* CONTRALORES INCÓMODOS

A principios de agosto de 2018 –un mes después de las elecciones de gobernador y diputados locales, en las que arrasó MORENA–, la LXIV Legislatura del estado, bajo control mayoritario del PAN, designó a los contralores internos de ocho organismos autónomos.
Para la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, fue designada María del Pilar Beltrán Cisneros, quien resultó ser prima del actual secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Sin embargo, a pesar de la fuerte confrontación que viene protagonizando su tío con el fiscal Jorge Winckler desde antes de que iniciara la actual administración, hasta ahora no han trascendido fricciones personales entre el abogado yunista y la titular del órgano de control interno de la FGE.
Esta misma institucionalidad ha prevalecido hasta ahora también en el Poder Legislativo, donde fue nombrado como contralor René Buenrostro Hernández; igualmente en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), cuya Contraloría está a cargo de Mauricio Eduardo Jongitud Piñeiro; en el Organismo Público Local Electoral (OPLE), donde fue designado Francisco Galindo García; en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde el titular del órgano de control interno es Adolfo Toss Capistrán, y en la de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), donde fue nombrado Mariano Alvarado Martínez.
Sin embargo, en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el contralor Alfonso Velásquez Trejo mantiene un fuerte conflicto con la presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez, después de que rindió protesta ante el Congreso local.
García Álvarez, ex magistrada federal electoral, inclusive ha ventilado públicamente sus diferencias con Velásquez Trejo, a quien ha señalado de pretender un sueldo superior a los 50 mil pesos mensuales; de arrendar oficinas propias, fuera del edificio del IVAI; de ampliar la plantilla laboral y contratar a tres subdirectores que percibirían 35 mil pesos al mes, además de administrar personalmente el presupuesto de 3.5 millones de pesos.
En el Órgano de Fiscalización Superior del Estado también ha comenzado a vulnerarse la institucionalidad ante el proceso legislativo para designar al nuevo auditor general del ORFIS.
Y es que el año pasado fue designado Emmanuel Vázquez Jiménez, quien está representando un serio conflicto de interés para su hermano Sergio Vázquez Jiménez, uno de los que aspiran a encabezar el ORFIS.

De hecho ya le está generando un serio problema a su carnal, el ex presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, pues en la campaña que se ha desatado en contra del actual titular del máximo órgano fiscalizador del estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez –quien públicamente anunció desde hace un par de meses que le gustaría reelegirse para este mismo cargo–, la semana anterior fueron filtrados en medios de comunicación y las redes sociales documentos confidenciales del ORFIS para intentar desacreditar al auditor general.
Inclusive aseguran que desde su nombramiento, Emanuel Vázquez –a quien poco lo ven por sus oficinas– comenzó a trabajar para la causa de su hermano.

PORTILLA: PISO PAREJO

Por cierto, este lunes, los 12 diputados que integran la Comisión de Vigilancia en la LXV Legislatura local, en apego al artículo 89 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y lo establecido en la Constitución Política del Estado, analizaron y aprobaron la convocatoria pública para la elección del Auditor General del ORFIS para el siguiente periodo de siete años, que iniciará a partir del 26 de septiembre próximo.

Y en la sesión de esta Comisión legislativa que preside el diputado Eric Domínguez Vázquez, se determinó que la Ley 252 de Fiscalización sí da la posibilidad al actual auditor Lorenzo Antonio Portilla Vázquez de reelegirse en el cargo, aunque la diputada Mónica Robles Barajas, secretaria de dicha comisión parlamentaria, declaró en entrevista que el hecho de que Portilla pueda participar en el proceso no le da ninguna ventaja, ya que se podrán inscribir todos los ciudadanos que tengan interés en la titularidad de este órgano autónomo y que cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.