#ArrierosSomos: SÍNDROME DE AYOTZINAPA EN EL SUR

Por los acontecimientos recientes, pareciera que el famoso “pacto social”, con el que se explica el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos, dejaron de funcionar, porque todo el mundo hace sus “propias leyes”.

Pongo un ejemplo local.

En Coatzacoalcos, un grupo de gente invadió un terreno llamado “Trópico de la Rivera”. Pasaron algunos meses y quienes se ostentan como legítimos propietarios recurrieron a las instancias judiciales y debe aplaudirse que la resolución jurídica les permitió reivindicar y recuperar sus bienes inmuebles.

Los invasores, solicitaron al gobernador del Estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, que la fuerza pública –Mando Único– acudiera en su auxilio para no ser desalojados, tal como el juez había dictaminado. También pidieron protección policiaca para evitar ser agredidos por mercenarios, ignorándose de que origen. La negativa fue rotunda.

Se implementó un operativo para cumplir con el mandato judicial y en impecable operativo policiaco, los invasores abandonaron el predio invadido.

Los propietarios del inmueble lo recuperaron, pero los invasores no quedaron conformes porque no hubo autoridad alguna que “avalara” sus actos ilícitos.

Entonces, después de haber cometido un acto ilegal como es la invasión y el despojo de un predio, se les hizo fácil bloquear el paso de vehículos en la carretera federal que da acceso y salida a la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

O sea, que cometieron otro ilícito. Reincidentes pues.

Durante las horas que mantuvieron el bloqueo, hubo presencia policiaca que fue testigo de la comisión de un delito “infraganti” sin proceder y el resultado fue que los “desalojados” golpearon y obstruyeron el trabajo de dos reporteros, quienes ya interpusieron una denuncia de los hechos cometidos en su agravio.

En el altercado que se suscitó en el bloqueo de la carretera, los policías “fueron de palo”. Nada más observaron y no intervinieron. También fueron denunciados por los reporteros por omisión de un deber legal, porque debe proporcionar auxilio cuando cualquier ciudadano lo solicita cuando considera que su integridad física está en riesgo. Y en este caso no intervinieron.

En este bloqueo los elementos de seguridad pública nada más no cumplieron con su trabajo ni con su obligación de proteger la integridad física de un ciudadano.

Aparece el síndrome de Ayotzinapa

Y déjese de que en la trifulca en que salieron golpeados los reporteros, sólo hayan participado “civiles”.

Lo lamentable e increíble que en estos hechos resaltan situaciones bastantes graves y delicadas, que es necesario relacionar y analizar:

1.- Los agresores de los periodistas el pasado miércoles 15 de julio del presente año en el bloqueo carretero, fueron señalados como parte de los invasores desalojados del predio.

2.- También fueron partícipes del bloqueo de la carretera federal de acceso y salida al puerto y ciudad de Coatzacoalcos.

3.- Los agresores fueron señalados como empleados del ayuntamiento de Coatzacoalcos, lo que nos lleva a preguntarnos de dónde proviene el interés de invadir los predios señalados y de dónde, el interés de desestabilizar el orden social de la región.

4.- Los “porros”, “guardias blancas” o “fuerza de choque”, también fueron señalados en una trifulca que se registró en los bajos del palacio municipal de Coatzacoalcos, el 26 de diciembre del 2014, resultando lesionado un médico, cuando un grupo de personas demandaban que se les proporcionara de manera regular el suministro de agua entubada.

5.- En esa época los agresores de los manifestantes también fueron señalados como personal del ayuntamiento.

6.- Hay que preguntarse por qué el ayuntamiento no recurrió, en ninguno de los dos casos, a la fuerza pública, máxime que se trataba de proteger una importantísima vía de comunicación, en el primer caso, y un inmueble público, en el segundo.

7.- No crean que el uso de la “rudeza innecesaria” sólo se dio en Coatzacoalcos, también se dio en Las Matas, en los tiraderos de desechos que mantienen los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, cuando los ejidatarios decidieron que sólo Minatitlán haría uso de ese espacio para depositar la basura urbana.

8.- Como Cosoleacaque no tenía ningún espacio para depositar lo que su servicio de limpia pública recolectaba, el primer edil Ponciano Vázquez Parissi, dispuso que “grupos de choque” se presentara en los tiraderos y “disuadieran” a los ejidatarios de dejarlos depositar la basura, por la buena o por la mala.

9.- Ninguno de los dos primeros ediles de Coatzacoalcos y Cosoleacaque consideraron las consecuencias del uso de “grupos de choque”, “guardias blancas”, “porros” o como quiera llamarles, como sucedió en Iguala, Guerrero, cuando enfrentaron al grupo de “Los Guerreros”, contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desconociéndose aún con certeza el destino final de éstos últimos.

10.- Las repercusiones del uso de “grupos de choque”, “guardias blancas”, “porros” o como quiera usted llamarles, tomando como ejemplo lo de Iguala, Guerrero, aún no termina y nadie sabe en qué pararán sus consecuencias, por lo que es necesario que las autoridades municipales tengan cuidado de utilizar recursos extra legales para la contención de las manifestaciones populares.

11.- Debe investigarse de dónde proviene el interés de invadir terrenos que un grupo de invasores profesionales tiene en la mira, que les produce jugosos dividendos y qué funcionario municipal tiene metidas las manos en estos asuntos.

12.- La dualidad de intereses que tienen los agresores de los periodistas, una como empleados municipales y otra como invasores y bloqueadores, debe preocupar a la autoridad municipal e investigar el origen de las instrucciones que esos trabajadores reciben y a quién sirven.
¡Aguas!

Más ejemplos de la inexistencia del “pacto social”

Casetas de cobro “borrachas”. Claro que es un chascarrillo eso de que las casetas de cobro son “borrachas”, pero con eso de que cada rato “están tomadas” por grupos que se de autonombran “defensores sociales”, no queda más remedio que tomarlo a guasa, porque nuestras autoridades no parecen enterarse de tales acontecimientos.

Se sabía que habían sido “tomadas” continuamente la de Acayucan y la de Cosamaloapan.

Ahora “la toma” de casetas de cobro ya se extendió a la autopista que va de Cardel a Xalapa, la de Ixhuatlán del Sureste y la de Las Choapas.

Y con el argumento que “representan” algo, el grupo de “tomadores” de las casetas, se apropian de recursos públicos que a todos nos cuestan.

Lo que es extraño de que este tipo de actos tiene rato que se están repitiendo en perjuicio de la Federación y de los conductores de los vehículos que tienen que transitar por esos puntos de recaudación, que al no recibir documentos que acrediten el pago, impiden justificar las erogaciones que por esos conceptos hacen los dueños de empresas.

Independientemente de que tal fuga de dinero ocasiona al erario y a los particulares, el quebranto social es mayor porque tales acciones derivan en el abuso y en un delito que se tipifica como robo y si exageramos, defraudación fiscal.

Por la tranquilidad del país, se hace un llamado a las autoridades que tienen la obligación de preservar el orden y la seguridad pública, que analicen este tipo de conductas y apliquen una solución favorable a los intereses generales de la población.

Lo de menos es que se roben el dinero que ahí se recauda. Lo lamentable es que injurian y agravian a pasajeros y dañan vehículos que tienen la mala suerte de ser “captados” en esas casetas de cobro.

Uno se pregunta si el gobierno no cuida sus propias actividades, ¿creen ustedes que cuidarán las nuestras, la de los particulares?

¿De qué nos defienden pues?