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La inseguridad que privó en México desde 2006 creó condiciones de excepción para todas las actividades que tenía que ver con el combate a esta situación. Así, se crearon alternativas administrativas y legales que terminaban por poner en manos del Poder Ejecutivo la seguridad.
Con el pretexto de la inseguridad se permitieron licitaciones directas, compras secretas, proveedores no autorizados, artículos de mala calidad, fusión y/o duplicidad de funciones, creación de corporaciones policiacas, surgimiento de grupos de seguridad, nacimiento de muchas empresas de seguridad privada, etc.
En nombre de la inseguridad se violaban leyes que se amparaban en normatividades, leyes secundarias se alteraban en nombre de la sobrevivencia de los mexicanos, jueces y ministros se hacían de la vista gorda en nombre de la tranquilidad social y mucho más.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora fue muy rígida e invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero les dio su tiempo, es decir, unos meses porque su fallo deberá cumplirse a partir del 1 de enero del 2024. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que ese plazo permitirá a las dependencias involucradas llevar a cabo los ajustes necesarios para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en forma plena, paulatina y ordenada.
La oposición llevó a la Corte una denuncia contra el traspaso a la Sedena, y la Corte, convertido en comparsa de una oposición que les lleva casos millonarios a sus ministros, y así asumió la denuncia opositora como orden.
Buena señal que la Corte demuestre que hay división de poderes y que dé cuenta de que el grave peligro que representó la inseguridad en años pasados, ya pasó su peor momento, aunque no para todos, porque siguiendo los lineamientos de la oposición ahora los estados que rechazaron la presencia de la Guardia Nacional en sus territorios, por el simple hecho de ser parte de un tradicional dique de contención de ideas y disposiciones de la actual administración, ahora sufren una delincuencia desbordada que rebasó a las autoridades.
Según el Inegi, las ciudades de León, Guanajuato e Irapuato salieron de la lista de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad en México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. La encuesta se aplicó a personas mayores de 18 años en 75 ciudades del país.
Si tomamos en cuenta todas alza atribuciones otorgadas por todos los poderes al ejecutivo en materia de seguridad, ahora vemos cómo se exhibe la oposición como factores de sabotaje de las decisiones del gobierno, a costa de la vida e integridad de sus ciudadanos.
Simplemente si se cambia el orden de las cosas y en lugar de que se pida que la Guardia Nacional se integre al Ejército, y se propusiera que el Ejército pida, exija o considere, que la Guardia Nacional debe estar bajo su custodia, las leyes cambiarían y la Suprema Corte de Justicia no podría más que callar, más aún con los índices de violencia de los estados gobernados por el PAN.
Ahora, lo que pareciera la derrota del primer round del Ejecutivo se convierte en la muestra de la fragilidad de las propuestas de una oposición que apenas balbucea en cuanto a conocimientos políticos. Y se va con la finta y hace lo que ha hecho todo el tiempo en este sexenio: el ridículo.
Pero como el que avisa no es traidor, el Presidente de la República señaló que la Corte no entendió que la Guardia Nacional se desplegó en zonas del país donde las policías Municipal o Estatal están rebasadas o cooptadas por la delincuencia organizada.
“Los obnubilan su conservadurismo y la politiquería, no les importa la seguridad del pueblo, usan de pretexto tecnicismos y argumentos legaloides”, añadió.
Ante la negativa López Obrador, anunció que será el 1 de septiembre de 2024, antes del final de su gestión y durante el primer día de la nueva Legislatura, presentará una nueva iniciativa de Reforma Constitucional para que la Guardia Nacional pase al control del Ejército.
Los laberintos que se autorizaron, a veces a espaldas de la población, en materia de seguridad en lugar de dar certeza en las leyes creó vacíos que resulta ahora muy complejo legislar en este tipo de temas, hay antecedentes que bien podrían invalidar desde la creación de la Guardia Nacional hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora considera haber ganado la guerra, cuando en realidad se trata sólo de una batalla.
Organizar, en este momento, una ley congruente que tenga como tema central la seguridad del país crearía más enfrentamientos que enloquecerían más aún a la oposición en las cámaras para tratar de invalidad la congruencia en las leyes que el PAN y el PRI desmembraron en nombre de la inseguridad que provocaron y en favor de los negocios que ellos absorbieron.
No se trata de una defensa al gobierno sino de mostrar el caos legal que permitieron los gobiernos anteriores, de tal suerte que cualquier disposición en materia de seguridad, fallo, sentencia, propuesta, exige de la recomposición de las leyes, de otra manera no hay decisión que valga ni fallo que se respete.
La inseguridad es un problema de vida o muerte para todos los mexicanos, pero más aún en algunos estados de la República, donde sólo se dedican a elevar las encuestas nacionales sobre inseguridad de dientes para afuera y en el interior de sus entidades hay casos hasta de complicidades entre autoridades y delincuentes.
PEGA Y CORRE
La política se ha abaratado tanto que ahora los debates entre candidatos se asemejan a un encuentro de boxeo donde, por fuerza, debe haber un ganador y un perdedor. No se admiten los empates, aunque esta vez, lo hubo entre Alejandra del Moral de la alianza opositora y Delfina Gómez, de Morena y aliados, a pesar de que los dados estuvieron cargados por parte de la mediadora de Televisa que presionó a la maestra.
