* ‘EL OCHENTA’

Desde hace más de un año, ganaderos y empresarios del sur de Veracruz han venido clamando apoyo de los gobiernos federal y estatal para acabar con los asesinatos, extorsiones, secuestros y asaltos de un grupo criminal arraigado en esa región istmeña.

Hace un mes, el domingo 1 de marzo, alrededor de mil ganaderos, empresarios y ciudadanos de seis municipios veracruzanos –Acayucan, San Juan Evangelista, Minatitlán, Santiago Sochiapa, Hidalgotitlán y Jesús Carranza–, organizaron una caravana de casi 500 vehículos que transitaron por la autopista La Tinaja-Cosoleacaque hasta Las Choapas, donde se reunieron con productores de otras cuatro localidades oaxaqueñas, limítrofes con Veracruz, para anunciar la formación de un grupo de autodefensas.

A nombre de los presentes, Adrián Carreño, ganadero de Las Choapas, dijo que ya estaban hartos del robo de ganado, de las extorsiones y secuestros.

En dicha reunión se quejaron de la “falta de acciones del gobierno” y denunciaron que la violencia en Veracruz ya es insostenible, señalando que hay pueblos que han sido casi exterminados, en referencia a las fosas halladas recientemente en Playa Vicente, en las que aseguran había hasta 500 cuerpos.

Este miércoles fueron ejecutadas otras dos personas en el ejido El Zapote, de Las Choapas, y tres más en la localidad de Aguilera, en Sayula de Alemán, entre ellos, el esposo de una oficial de la Policía Estatal, según el mensaje escrito que dejaron los sicarios del grupo criminal que se adjudicó los homicidios.

En esa región todo mundo sabe, empezando por las autoridades municipales, quién es el principal generador de violencia.

Y es que la semana antepasada circuló en las redes sociales una denuncia acerca de “cómo estos criminales que hoy sangran a Sayula, Acayucan, Oluta, San Juan Evangelista, Soconusco y Texistepec planean perpetuarse en el poder, por medio de la fundación ‘Sé Cortés’, que no es otra cosa más que una pantalla ‘bonita’ de las ambiciones de poder del ex agente del Ministerio Público, Roberto Sánchez, alias ‘El 80’, jefe de plaza de toda esa zona del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, al cual atribuyen “docenas de asesinatos de gente de bien, extorsiones, secuestros y abusos contra los ciudadanos trabajadores”.

Entre otros señalamientos, refirieron que “la última víctima de este grupo criminal que opera con toda impunidad, por la protección de los policías estatales que están en Sayula, fue el comandante de la (policía) municipal de San Juan Evangelista, Raymundo Prior Reyes, quien fue asesinado hace unos días cobardemente por pistoleros que, se supo, se movieron por los caminos que van entre Aguilera, el basurero de San Juan y El Aguacatillo.”

Y afirmaron que al comandante Prior Reyes “lo asesinaron porque les estorbaba para seguir cometiendo delitos en la carretera 145”, pues aseguran que este grupo criminal asalta vehículos que transportan artículos de abarrotes o materiales de construcción, los cuales venden a los ayuntamientos de la región y también destinan a la Asociación Civil “Sé Cortés” que preside Juan Cortés, primo de “El 80”, para apoyar a sus aspirantes a alcaldes y diputados, entre ellos Raúl Torres, (a) La Cuija o “El 30”, que supuestamente aspira a suceder al alcalde perredista de Sayula de Alemán, Fredy Ayala, quien a su vez pretendería ser postulado a la diputación.

AHUED: COMUNICACIÓN FALLIDA

Después de que Ivonne Reyes, reportera de Reporte Índigo, publicó hace tres días que decenas de trabajadores de la Administración General de Aduanas acababan de ser notificados que ya no se les renovarían sus contratos a pesar de que algunos de ellos se encuentran en cuarentena al haber resultado positivos al COVID-19, el ex alcalde xalapeño Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la AGA, salió a aclarar este jueves que no se ha despedido personal de esta dependencia del Sistema de Administración Tributaria (SAT) durante la contingencia de coronavirus, sino que en realidad concluyeron sus contratos temporales y que él mismo está buscando que sean reincorporados, “ya que hay muchas vacantes para cubrir espacios del comercio exterior”, comentó.

Sorprende que el senador con licencia no se haya preocupado por hacerles oportunamente esta aclaración a los empleados y empleadas despedidas, como fue el caso, por ejemplo, de Berenice Sánchez Huesca, quien declaró a la periodista que ella estaba comisionada en la aduana de Tijuana, Baja California, y que pese a que desde hace más de una semana se hallaba aislada luego de haber sido diagnosticada con principios de coronavirus, manifestó que recibió una llamada telefónica para notificarle simplemente que ya no tenía trabajo.

Berenice, además, se refirió a su compañera Fernanda Mellado, a la que también le notificaron que fue despedida –sin que le aclararan que sería recontratada, como ahora aduce Ahued–, no obstante que su madre acababa de fallecer y que igualmente está en cuarentena por principio de COVID-19.
Según la reportera de Reporte Índigo, Sánchez Huesca le comentó que otros 18 empleados habían sido informados que ya no trabajarían más en la Aduana de Tijuana y que sus compañeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también le confirmaron que “hasta el momento son 25 a los que ya les rescindieron sus contratos”, sin que nadie les dijera que serían reincorporados laboralmente.

Por lo que se ve, a Ricardo Ahued le funciona mejor la comunicación con los trabajadores de sus empresas que con los empleados de la Administración General de Aduanas, pues al anunciar el pasado martes 31 de marzo que sus establecimientos en Xalapa y municipios circunvecinos se mantendrían cerrados hasta el 30 de abril debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el senador con licencia garantizó que sus trabajadores recibirían los sueldos completos, lo que ocasionó que millares de usuarios de redes sociales se volcaran en elogios hacia él, prometiéndole hasta volver a apoyarlo si próximamente decidiera contender por otro cargo de elección popular.