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Ahora que en 200 años será la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá que ver si la ministra Norma Lucía Piña se atreve a moderar o de plano a suprimir algunos de los privilegios de los que gozan los 11 miembros del pleno de la SCJN, cuyos exorbitantes ingresos deberían avergonzarlos en un país con más de 66.5 millones de habitantes en la pobreza y pobreza extrema que, según estadísticas oficiales, sumaban hasta el año antepasado.
Cuatro días antes de la elección de la ministra Piña Hernández, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, publicó en redes sociales un texto titulado “La Corte: Privilegios y Retos”, en el que exponía que parte de la “guerra fratricida” que se libraba en la SCJN por su presidencia se debía en primer término a la pugna de “los grupos internos interesados en mantener los privilegios que, al igual que diversos órganos autónomos, se han resistido a la política de austeridad que sí asumieron el Ejecutivo y el Legislativo”.
El político zacatecano señaló que esta resistencia “a perder sus privilegios y lujos excesivos”, provocó cuando menos dos reacciones: “La primera, es la indignación popular tanto por la opulencia que ostentan los altos mandos del Poder Judicial como por la constante negativa de estos a la posibilidad de destinar esos recursos a la atención de las problemáticas más urgentes de México. La segunda reacción obedece a la férrea determinación de los grupos que buscan evitar cualquier situación que implique poner en riesgo la era dorada que se vive actualmente al interior de ese Poder”.
No obstante, Monreal expuso que “al interior del Judicial hay quienes coinciden con la demanda ciudadana de terminar con los excesos y la vida excepcional de la que gozan algunos de sus integrantes a costa de los recursos públicos”.
“La vocación y el empeño que tal sector del Poder Judicial imprime en su trabajo diario se enfoca en terminar con la impunidad y hacer valer la justicia; postura que contrasta con la de quienes buscan controlarlo desde el interior y el exterior, para hacer uso de él en la protección de sus intereses”, afirmó el aspirante presidencial de Morena, quien apuntó que “al mismo tiempo, estos últimos hacen todo para justificar el supuesto de que los sueldos exorbitantes y las prestaciones excesivas son las únicas maneras de abatir la impunidad y blindar la impartición de justicia ante los efectos de la corrupción”.
“No obstante, esa tesis no ha soportado las pruebas de falsabilidad del acontecer cotidiano, las cuales muestran que la ciudadanía debe gastar sus propios recursos para solventar gastos irregulares en su generalmente infructífera búsqueda de justicia”, remarcó el líder senatorial, quien enumeró un total de 40 privilegios.
Entre ellos mencionó los siguientes: sueldo de 297mil 404 pesos mensuales; aguinaldos de 586 mil 093 pesos, que representan 40 días de sueldo; primas vacacionales de 95 mil 475 pesos, que equivalen a 10 días de sueldo; un fondo para comer en restaurantes de lujo, por 723 mil 690 pesos anuales; un comedor especial en la Corte, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas; presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal; dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años; pago por riesgo de más de 640 mil 372 pesos al año; apoyos para gasolina por 22 mil pesos mensuales; apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista; escoltas del Servicio de Protección Federal (SSPC); seguros para autos y casa habitación; atención especial a ministras y ministros para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y otros; atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados; viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo cual se les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear; salones especiales en el aeropuerto, en donde se les ofrecen comidas y bebidas exclusivas; dos periodos vacacionales al año, de 15 días cada uno; tres equipos de cómputo e impresión; seis teléfonos celulares de gama alta para ministras, ministros y familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos, que se renuevan cada año; tres iPads con servicio de internet ilimitado; computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagados por la SCJN; posibilidad de instalar videovigilancia en sus casas, con cargo al erario; seguro de gastos médicos para ministros y su familia nuclear, por 30 millones de pesos en adelante; un monto de 188 mil 099 pesos al año, para compra de medicamentos; seguro de vida institucional por 12 millones de pesos; pago por defunción de un millón 189 mil 615 pesos; ayuda para gastos funerarios por 30 mil pesos; apoyos económicos para lentes por 3 mil 100 pesos para ministros, cónyuge y descendientes; al retirarse reciben una pensión vitalicia por casi la totalidad de su sueldo, reciben también un haber de retiro y conservan los vehículos que tuvieron asignados; disponen de dos “personas de apoyo” para su servicio durante la jubilación, pagadas por la SCJN; seguro de separación individualizado, de aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio, y reciben un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales.
En 14 fideicomisos, la SCJN suma recursos por 20 mil 149 millones 765 mil 377 pesos, que se utilizan principalmente para mantener estas prestaciones de por vida.
“Todo lo anterior da como resultado un presupuesto de 80 mil millones de pesos”, concluyó el líder del Senado.
