Arrieros somos: HUAZUNTLAN, ¿DISTRACTOR O SOLUCIÓN?

Un conflicto entre los ejidatarios de Tatahuicapan y los administradores de la presa Yuribia, mantiene a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, sin recibir el agua suficiente para sus necesidades desde el 4 de diciembre del presente año.
En este asunto han intervenido autoridades estatales, municipales y administradores del suministro del agua, a través de CAEV y se ignora si Conagua ha participado en este conflicto, siendo la instancia reguladora de este recurso natural.
El problema ha llegado a tal extremo que se habla de perversos manejos con usos y fines políticos, económicos y hasta electorales.
Lo real, es que a la fecha no se vislumbra ningún signo de solución y los días pasan, sumando inquietud e irritación, sobre todo en la población de Coatzacoalcos que es la más demandante de una solución, por la incomodidad a que están sometidos por la falta de agua para el uso humano. Las poblaciones de Minatitlán y Cosoleacaque parecen indiferentes al problema. No se escuchan protestas ni reclamos. Mal que bien, todos están ocupados en sus labores y quehaceres y el tema del agua parece no ser considerado de primer orden en estos dos municipios.
Las autoridades municipales de Coatzacoalcos, que no las administradoras del suministro de agua (CAEV) han informado que para solucionar el problema se han perforado 23 pozos profundos que están abasteciendo el 83 por ciento de la demanda del puerto, aunque ha habido quejas de que el agua que reciben en sus domicilios causa irritación a la piel y no reúne las condiciones a la que están acostumbrados.
La substitución de las fuentes de abastecimiento, al parecer, sólo al parecer, muestra una distensión del conflicto, a tal grado que en este momento se ignora cuál es la autoridad o la dependencia que está atendiendo las exigencias de los ejidatarios de Tatahuicapan.
Y a este panorama se viene a sumar el ofrecimiento que Lorenzo Hernández Gómez, presidente del comisariado ejidal de Huazuntlan le manifestó a los reporteros de Diario del Istmo Martín Ruiz Urbieta y a Gabriel Bautista, cuya nota fue publicada el pasado 16 de diciembre del presente año: “Si los paisanos de Tatahuicapan ya quieren quitar definitivamente el agua a nuestros hermanos ciudadanos de Coatzacoalcos, nosotros le ofrecemos el río Huazuntlan”.
Esto abriría una aparente opción de solución total a este problema que tiene enfrentado al sur de Veracruz, en el que intervienen el área rural y por la otra el área urbana de esta porción del Estado.
En la publicación de referencia se cita: “…los campesinos, hermanos ejidatarios y vecinos de los poblados de Tonalapan y Huazuntlan, le ofrecemos al gobierno del Estado y al gobierno municipal para que nos visiten, que no le vamos a negar el agua, porque sería un pecado negar lo que Dios nos dio como una bendición”.
Suena bien, pero… Es sabido que el caudal del río Huazuntlán se ha ido reduciendo debido a la deforestación de la sierra; está contaminado por las descargas sanitarias de varios pueblos del área, por lo que requeriría de la construcción y operación de una planta de tratamiento para poderla ofrecer para el uso humano.
A pesar de esto último, tal ofrecimiento se está interpretando como una maniobra para restarle importancia, fuerza, tensión y presión a las demandas de los ejidatarios de Tatahuicapan.
Con este argumento, los amolados de la sierra como los amolados de la zonas urbanas, no entienden porque contribuyen a que una entidad pública, llamémosla administradora, disponga de altos recursos económicos provenientes del consumo del agua que la presa Yuribia proporciona, sin que esos recursos beneficie a ambos extremos.
Y ante tantas interrogantes no hay quien aclare tan delicada situación.
Esperemos que el 2015 no traiga más enturbamiento…

Estamos fritos

En nuestro país suceden cosas que podemos considerar como el colmo de los colmos.
Fíjese si no.
Normalmente cuando usted compra una estufa en una mueblería también le venden los cilindros de gas que utiliza para su consumo y por disposiciones legales, las gaseras están obligadas a cambiárselo sin costo alguno cuando el envase es inservible. Algunas mueblerías hasta llenos se los entregan.
En el uso de los cilindros está usted expuesto a que los repartidores de gas doméstico se lleven el cilindro, simulen su llenado y se lo devuelvan vacío, eso sí, cobrándole el importe de lo que se supone le abastecieron. Este es un problema, que Profeco no vigila y que está costando mucho a las familias mexicanas.
A lo que vamos, es a la iniciativa que está presentando la Asociación Mexicana de Gas (Amexgas), en voz de su presidente Octavio Pérez Salazar.
Según Pérez Salazar, el servicio de suministro de gas a través de cilindros, debe estar sujeto a un contrato entre consumidor y gaseras. Además el consumidor debe comprar el cilindro en el establecimiento que le va a surtir del gas y no en otro lado, descartando la compra en establecimientos comerciales, como mueblerías, no dedicados a la venta de gas.
Lo anterior sería lo de menos.
La Amexgas propone que el usuario permita que se pinte el cilindro de un color distintivo de la empresa gasera y el envase no podrá ser utilizado por ninguna otra empresa, aunque no especifica quién pagará la pintada.
Todavía hasta ahí la cosa sería un abuso relativo, el comprar el cilindro para gas, firmar un contrato y permitir que se pinte de un color distintivo.
En contraparte, las compañías gaseras tendrán que hacer un depósito con el usuario para el manejo exclusivo de los envases, que garantice su manejo adecuado y su reposición de acuerdo con las leyes en vigor.
Todo el esquema parecería una protección para el usuario, pero hay que admitir que no deja de ser ventajoso para las empresas gaseras, que de consumidores libres nos convertirían en sus consumidores esclavos, porque no hay otra manera de llamarlo.
Y entonces sí, estaríamos fritos.

Crece la economía informal

Pese a los esfuerzos del gobierno federal para desalentar el comercio informal, según el INEGI en el año de 2013 el 59 por ciento de la población económicamente ocupada genera casi el 25 por ciento del Producto Interno Bruto. De este 25 por ciento, el 11.3 por ciento se genera en negocios no registrados que operan en hogares dedicados a la producción de bienes o servicios. El restante 13.5 restante se genera en otras modalidades de la informalidad aunque los bienes o servicios se presten a micro negocios o eventualmente a establecimientos fijos. La característica de éstos últimos es que no hay manera de identificar a quienes en ello se ocupan con el amparo del marco legal o institucional como seguridad social o prestaciones sociales.
En contraparte, el 41 por ciento de la población económicamente ocupada genera casi el 75 por ciento del Producto Interno Bruto.
O sea, que el esfuerzo gubernamental está operando a pasos de tortuga.