* CGCS: ORDEN Y AUSTERIDAD

De todos los funcionarios que han pasado por la titularidad de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Gobierno del Estado, solamente dos han terminado en prisión: Sabás Huesca Rebolledo, de la administración del ex gobernador Miguel Alemán Velasco, y Gina Domínguez Colío, ex vocera de Javier Duarte.

Quién sabe si Elías Assad Danini, quien sirvió incondicionalmente al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y le apostó al fallido proyecto sucesorio de su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, será el tercer ex titular de la CGCS predestinado a ingresar al reclusorio de Pacho Viejo.

Y es que del presunto daño patrimonial por más de 68 millones de pesos detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en el ejercicio fiscal 2018, Assad sólo pudo solventar 580 mil pesos, o sea, ni el 1 por ciento.

Entre las observaciones registradas destacan la posible alteración de documentos, inexistencia de contratos celebrados con agencias y medios de comunicación, así como duplicidad de registros y pagos.

También se observó la falta de evidencia documental de los testigos que comprueben los servicios prestados por concepto de difusión de materiales informativos publicitarios y promocionales, así como de consultoría y creativos para el diseño, producción y postproducción de campañas de promoción de la Administración Pública Estatal.

Además, la CGCS no presentó evidencia documental de haber monitoreado y dado seguimiento a la información difundida y/o exhibida en los diferentes medios de comunicación contratados.

Igualmente se comprobó que de los contratos celebrados por la prestación de servicios de difusión de materiales informativos publicitarios y promocionales, así como de consultoría y creativos para el diseño, producción y postproducción de campañas de promoción de la Administración Pública Estatal, la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) reportó haber realizado pagos por 64 millones 979 mil 830.21 pesos.

Sin embargo, la CGCS presentó documentación comprobatoria y justificativa tan sólo por 37 millones 280 mil 381.61 pesos, existiendo una diferencia de 27 millones 699 mil 448.60 pesos, de la cual no se mostraron los contratos, facturas y los testigos que respalden y comprueben la presentación de los servicios por parte de 16 proveedores.

En este caso tampoco se presentó evidencia documental de haber realizado el monitoreo y seguimiento a la información difundida y/o exhibida en los diferentes medios de comunicación contratados.

También existen otras observaciones de carácter administrativo, como el caso de un popular diario porteño, incondicional de Yunes Linares desde el sexenio chirinista (1992-1998), al cual Assad le pagó más de 4 millones 254 mil pesos por concepto de publicidad "Prensa Escrita", sin que exista evidencia del contrato celebrado en 2018 entre el prestador de servicios y la CGCS.

Por estos antecedentes es que ahora, en la administración del gobernador Cuitláhuac García, el vocero Iván Joseph Luna Landa no sólo maneja un restringido presupuesto para la difusión sino que además ha tenido que poner orden y establecer una serie de requisitos administrativos, fiscales y notariales que obviamente ha generado descontento entre editores y comunicadores acostumbrados a los excesivos y discrecionales convenios publicitarios del pasado reciente.