FÓRMULAS DEL PRIATO PARA EL PRESENTE

El pasado 2 de octubre volvimos a confirmar lo que todos los años reconfirmamos: es una fecha olvidada, desgastada, pretexto para que se hagan desmanes, actos vandálicos, berrinches, pintar bardas y sentirse revolucionario por un día, sin que ningún policía o corporación actúe en consecuencia.

Es el Día del Anarquista. Es el día permitido para que todos salgan a las calles y arremetan contra todo lo que apeste a gobierno o empresas o PRI, y nadie, absolutamente nadie, debe perseguir a estos rebeldes en aras de la libertad de expresión, menos en una fecha tan emblemática de la represión estatal contra jóvenes manifestantes.

Gracias a ese marco histórico, está permitido que los jóvenes menten madres y destruyan cosas porque no hay suficiente con qué pagar el dolor de cientos de desaparecidos y muertos que hubo en décadas pasadas; incluso la cifra es incuantificable, si bien hasta el momento no hay datos oficiales de la Matanza de Tlatelolco y mucho menos de la Guerra Sucia de los sucesivos años.

La relación entre jóvenes y PRI-Gobierno es realmente rara: para ser joven, en este país es requisito ser antipriista, pues la rebeldía va ligada con la juventud. Ser joven y ser priista suena contradictorio, son antítesis. Agua y aceite: sencillamente no cuajan.

Pero al final de cuentas no podemos dejar de lado el hecho de que existan jóvenes interesados en tener una carrera o aspiraciones políticas, especialmente aquellos cuyas familias están relacionadas al burocratismo, al servicio público o a la estructura partidista. No sólo hay priistas: también en el PAN existe una fuerza juvenil considerable. En la izquierda se puede decir que en primera instancia ésta sería el espacio ideal para la juventud rebelde, pero con el paso de los años, la izquierda laborista y progresista se ha convertido en una sarta de parásitos vividores del presupuesto… como los demás partidos.

En la agenda de esta semana relativa a la relación de jóvenes con el poder, pudimos ver cómo el problema del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzaba a convertirse en la prueba de fuego del gobierno de Enrique Peña Nieto y podían haberse dado varios escenarios: desde la confrontación con la fuerza pública, hasta el ignorar a los manifestantes y reducirlos a simples simpatizantes de la izquierda radical.

Pero no, los jóvenes demostraron que su movimiento era auténtico: hicieron una marcha con una gran cantidad de estudiantes, impidieron que se infiltraran los anarquistas reducidos a vándalos y además portaron sus credenciales en todo momento para identificarse como alumnos del Poli. Todo esto en aras de peticiones que pedían directamente al Gobierno Federal en días de octubre, donde acecha el fantasma de los hechos del 68.

Ante un movimiento netamente estudiantil y lejos de radicalizaciones, vino la actuación del gobierno federal a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y quien aplicó la fórmula más sencilla de la política: el diálogo, y más que dialogar, escuchar.

No obstante, hay que apuntar que en el sexenio de Calderón, en febrero de 2010, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiso calmar una manifestación de personas que habían sido reprimidas por los cuerpos antimotines en un evento del Centro de Convenciones Cibeles, en Chihuahua. Ahí, un cobarde individuo lanzó un zape por la espalda al funcionario y aunque quisieron intervenir las escoltas, Gómez Mont tranquilizó los ánimos y pidió respeto.

Que si era su trabajo y no debe vanagloriarse, la reacción de Osorio Chong es inédita. Actuó remando en contra de la inercia histórica del PRI represor, “mataestudiantes” y asesino. Sencillamente, la estrategia del hidalguense fue calculada, precisa y contundente para desactivar lo que podría haberse convertido en un problema de dimensiones mayores.

Tal vez el PRI no se quita del todo el estigma del 68, pero al menos en este gobierno se dio otra lectura que ya era necesario marcar junto a la fecha de la tragedia: la de platicar y escuchar a los jóvenes. Estrategia planeada o fortuita, pero queda para la posteridad.

Junto a este escenario favorable, para cantar victoria de una notable maniobra política para limpiar de esqueletos el closet del PRI, se debe también actuar contundentemente en el caso de Ayotzinapa e Iguala. En Chiapas, así como en Guerrero, las matanzas de Acteal (1997) y Aguas Blancas (1995) fueron suficientes para que los gobernadores Julio César Ruiz Ferro y Rubén Figueroa Alcocer (ambos priistas) fueran obligados a renunciar. Lo mínimo que debe hacer Ángel Heladio Aguirre Rivero es eso: irse al carajo y con la ignominia de no poder meter orden en su estado.

Y al atraer la investigación de los hechos de Ayotzinapa e Iguala, la Procuraduría General de la República tiene forzosamente que dar con los responsables históricos y castigarlos con todo el peso de la ley: el cínico alcalde y jefe de Policía, hoy prófugos de la justicia.

Hoy estamos viviendo tiempos donde la fórmula del encubrimiento y la vista gorda no funcionan, pues nos estamos enterando en tiempo real de lo que acontece en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, nuestro municipio, nuestro barrio.

Esa explotación de información inmediata bien puede ser utilizada para demostrar que se actuará con toda justicia en el caso de las lamentables muertes de Guerrero; además que ayuda a mantener una vigilancia constante, el ojo ciudadano sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto en el caso.

El único problema visible en toda esa maraña de redes sociales e información en tiempo real, sería también la radicalización. Si bien no se pueden ocultar cosas, es inevitable que grupos chairos aprovechen sus deseos personales de echarle más leña a la hoguera de la polarización y decir que Peña o Chong son los asesinos directos de todos los muertos de este país, como es el grito favorito de los manifestantes rayabardas/destrozavidrios que buscan siempre protagonismo en el 2 de octubre que, a estas alturas, ya se olvidó en su esencia.