Conflicto entre UV y gobierno estatal, mucho más que un asunto judicial

En el conflicto con la Universidad Veracruzana, el gobierno del estado tiene todo que perder. Al margen de las consideraciones jurídicas y de las denuncias interpuestas por los abogados de la máxima casa de estudios en la entidad, el mayor problema a que podría enfrentarse la administración estatal es, por un lado, el golpe ante la opinión pública, que ya se puede palpar; y la movilización de la comunidad universitaria, cada vez más cercana.
Evidentemente, el problema no ha sido valorado en toda su dimensión por el gobierno estatal; por ello ha crecido tanto dicho conflicto, que motivó, en octubre del año pasado, el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuies, que exigió el cumplimiento de los pagos pendientes a la UV.
El tema estalló en mayo de 2015, cuando la rectora Sara Ladrón de Guevara se refirió por primera vez, de manera pública, a los adeudos del gobierno del estado con la institución educativa.
El problema creció cuando, en agosto pasado, la rectora sostuvo una reunión con un grupo de diputados federales electos, integrado por Miguel Ángel Yunes, Cuitláhuac García, Adolfo Mota y Erick Lagos.
A partir de ahí, los desencuentros entre las autoridades universitarias y el ejecutivo estatal subieron de tono, hasta que la semana pasada, la UV presentó las denuncias derivadas del incumplimiento en el pago de los subsidios, por un monto que supera los dos mil millones de pesos.
Las denuncias fueron interpuestas por los abogados de la máxima casa de estudios en la entidad, ante la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público de la Federación. La UV reclama mil 625 millones de subsidio estatal, así como 451 millones de subsidio federal, que llegaron a Sefiplan pero no a la universidad.
A través de los secretarios de Gobierno y de Finanzas y Planeación, Flavino Ríos Alvarado y Antonio Gómez Pelegrín, el gobierno estatal respondió cobrando las cuotas del Instituto de Pensiones del Estado, por un monto que supera los 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, especialistas en el tema han aclarado que dicho cobro es improcedente; así las cosas, el escenario para el gobierno estatal luce sumamente complicado, porque tarde o temprano, tendrá que cubrir el monto que se le demanda.
El conflicto va más allá del cobro de los recursos y se ha convertido en una amenaza para el gobierno veracruzano, porque entre la comunidad universitaria prevalece la indignación y la solidaridad con la postura de la rectoría; en ese sentido, en la batalla ante la opinión pública, la administración estatal está contra las cuerdas.


Yunes Linares, el principal beneficiario
En este desencuentro, hay un factor que las autoridades estatales parece que han pasado por alto: el costo político para el Partido Revolucionario Institucional en el contexto de la contienda por la sucesión veracruzana.
Así las cosas, la deuda y la negativa de pago por parte del gobierno veracruzano podrían golpear la campaña priista, al igual que otros temas que han contribuido a desgastar la imagen de la administración estatal y del PRI.
A estas alturas de la sucesión, es evidente que el principal beneficiario de la confrontación entre UV y gobierno estatal es el abanderado de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, quien se apresuró a exigir que el ejecutivo cubra el pago del subsidio a la institución educativa, enarbolando una bandera que podría representarle un beneficio electoral y un avance en términos de opinión pública.


El costo político para el PRI
El mayor problema para el PRI y su candidato a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, no se relaciona sólo con el conflicto entre la universidad y la administración estatal, sino que podría extenderse mucho más: el secuestro de que fue objeto la reportera Anabel Flores Salazar también impactaría de manera negativa a la campaña priista, mientras el abanderado del partido no se deslinde de forma clara, contundente, del actual gobierno veracruzano.
De no sostener un discurso mucho más crítico que el de los días recientes, el candidato del tricolor corre el riesgo de cosechar los puntos en contra que representan, por ejemplo, la enorme deuda gubernamental con los empresarios; el saldo de la inseguridad, que ha dejado miles de víctimas de ilícitos como homicidio, secuestro, extorsión y otros, en los últimos cinco años; la falta de pago de las pensiones y las recientes agresiones contra jubilados y pensionados estatales; así como los descuentos que aplicaron a los burócratas que hoy están en buró de crédito por que contrataron préstamos con financieras que no recibieron el recurso retenido.
Se trata de temas que hasta hoy han sido bien capitalizados por el candidato panista, con un discurso que llama al ajuste de cuentas, que resulta sumamente atractivo para amplios sectores de la población.
Son puntos que, por supuesto, a estas alturas de la sucesión, ya debió valorar el candidato del PRI y su equipo de campaña; por ello es predecible una pronta ruptura con la administración estatal. @luisromero85