Una podredumbre en la que todo puede ser

“No ocupo el cargo para vengarme. Las cosas hay que decirlas como son. No tengo la menor duda. Es que el asunto es como lo dije”.
Así, calmado pero tajante, me respondió ayer, al entrar la noche, el diputado local Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIII Legislatura del estado cuando le pregunté si no había mar de fondo en la seria e insólita denuncia que hizo ayer en contra de su propio compañero Juan Cruz Elvira, del Partido Verde Ecologista de México, secretario además de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico del Congreso local.
Garrido, del partido Alternativa Veracruzana (Ave), en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, demandó ayer ante tribuna que se transparente el destino y aplicación de 100 millones de pesos (¡fiuuu!) que autorizó el Congreso local en 2014 disque para impulsar la reactivación del cultivo de la piña, recursos que manejó Cruz Elvira.
Dos párrafos de un boletín de prensa del propio Congreso hablan por sí solos: “Cuestionó que de los 100 millones de pesos autorizados, la Unión de Ejidos de A. V. BONFIL, Sociedad Productora Rural de Responsabilidad Limitada o Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, ha recibido 45 millones de pesos, sin que al día de hoy exista evidencia física de que realmente dichos recursos se hayan entregado a los productores”.
“El diputado exhortó a que se informe quiénes han sido los beneficiarios de los recursos transferidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa) y el monto otorgado a cada uno”.
Le pregunté a Garrido Sánchez si no se trataba de un acto de venganza, de una diferencia por ser de distintos partidos. “El dinero se lo dieron. No ha llegado a ningún productor, así que son puras piñas”, me declaró.
Tal vez como me sintió incrédulo, dado que luego entre políticos y diputados se tapan con la misma cobija de la corrupción e impunidad, por lo que despierta sospecha cualquier denuncia como la que hizo, me puntualizó: “Créame que lo tengo más que analizado, checado, si no, no me atrevería a hacer una denuncia como la que hice”.
No obstante, un tanto indulgente, concedió el beneficio de la duda: “Lo que mejor puede pasar es que el dinero les llegue a los productores y que a partir de hoy esté corriendo la lana”.
No dejó de dolerse, de quejarse. Me confió que hubo varios diputados priistas que enterados de la denuncia que iba a presentar le dijeron que se le iban a sumar. “Me dejaron solo con la excepción de Ricardo Ahued, quien me respaldó. Los demás no se quisieron meter”.
Le insistí en que si su denuncia no tenía que ver con su supuesta aspiración a ser candidato a la minigubernatura de dos años. “No sería comparsa, ni saldría con rollos ni se trata de un acto de venganza. Si demuestra el buen uso de los recursos yo sería el más feliz, pero como no es así tampoco puedo ser cómplice”.
Pero el diputado Garrido hizo otro serio señalamiento también en contra del subsecretario de Desarrollo Agrícola de la Sedarpa, Valentín Casas Cortés. Le pregunté si tenía sustento al demandar que lo echaran de la Secretaría. “Es nocivo para el campo”, me respondió.
Me recordó que en diciembre pasado, durante la glosa del V Informe de Gobierno, en su posicionamiento, de frente y delante de todos, le pidió que renunciara al cargo. Me dijo que ha abusado de su cargo para hacer negocios personales. “Ese señor tiene que irse”.
Y lo aproveché para preguntarle sobre un tema más: sobre el presunto daño patrimonial por poco más de 14 millones de pesos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública durante el paso por la dependencia del hoy aspirante independiente a la gubernatura del estado, Gerardo Buganza Salmerón.
No le dio vueltas al asunto. “Puede que la responsabilidad no caiga en él”, me aclaró. Me dijo que el asunto tiene que ver con los recursos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, pero me aclaró que el señalamiento era por una “auditoría espejo”, esto es, que sólo replicaba un señalamiento que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque no está claro el destino de ese dinero y no se ha comprobado en qué se utilizó.
Transcribo los tres últimos párrafos del boletín del Congreso local: “Por ello hizo (Garrido) un exhorto para cerrar filas y hacer un frente a fin de que se transparenten esos recursos y no perjudicar de manera irreversible el desarrollo y el bienestar de las familias veracruzanas”.
“El legislador Ricardo Ahued, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, se sumó a este pronunciamiento. Dijo que en lo personal quiere ver cuántos y quiénes son los campesinos que se beneficiaron con esos proyectos”.

“Sería muy grave que se beneficie a una sola organización, la Sefiplan debe seguir la ruta de ese dinero, investigar y revisar, ‘porque sería penoso que ese recurso público se asigne así porque sí y no se respeten métodos y formas’”.
La denuncia ahí está. Es seria. Grave. El monto total no es cualquier baba de perico: se trata de 100 millones de pesos, de los cuales fueron entregados 45, ¡45 millones! El que denuncia es un diputado local, que merece credibilidad. Salvo uno, los demás lo dejaron solo, en plan cómplice. ¿Alguien duda que la corrupción y la impunidad se enseñorean en Veracruz?
Ayer mismo no faltó un político que me dijo: “Que no se hagan. El dinero, la mayor parte no se la quedó Cruz Elvira. Se la dio a Erick Lagos Hernández para su campaña a diputado y para su precandidatura a la gubernatura de dos años”. No hay nada que lo sustente. Pero esto es una podredumbre en la que todo puede ser. Y así quieren que los veracruzanos salgan a votar por ellos.
¿Le jalan los bigotes al tigre?
Ayer mismo traté de obtener una reacción de Gerardo Buganza Salmerón ante la posible responsabilidad que le tocaría por el señalamiento que, según Garrido, hace la ASF. No me fue posible obtenerla.
Hasta donde lo conozco, el exsecretario de Gobierno no es un santo, no obstante que es un devoto católico que va a misa a diario si se puede, y seguramente aclarará el asunto y saldrá bien librado.
Pero, pienso, si de lo que se trata es de intimidarlo para que no crezca como candidato independiente o para que no decline, en última instancia, a favor de alguien que no sea del grupo en el poder, podrían estarle jalando los bigotes al tigre.
Buganza sabe mucho y de muchos y si lo orillan lo obligarán a que hable y a que destape la cloaca con la que se encontró al llegar a la entonces Secretaría de Comunicaciones. Que se sepa, tiene todos los testimonios y pruebas documentales para defenderse con mucha solvencia.
Tal vez hasta le convendría que lo hostigaran pues ya no tendría compromiso para quedarse callado lo que, por lo demás, lo ayudaría a levantar su aspiración, su candidatura y su campaña. Si Buganza habla va llover caca, mucha caca.
Pienso que sería muy sano que sucediera. Pero mejor habrá que esperar.
Lo único lamentable y triste de todo es que no va a pasar nada. Las denuncias van a quedar sólo en eso. Sí hay responsables pero no los van a buscar o no los van a querer ver y la impunidad seguirá enseñoreándose. Esto está podrido.