La campaña contra el Comité Ciudadano Anticorrupción

Luis Alberto Romero

Hora Cero

2018-11-29

Desde que rindieron protesta, en junio del presente año, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz han tenido un camino cuesta arriba y con todo tipo de obstáculos, todos ellos colocados desde Palacio de Gobierno.

El Comité se ha convertido en una piedra en el zapato para la administración Yunes.

El más reciente dique colocado contra ese organismo se relaciona con el descrédito generado como consecuencia de una evidente campaña orquestada contra el presidente Sergio Vázquez Jiménez.

Se ha manejado, por ejemplo, que al menos dos empresas del presidente del Comité de Participación Ciudadana falsearon información sobre su domicilio; y que se trata de los despachos que auditaron a oficinas del gobierno de Javier Duarte.

A partir de los señalamientos mencionados, Sergio Vázquez ha sido objetivo de una avalancha de lodo que al parecer le enviaron desde el actual gobierno estatal.

No se trata de iniciar una defensa de este personaje; sin embargo, bien vale la pena hacer un recuento de las diferencias y los desencuentros que ha mantenido el Comité Anticorrupción con el gobierno de Miguel Ángel Yunes.

El 13 de junio pasado fue integrado el citado organismo con Sergio Vázquez Jiménez a la cabeza; Emilio Cárdenas Escobosa, Alma Delia Hernández, José Antonio Muñoz de Corte y Mercedes Santoyo Domínguez.

El presidente de ese grupo integra, por consiguiente, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, del que también forman parte el auditor general del Estado, Lorenzo Antonio Portilla; el contralor estatal Ramón Tomás Alfonso Figuerola; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Pedro José María García Montañez; la presidenta del IVAI, Yolli García; el consejero de la judicatura del Poder Judicial, Andrés Cruz; y el fiscal especial para el combate a la corrupción, Marcos Even Torres. Todos ellos son parte de la estructura gubernamental estatal, de tal manera que generalmente acatan la línea y las indicaciones que salen desde Palacio de Gobierno; sin embargo, el Comité de Participación Ciudadana no se ha caracterizado por una actitud sumisa.

Esa rebeldía –si cabe el término–, propició que desde la Sefiplan emprendieran una especie de castigo presupuestal contra el Comité Ciudadano, cuyos integrantes llegaron al extremo de despachar en los cafés de la capital veracruzana, a falta de oficinas propias.

Al final, el tema del presupuesto fue resuelto, pero los miembros del Comité y su presidente sobre todo, fueron objeto de campañas de desprestigio orquestadas presuntamente desde el gobierno estatal.

Habría que comentar que el trabajo del Comité de Participación Ciudadana ha incluido acusaciones contra funcionarios de la Contraloría General del Estado por presuntos casos de extorsión, y anotaciones contra el IVAI debido a que a pesar del altísimo presupuesto que ejerce el Instituto, Veracruz ocupa los últimos lugares del país en el índice de transparencia.

¿Cuál ha sido la reacción del Poder Ejecutivo de Veracruz ante el trabajo y la autonomía del Comité Anticorrupción?, el bloqueo; la mayoría de las dependencias han colocado una barrera para impedir que el comité realice su función (sólo 9 dependencias, por ejemplo, permitieron la encuesta programada para conocer problemas de corrupción en la estructura del gobierno estatal); por otro lado, con campañas mediáticas buscan propiciar el descrédito.

La gota que derramó el vaso en esa mala relación tiene que ver con la denuncia presentada por el Comité Ciudadano ante la Legislatura del Estado; y la petición para revocar la aprobación de la Cuenta Pública 2017, dadas las irregularidades detectadas y la falta de concordancia entre la auditoría practicada por el ORFIS y lo que finalmente fue aprobado por la Comisión de Vigilancia a cuyo frente se encontraba el todavía diputado Juan Manuel de Unanue.

Por cierto, dicha denuncia ya fue ratificada y se espera que la actual legislatura reabra la Cuenta Pública, lo que tiene a varios funcionarios de gobierno y ex alcaldes veracruzanos mordiéndose las uñas y con el alma pendiendo de un hilo.