Historias de complicidades

En una reunión con el grupo de alcaldes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, inconformes por el incumplimiento del gobierno del estado en la transferencia de los recursos federales, el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Peregrín, reconoció que el dinero enviado a Sefiplan fue gastado en otras cosas y no enviado a los ayuntamientos.
El pasado 31 de octubre, La Jornada publicó una entrevista con el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien apuntó que las palabras de Gómez Peregrín fueron grabadas en video y que constituyen una prueba de un presunto delito, en el sentido de que el titular de la Sefiplan reconoce el desvío de recursos.
El edil de Boca, quien encabeza al grupo de los alcaldes que tomaron Palacio de Gobierno y por unos días la Casa Veracruz, calificó a Gómez Peregrín de cínico y suicida, porque aceptó su presunta participación en un hecho delictivo, el uso de las participaciones federales que corresponden a los ayuntamientos para un fin diferente al establecido por la autoridad federal. Dijo que basta con que la Procuraduría General de la República escuche las grabaciones para entender que se trata de delitos federales.
Dos días después de dicha declaración del alcalde boqueño, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación se refirió, ante medios nacionales, a dicho desvío de recursos: “se le advertía (a Duarte), pero aparte de que se le advertía, él lo sabía; fue secretario de Finanzas y sabía que el recurso etiquetado tenía destino, pero la explicación siempre fue una respuesta de tipo político, que era fundamentalmente sacar el pago de la quincena para evitar conflictos internos”.
De acuerdo con la explicación de Gómez Peregrín, el uso de los recursos federales destinados a los ayuntamientos para el pago de nómina y gasto corriente fue una orden de Javier Duarte.
Sin embargo, habría que plantearse la pregunta sobre el grado de responsabilidad del titular de Sefiplan, porque Gómez Peregrín no puede salir ahora con que él únicamente obedecía indicaciones.
En pocas palabras, el funcionario no es un improvisado, conoce las leyes en la materia y sabe perfectamente que el uso de las participaciones para fines ajenos a los establecidos constituye un delito grave. En ese sentido, no puede ahora decir que sólo acataba órdenes de Duarte, porque nadie está obligado a violar la ley. Si sabía que lo hacían era un delito, ¿por qué no renunció a tiempo y denunció los hechos ante las autoridades?; finalmente, no denunciar esas irregularidades lo ubica en el jabonoso terreno de la complicidad.
Un médico, por ejemplo, no puede administrar o recetar un medicamento a su paciente sabiendo que es inadecuado y pone en riesgo su vida; no imagino a un doctor argumentando, en su defensa, que el director del hospital le ordenó provocar la muerte al enfermo, porque eso no sólo es un delito, es también un acto criminal.
Algo parecido ocurre con la explicación de Gómez Peregrín sobre el desvío de las participaciones que correspondían a los ayuntamientos.


Flavino y la fuga de Duarte
Luego de enviar al Congreso del Estado su solicitud de licencia, grabar su despedida en video para las redes sociales, y realizar un recorrido por algunas oficinas de Palacio de Gobierno para agradecer al personal, el pasado 12 de octubre, Javier Duarte de Ochoa salió por la puerta trasera del gobierno estatal, emprendió la huida.
El hoy ex gobernador, prófugo de la justicia y enviado a la hoguera política y judicial por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, utilizó un helicóptero para poner pies en polvorosa.
Para entonces, Flavino Ríos Alvarado ya había sido declarado gobernador interino y como tal, habría facilitado la aeronave a Duarte de Ochoa, quien ya no tenía cargo público ni, por consiguiente, encomienda oficial.
El helicóptero oficial llevó a Javier Duarte a Coatzacoalcos, donde se le perdió la pista. Algunas versiones lo ubicaron en el rancho de su suegro, Tony Macías, en Villaflores, Chiapas; sin embargo, tras un intenso operativo, la PGR negó que el ex gobernador estuviera escondido en dicho lugar. Como sea, el caso es que Duarte sigue sin aparecer.
A raíz de esos hechos y cuestionado sobre las facilidades que habría otorgado a Duarte para emprender la huida, Ríos Alvarado, experto como es en materia de derecho, argumentó que en ese momento, no tenía conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión contra su antecesor.
El problema es que todo eso puso en el ojo del huracán a Flavino Ríos. Miguel Ángel Yunes, por ejemplo, denunció, un par de días después de la salida de Javier Duarte, que el ex gobernador escapó de Veracruz con la ayuda de quien fuera su secretario de Gobierno y quien después sería el mandatario interino. Ante ello, los priistas se dijeron indignados por dicho señalamiento; Enrique Ochoa Reza, el presidente del CEN del partido, pidió al gobernador electo que presentara las pruebas que acreditaran su dicho.
Al final, el tiempo y las investigaciones dieron la razón a Yunes Linares, quien hoy tiene a Duarte en calidad de prófugo, fuera de combate; y a Flavino contra las cuerdas y a punto de perder el equilibrio. @luisromero85