y cédulas de monitoreo, supervisión, vigilancia y denuncia.

Esto, dijo, para que los beneficiarios de los programas sociales y en general la ciudadanía ejerzan sus derechos a acceder a la información pública, vigilar las acciones de gobierno, denunciar irregularidades, así como a exigir la rendición de cuentas a los servidores públicos y autoridades.

Son acciones que previenen conductas ilícitas en un proceso electoral: la práctica de acciones indebidas como desvío de recursos, el condicionamiento de los programas y apoyos sociales con fines político-electorales y la falta de legalidad y transparencia en el manejo de los programas, obras públicas, apoyos y acciones del gobierno.

Finalmente, señaló que los funcionarios tienen una alta responsabilidad con la sociedad, razón por la que el Gobierno del Estado trabajará para que en el proceso electoral no haya actos al margen de la ley.

“Actuemos, pues, por deber y por convicción para garantizar que se respetará la legalidad. Y cuando tengamos conocimiento de que no es así, formulemos la denuncia correspondiente. Ese es nuestro compromiso como servidores públicos con la honestidad”, finalizó.