* FGE Y JUECES BAJO SOSPECHA

Lo declarado a la prensa este lunes por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de que “El Lagarto”, uno de los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación involucrado en la masacre de Minatitlán era protegido de la Fiscalía General del Estado y que hasta se movía en vehículos oficiales no puede quedar en un mero dicho, menos ahora que áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, en colaboración con agencias del gobierno de Estados Unidos, investigan a jueces federales adscritos a Veracruz, Jalisco, Guerrero y Colima, entidades donde han sido detenidos y posteriormente liberados jefes de plaza y operadores financieros y logísticos del CJNG.

Esta investigación fue iniciada al detectarse casos de jueces federales que ostentan propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados sólo con sus ingresos y que presuntamente son resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado.

El caso más destacado, hasta ahora, es el del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, de Jalisco, quien comenzó a ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el sexenio pasado por presuntamente dejar en libertad en forma injustificada a líderes del CJNG. En la presente administración federal, senadores de MORENA documentaron que había adquirido inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016. Este lunes, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que congeló sus cuentas bancarias que ascienden a 50 millones de pesos.

Pero en Veracruz no solamente estarían bajo sospecha los jueces federales y la Fiscalía General del Estado, según el señalamiento hecho anteayer por el secretario de Gobierno en contra del órgano autónomo encabezado aún por el abogado yunista Jorge Winckler.

Y es que según algunas versiones periodísticas, en octubre de 2012, con la captura de Cristopher Fuentes Letelier, alias “El Chuletón”; de Ignacio Valdez Ramírez, “El Chilango”, y de Gerardo Trejo Cruz, “El Trejo” –subordinados de Raúl Lucio Hernández, (a) “El Lucky”, el jefe de plaza de Los Zetas en la región de Córdoba detenido en diciembre de 2011–, quedó evidenciada la podredumbre al interior de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, según la declaración ministerial 947/2012/VER-FIEAFTVS-10 iniciada en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro.

Entre los nombres de abogados, empresarios, periodistas y funcionarios de la PGJE que presuntamente estaban en la nómina de esta organización delincuencial, “El Chilango” señaló directamente a Manuel Fernández Olivares, (a) El Pámpano, quien en agosto de 2002 ya había sido señalado de haber liberado en la ciudad de Veracruz al narcotraficante Ubaldo Gamboa Tapia, (a) “El Uba”, asesinado posteriormente, en 2004, por una presunta deuda por drogas.
En octubre de 2009, Fernández Olivares fue denunciado por un ciudadano por prestarse a un desalojo de una vivienda por parte de la Policía Intermunicipal de Veracruz, donde como agente del Ministerio Público, en presunto contubernio con esa corporación desaparecida también por su relación con Los Zetas, se prestó a un juego de abusos para despojar a una familia de su vivienda.
Los señalamientos en su contra por su vinculación con el crimen organizado en Veracruz se reactivaron en 2015, cuando un ex elemento de la Policía Intermunicipal de Veracruz dio a conocer los nombres de quienes colaboraban con las organizaciones del narcotráfico en la conurbación porteña, entre las que ya predominaba el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En 2017 Fernández Olivares fue designado Juez Primero de Primera Instancia en Coatzacoalcos, cargo del que fue removido en el mes de julio, a unos meses de su llegada al cargo, debido a que presuntamente le brindaba protección al jefe de Los Zetas en la zona sur de Veracruz, Hernán Martínez Zavaleta, (a) “El Comandante H”, detenido a finales de junio de 2017 en Tabasco.
Pese a estos antecedentes, actualmente “El Pámpano” es secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado.
Presuntamente el caso de la relación de Fernández Olivares con la delincuencia organizada no estaría cerrado. La investigación iniciada en 2012 por el Fiscal Investigador Especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina Armada de México del Operativo Veracruz Seguro, Pedro Alberto Huesca Barradas, y atraída por la PGR con el numeral 728/2012 y radicada con el Fiscal 4° del MP de la Federación adscrito a la Delegación en Veracruz, y que actualmente se encuentra en calidad de reserva, estaría siendo revisada y a punto de ser reactivada por la FGR, pues otro de los mencionados en ese expediente es Marco Antonio Lezama Moo, a quien su amigo, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, nombró en 2008 subprocurador regional en la zona centro, con sede en Córdoba, y luego, al final de su mandato, en 2010, lo propuso al Congreso local como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
De acuerdo con la declaración ministerial rendida en octubre de 2012 por Ignacio Valdez Ramírez, (a) “El Chilango”, Lezama Moo trabajó para Los Zetas como subprocurador en Córdoba, entre los años 2008 y 2010, señalando a Gustavo Cano Sánchez, (a) “El Moneneque” como la persona que le pagaba la cantidad de 80 mil pesos mensuales “por el apoyo que nos daba”, especificando que “nos entregaba los vehículos que nos aseguraban sin hacer ningún trámite, así como los trailers, y cuando alguno de nosotros nos detenían ordenaba nuestra liberación inmediata…”
El sicario también mencionó que “quien operaba para el licenciado Marco Antonio Lezama Moo como persona de su confianza, era el licenciado Lauro Ramos Olmos, a quien nombró Agente del Ministerio Público en Córdoba, Veracruz, durante el tiempo en que estuvo…”
“Esta persona –declaró hace siete años ‘El Chilango’– también trabaja para nosotros Los Zetas, a él le pagábamos la cantidad de 20 mil pesos mensuales, es quien nos atendía en su oficina para entregarnos los oficios y liberar el vehículo o detenidos. En su oficina yo personalmente le entregaba dinero de su nómina, también nos informaba inmediatamente si aseguraban algún tráiler de nosotros, vehículo o compañero de Los Zetas, además les explicaba la forma en que debían declarar en su oficina o ante cualquier autoridad que los detuviera para que no delataran a otros miembros de Los Zetas…”
¿Ahora se entiende por qué estamos cómo estamos en Veracruz? ¿Con miles de desaparecidos y cientos de fosas clandestinas con cadáveres, la mayoría sin identidad? ¿Además de las ejecuciones que siguen imparables?