Creo que pisé callos

Pisé callos. Más abajo les explico.
“Peinar”. Parece que este verbo se ha puesto de moda entre personal de las contralorías internas de las diversas dependencias del Gobierno del Estado, incluso entre los propios contralores.
A raíz del decálogo que anunció Javier Duarte como parte de las medidas de ajuste del gasto público estatal ante los recortes hechos y anunciados al presupuesto federal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este y el próximo año, pero también por las arcas vacías, se inició en la segunda quincena del mes pasado una medida impensable todavía hace tres meses: la de “peinar” todas las nóminas de las diversas secretarías para detectar a todo aquel que cobre sin trabajar y darle de baja de inmediato, aquí sí, sea quien sea y se trate de quien se trate.
Más adelante ofrezco argumentos que pudieron haber obligado a la administración estatal ha llegar hasta donde ha llegado con esta medida verdaderamente draconiana, o está llegando.
Otra de las secretarías que fue “peinada” fue la de Gobierno, donde también se detectó a una gran cantidad de “trabajadores de vía aérea”, en especial en la Dirección General del Registro Civil ahí donde despacha el famoso casamentero Rafael Valverde Elías, en la que había “comisionados” cobrando sin hacer nada pero con nivel ¡de Director!, o sea, de 30 mil pesos para arriba.
Ayer tanto el secretario de Educación, Flavino Ríos Alvarado, como el oficial mayor de la dependencia, Vicente Benítez González, me confirmaron lo del despido de “comisionados”, ¡5 mil! mencioné en “Prosa aprisa”. Flavino nada más me precisó que la medida no se inició el martes pasado sino hace un mes y que se está aplicando en forma gradual. Tanto él como Vicente me dijeron que lo están haciendo cumpliendo instrucciones precisas del gobernador Duarte y que, es de imaginarse, les ha acarreado reclamos, presiones, “incomprensiones” de quienes se resisten a dejar la ubre de la que estuvieron mamando sin tener ningún mérito para ello.
Por ejemplo, me explicó el titular de la SEV, en la pasada quincena, antes de pagarles a los directores de escuelas su prima vacacional, les pidieron que reportaran de inmediato, con nombres y apellidos, su plantilla laboral docente y administrativa (hubo algunas protestas de quienes seguramente están encubriendo anomalías, porque dijeron que no les habían avisado con tiempo), la que cruzaron con las nóminas en Finanzas y detectaron todo un escuadrón aéreo contra el que enviaron de inmediato unos aviones caza para derribarlos. Y los derribaron.
Pero, digo al principio, pisé callos. O creo que pisé callos por el tema de Víctor Arredondo Álvarez y el faltante de 2,000 millones de pesos de la columna de ayer.
Todo respeto, atención, amabilidad, amistad, el secretario Ríos Alvarado aprovechó para comentarme que Víctor, en efecto, estuvo con él el martes pasado acompañado por su excolaborador y ahora notario público Rafael Ortiz Castañeda, pero que sólo platicaron sobre el Programa Vasconcelos y las experiencias educativas del exsecretario, con quien guarda buena relación –“hacemos buena química”.
El oficial mayor, por separado, también respetuosísimo, cordial, me comentó que el Contralor General, Ricardo García Guzmán, en efecto también estuvo ese día en el edificio pero que sólo habló con él y que sí vio a Arredondo pero en la cochera donde se encontraron cuando el también exrector de la UV llegaba y el fiscalizador se retiraba.
O sea, sí fue cierto que estuvieron en el edificio. Los escuché con mucha atención y les ofrecí consignar lo que me decían, que es lo que hago ahora. Advertí que ninguno me tocó el asunto del dinero, que al final es la verdadera presa.
Pero vaya que el Gobierno del Estado tiene la soga al cuello en materia económica y la inestabilidad que provoca la caída de los precios del crudo empieza ya a jalar la cuerda. Eso quizá explica el gran tijeretazo nominal que se está dando.
En plena Semana Santa, el pasado miércoles 1 de abril, el diario Reforma informó que la calificadora Moody’s prevé mayor contratación de deuda por parte de los estados, ya que recibirán menos recursos vía participaciones federales debido a la menor producción de petróleo que anunció Pemex.
La firma dijo que Veracruz –aparte de Tamaulipas, Tabasco y Campeche– será el más afectado y tendrá necesidad de financiamiento ante esa falta de recursos. ¿Pero de parte de quién –pregunto– o de dónde si se debe a todo mundo, no hay para pagar y nadie quiere prestarle?
Por su parte, Javier Macedo, académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) señaló que por muchos años los estados tuvieron épocas de bonanza gracias a los ingresos petroleros, por lo que no realizaron un trabajo de financiamiento interno que les permitiera obtener ingresos mediante derechos, productos y aprovechamientos.
"Ahí no hay un trabajo porque generalmente estos cobros generan conflicto social; entonces, el expediente más sencillo es el crédito bancario que no genera conflicto social".
Por ello señala que será inevitable que los estados tengan que hacer reestructuras administrativas.
La nota informativa hace un recuento de la deuda contratada por estados y municipios con la banca privada y a febrero pasado el nivel de esa deuda aumentó en 4.2 por ciento real anual, la tasa de crecimiento más alta desde diciembre de 2013, según el Informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banco de México.
Por su parte, José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, señaló que a mediano y largo plazo, las entidades enfrentarán mayores presiones en sus finanzas porque las tasas de interés de los créditos van a subir.
Advirtió que el problema de recibir menores ingresos continuará y que al contratar más crédito, los estados presionarán sus finanzas públicas en los próximos años.
"Para evitar que su deuda crezca, las entidades requieren una revisión integral de su gasto corriente, operativo y de sueldos y salarios para adecuarse al entorno de menores ingresos", mencionó.
Para Veracruz, por si eso no fuera ya alarmante, también en plena Semana Santa le cayó encima otra noticia demoledora que jaló más la cuerda: el martes 31 de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un “ajuste preventivo” (un recorte) por 135 mil millones de pesos para 2016. Ese recorte se suma al que se dio en enero pasado por 124 mil millones de pesos.
Pero eso que recomiendan los expertos (hacer reestructuras administrativas, una revisión del gasto corriente, operativo y de sueldos y salarios) es precisamente lo que está haciendo ya el gobierno estatal desde el mes pasado cuando el 17 de marzo el gobernador Duarte de Ochoa presentó un Plan de Ajuste de diez puntos “para realizar una profunda reingeniería en la gestión pública estatal a fin de fortalecer los ingresos propios”, según dijo al dar posesión al sexto secretario de Finanzas y Planeación Antonio Gómez Pelegrín.
Pero, qué cosas, la circunstancia que ya casi ahoga económicamente al gobierno estatal, para los veracruzanos ha tenido un efecto positivo que nunca se lo hubieran esperado si por decisión propia hubieran tenido que tomar los gobernantes: de golpe y porrazo han acabado con privilegios y anomalías que costaban al erario, esto es, a los cumplidos contribuyentes. Y aunque ha sido obligado por las circunstancias, se tiene que aplaudir y reconocer al gobernador Duarte, quien de paso dejará una carga nominal menos obesa a su sucesor.