Duarte, al borde del jaque mate

Este lunes, en la reunión de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI se votará el dictamen relacionado con el caso del todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Ese hecho, aunque por sí mismo carezca de implicaciones legales, políticamente es un mensaje claro en el sentido de que el ejecutivo veracruzano tendría las horas contadas.

El dictamen que se analizará en la citada instancia del tricolor plantea el retiro a Javier Duarte de sus derechos como militante priista; ese es el paso previo a la expulsión de un partido que desde hace semanas le ha retirado de manera pública cualquier apoyo.

De igual manera, el viernes pasado, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática dijeron, por separado, que sólo esperan la petición formal de la Procuraduría General de la República para acelerar la discusión y el proceso de un posible desafuero.

Sin embargo, lo más probable es que, de llegar a registrarse una solicitud de juicio de procedencia contra Javier Duarte, éste inicie a destiempo, dado que sólo faltan poco más de dos meses para la conclusión del periodo para el que fue electo. Hay que tomar en cuenta que un proceso de desafuero lleva meses porque para desahogarlo, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara debe integrar la Sección Instructora o de Enjuiciamiento, órgano que tiene la obligación de recabar y analizar las pruebas para declarar si existen elementos para proceder contra un funcionario público acusado de violar las leyes; lo más probable es que ello no ocurra, precisamente por el factor del tiempo.

Lo que sí está ocurriendo es una intensa presión sobre el ejecutivo veracruzano, que estaría a punto de arrojar la toalla.





Las señales en contra

Las señales contra el gobernador veracruzano difícilmente podrían ser más claras: es acusado por un enorme desvío de recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación; es investigado por la PGR y por el Sistema de Administración Tributaria; es objeto del desdén y el desprecio presidencial, lo cual ha quedado de manifiesto en diversos actos públicos, en Veracruz y en el Altiplano; y su partido, el PRI, ya ha dejado claro que no lo van a proteger, porque además no tienen esa posibilidad.

Sin un grupo político fuerte que le respalde y apoye, más allá de sus incondicionales en el Congreso del Estado y algunos diputados federales que le deben sus cargos, Duarte de Ochoa está solo y así enfrentará las serias acusaciones que pesan en su contra y que podrían llevarlo a la cárcel, donde acompañaría a otros ilustres personales, ex gobernadores todos, que se encuentran recluidos por diferentes motivos: Jesús Reyna García, ex gobernador interino de Michoacán; Andrés Granier Melo, de Tabasco; y Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo.

A ellos habría que sumar a otros ex mandatarios que estuvieron presos en el pasado, como Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; o Narciso Agúndez Montaño, de Baja California Sur.







El intento de defensa

En los círculos políticos corren comentarios en el sentido de que el gobernador Javier Duarte organiza su defensa en dos pistas: la legal y la mediática; en el primer caso, se especula sobre la contratación de un prestigioso e influyente grupo de abogados con experiencia en sacar del atolladero lo mismo a políticos que a connotados empresarios.

Lo mediático es otra cosa; en su intento por contener la ola de notas, reportajes y artículos que lo ubican como el gobernador más desprestigiado y con la peor imagen del país, Duarte y los suyos han fallado. La estrategia de comunicación del ejecutivo veracruzano se redujo en los últimos dos años al uso del Twitter, herramienta útil pero insuficiente. Así, ante la contundencia de los señalamientos de la ASF, del SAT y de la PGR, esa ola de información adversa a Duarte de Ochoa terminó por convertirse en un tsunami.

En ese contexto, el gobernador saliente alentó una carta abierta hace un par de días, como un intento desesperado para dejar claro que todavía cuenta con el apoyo de un sector del PRI y del Partido Verde. En el documento, un reducido y desgastado grupo de legisladores advirtieron que su partido, el PRI, debe evitar “juicios sumarios” contra Duarte; es decir, impedir la expulsión, en tanto las autoridades competentes –las judiciales– emitan un dictamen con relación a las denuncias que se desahogan en la PGR.

El problema para la causa duartista es que esa respuesta no encontró eco; incluso, la dirigencia nacional del Partido Verde desautorizó la adhesión de sus diputados, en virtud de que el proceso de expulsión contra Duarte es un tema interno del PRI, en el que el Verde es ajeno.

Por otro lado, la carta abierta de los diputados priistas veracruzanos se enfoca a la exigencia de juzgar con la misma severidad al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, como si ese fuera el único flanco; sin embargo, hay que recordar que las más contundentes denuncias no salieron del panista, sino de la Auditoría Superior de la Federación y más reciente del Sistema de Administración Tributaria.

A poco más de sesenta días de que entregue el cargo a Miguel Ángel Yunes, su férreo adversario político, Javier Duarte enfrenta el peor escenario de su vida.





Mil 200 deportistas en la carrera Nuestra Capital

Xalapa se convirtió en escenario deportivo que prueba que la población está ávida de participar y competir en las actividades físicas convocadas por el gobierno municipal, cuyo alcalde presidió el arranque de la segunda edición de la Carrera Nuestra Capital 5 y 10 K, en la que participaron más de mil doscientos corredores que dieron vida a uno de los encuentros de reunión social con mayor relevancia en el año, no sólo por el número de corredores sino por el apoyo de sus familiares y amigos que se reunieron a lo largo de toda la ruta.

Para que la jornada del deporte xalapeño fuera completamente exitosa, también se registró el tercer lugar del triatleta Crisanto Grajales en la Copa del Mundo de Triathlon celebrada en Salinas, Ecuador. @luisromero85