* AMPAROS AL MAYOREO

El lunes 2 de septiembre, un día antes de que la Diputación Permanente de la LXV Legislatura local acordara separarlo temporalmente de la Fiscalía General del Estado (FGE) por incumplir con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y su revalidación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Winckler le entregó por la mañana al gobernador Cuitláhuac García una carpeta sobre la investigación del acto terrorista del bar “El Caballo Blanco”, de Coatzacoalcos, misma que aseguró haberles remitido personalmente también al presidente López Obrador y a los titulares de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).
La noche del martes 3, en la conferencia de prensa a la que convocó, Winckler afirmó que la investigación de la Fiscalía a su cargo iba muy avanzada, “prácticamente resuelta”, y dijo estar seguro que “el expediente lo resolverán con los datos que les aportamos…”.
Sin embargo, ocho días después, este miércoles 11, el gobernador Cuitláhuac García acudió a la FGR. En un video que subió a las redes sociales, el mandatario veracruzano expresó: “El día de hoy asistí aquí a la Fiscalía General de la República para darle seguimiento al caso del multihomicidio en Coatzacoalcos. Me han informado que los avances ya son sustanciales, que pronto se dará una información de manera pública y también aproveché el momento para solicitar que se le siga dando continuidad a las denuncias que hemos interpuesto ante esta dependencia por faltas y delitos diversos de (ex) funcionarios del gobierno de Veracruz. Desde luego expresé también al fiscal Gertz Manero toda la confianza que le tiene el gobierno de Veracruz para que sigamos trabajando juntos y hagamos justicia en Veracruz.”
Según ha trascendido, entre esas denuncias estarían las que han sido presentadas en la FGR en contra de Winckler, entre ellas la que interpuso desde principios de mayo de este año el secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, por haber “ocultado” entre los años 2017 y 2018 más de 150 órdenes de aprehensión que el fiscal yunista no subió a la Plataforma México.
Otra denuncia fue por el caso de la 6 mil 400 cámaras de videovigilancia inoperantes, y por las que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes y su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, pagaron por adelantado 1,200 millones de pesos a la empresa Comtelsat.
Además, desde la suspensión temporal de Winckler, la encargada del Despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, ha agilizado la ejecución de 24 órdenes de aprehensión que habían sido otorgadas por diversos jueces.

La situación se les ha complicado a tal grado que Winckler y el desaparecido fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres –a quien le detectaron un sueldo excesivo de 300 mil pesos en el mes de julio– andan con sendos amparos federales desde la semana anterior para no ser aprehendidos.

¿Yunes y Téllez Marie tramitarán los suyos también? Y es que ahora hasta la ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Angélica Méndez Margarito –quien en el bienio yunista se desempeñó como directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, cargo que le fue creado exprofeso y dependía directamente de la Oficina del Gobernador– habría solicitado igualmente la protección de la justicia federal para evitar su posible detención por el homicidio de su antecesora Maricela Vallejo Orea, por cuyo crimen el esposo de Méndez Margarito, el ex síndico Ricardo Pérez Marcos, actualmente está en prisión bajo proceso penal como presunto autor intelectual del asesinato de la ex munícipe, ejecutada el 24 de abril de este año junto con su cónyuge Efrén Zopoyactle y su chofer Sabino García.

Afortunadamente para la ex alcaldesa y ex funcionaria yunista, el presunto autor material del crimen, el ex comandante de la policía municipal, Primitivo Islas Falcón, sorpresivamente ¡se “suicidó”! cuando hace exactamente un mes iba a ser detenido en su domicilio por elementos ministeriales de la Fiscalía a cargo de Winckler.

Tras este sospechoso hecho, a mediados de agosto, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, salió a declarar que “lo que Winckler omite decir y no ha informado a los medios es cómo es que (el presunto homicida) trabajaba en el gobierno anterior en las oficinas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, si para ingresar al gobierno uno de los requisitos es no tener antecedentes penales”.
Y es que Primitivo Islas había sido procesado en 1998 por su participación en los delitos de homicidio, lesiones dolosas calificadas y daños, según la causa penal 93/2018.
Por esos hechos delictuosos fue condenado a 21 años de prisión, siendo beneficiado con la preliberación condicional en 2007. Y según confirmó Cisneros con documentos oficiales, en diciembre de 2016 había ingresado a trabajar como “analista administrativo” en la Oficina del gobernador Yunes, donde coincidió con la ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Angélica Méndez Margarito, titular del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas.
La misma que ahora que ya no está Winckler en la Fiscalía denuncia que es víctima de “persecución política”. ¿Pues qué temerá?

LAPSUS BRUTUS DE FLORES SAVIAGA

Quienes conocen del asunto señalan que –en realidad– no son 4 mil sino 1,159 los casos que tiene registrados el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) desde diciembre de 2018, fecha en que tomó posesión el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Y es que resulta que ayer la Magistrada Concepción Flores Saviaga, en un lapsus brutus, dijo que había más de 4 mil laudos por despidos llevados a cabo en la actual administración estatal; sin embargo, nadie sabe qué mosco le picó ni de dónde sacó esos datos, pues de acuerdo con fuentes del propio TECA, de diciembre del año pasado al 11 de septiembre del 2019, esa instancia sólo tiene registrados mil 159 expedientes de instancias públicas, lo que engloba no sólo al Gobierno del Estado sino también a varios Ayuntamientos.